Las organizaciones de la sociedad civil venezolana tienen un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos, además los programas de asistencia humanitaria apoyan a miles de personas en situación de riesgo, en un contexto de emergencia humanitaria compleja: brindan atención médica, educación y medicinas en todo el país, incluidas zonas remotas abandonadas por el gobierno.

Diferentes organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro ofrecen alimentación gratuita o programas de subsidios para personas vulnerables; garantizan el acceso a medicamentos de alto costo a pacientes con enfermedades crónicas; investigan y publican cifras e información respecto a múltiples temas sobre los cuales el Estado hace silencio; brindan asistencia legal de calidad a personas detenidas de manera arbitraria, entre muchas otras labores que apoyan a personas y grupos en riesgo, en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja.

En los últimos años aumentó la persecución a organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales, y múltiples gremios civiles. Altos funcionarios de gobierno señalan a defensores de derechos humanos, hostigan a miembros de ONG y amenazan con cárcel a quienes se asocian para ofrecer ayuda a sectores vulnerables de la población; por ejemplo a médicos y enfermeras/os que demandan insumos para los hospitales, a sindicalistas que exigen condiciones laborales dignas o trabajadores que difunden información de interés público sobre empresas del Estado.

Por eso te invitamos a firmar esta carta, que será dirigida a la Defensoría del Pueblo como una exigencia ciudadana para el respeto del derecho a la libre asociación en Venezuela, que cese la persecución contra activistas por los derechos humanos y trabajadores humanitarios a través de acciones legales, declaraciones públicas de altos funcionarios, y señalamientos injustos contra quienes atienden las necesidades de los grupos vulnerables en nuestro país.

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Atención Alfredo Ruiz Angulo,

Defensor del Pueblo

Nosotros, los abajo firmantes, queremos hacer de su conocimiento nuestro rechazo contra la persecución a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, personas defensoras de derechos humanos y contra quienes ejercen legítimamente su derecho a la libre asociación en Venezuela para atender a grupos vulnerables en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja.

El Estado no cumple con sus obligaciones de protección y garantía de derechos básicos como la salud, la alimentación, y el acceso a la justicia; sin embargo persigue a las organizaciones y defensores de derechos humanos que exigen que se respeten y protejan los derechos humanos. Se criminaliza el financiamiento extranjero, aunque es parte del derecho humano a la asociación protegido por los pactos y tratados internacionales a los que está sujeta la Constitución Nacional.

Organizaciones de la sociedad civil registraron en el año 2020 más de 300 hechos que comprometieron la integridad y el trabajo de defensores de derechos humanos. Generalmente inician con señalamientos en medios públicos o dirigidos por el Gobierno, continúan con declaraciones de altos funcionarios; y se concretan con campañas de descrédito o acciones de las fuerzas de orden público contra quienes ofrecen asistencia o ayuda humanitaria en el país.

En el 2021 dos organizaciones fueron víctimas de allanamientos en sus sedes, limitando el trabajo de entrega de medicinas y artículos de salud a personas de bajos recursos. Durante el primer mes del año organizaciones registraron casi 100 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos.

El 12 de enero fueron detenidos cinco trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo, organización que tiene más de 10 años apoyando a personas con VIH y otros grupos vulnerables en regiones remotas del estado Zulia. Excarcelados con medidas cautelares casi un mes después, estos activistas son una muestra de la acción estatal contra quienes ayudan a otros, documentan violaciones de los derechos humanos en Venezuela y transmiten la información a los sistemas internacionales de protección.

Organismos internacionales se pronunciaron recientemente respecto a la persecución de personas defensoras en Venezuela. El 18 de febrero de 2021 expertos en derechos humanos de la ONU instaron a las autoridades venezolanas a “poner fin a los continuos y crecientes ataques e intimidaciones en contra de las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas”, y pidieron “que respeten y protejan la labor de la sociedad civil, incluyendo a las defensoras de los derechos humanos”. 

Además señalaron que el Gobierno venezolano ha adoptado normas que intensifican la presión contra las ONG y restringen su acceso a la financiación internacional, incluyendo recursos para atender la crisis humanitaria.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señalaron el 5 de febrero de 2021 que observaron “el incremento de señalamientos y discursos estigmatizantes, por parte de altas autoridades del Estado, en contra de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela” e incluso señalando a organizaciones como “instrumentos para desestabilizar a los pueblos”. Por estas y otras razones la CIDH y su RELE urgieron al Estado venezolano a “propiciar un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. 

El 22 de febrero de 2021 Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la situación venezolana en la 46° sesión del Consejo de DDHH de la ONU, en su discurso comentó que desde septiembre de 2020 su oficina documentó “al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición”.

Como ciudadanía, activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil exigimos

Que rechace públicamente: 

• La persecución contra organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales, y personas que defienden los derechos humanos.
• Las declaraciones de funcionarios de Gobierno y campañas de medios públicos que desprestigian a las ONG venezolanas.
• El uso de medidas judiciales y administrativas para amenazar, limitar y afectar la labor humanitaria de personas defensoras de derechos humanos. 
  
  Que públicamente abogue por:
• El respeto del derecho a la asociación en Venezuela, garantizado en el artículo 52 de la Constitución Nacional e incluido en Pactos y Tratados internacionales.
• El respeto y reconocimiento del financiamiento internacional como mecanismo legítimo para organizaciones de la sociedad civil.