En pocas palabras

Proponemos una medida sencilla, pero con un enorme impacto preventivo contra la corrupción, plenamente compatible con cualquier otra iniciativa. Sin embargo, es poco probable que esta reforma sea impulsada por ningún partido, puesto que a nadie le gusta "pagar los platos rotos", aunque sea lo justo.

La propuesta es clara: que los partidos políticos asuman por Ley la responsabilidad económica real derivada de los delitos cometidos por los cargos designados por ellos.

Esto significa que, siempre bajo resolución judicial, los ciudadanos puedan recuperar el dinero sustraído, cuando este sea fruto de la negligencia en la selección de candidatos o, sobre todo, de la falta de control sobre su actuación.

En España, hemos elegido una democracia basada en los partidos políticos, otorgándoles un poder enorme: legislar y gestionar los recursos de todos. Esta medida busca equilibrar el sistema, asignando responsabilidades reales en proporción al poder que les damos en las urnas.

Porque una gran autoridad sin responsabilidad real y efectiva conduce inevitablemente al abuso, siendo la corrupción su expresión más grave e intolerable para una sociedad justa.

1. Presentación del problema

En España, desde hace demasiado tiempo estamos asistiendo con impotencia a escándalos de corrupción política que terminan sin consecuencias reales. Cuando hay condenas, a menudo llegan años después, con penas leves o indultos concedidos por otros políticos —del mismo partido o incluso de la oposición—.

La ciudadanía percibe que algunas personas  acceden a la política con este propósito, y que su trayectoria en el partido y los cargos que ejercen son herramientas para lograr enriquecimiento personal. Los políticos tratan de convencer a la opinión pública de que se trata de casos excepcionales, pero actúan siempre a posteriori, cuando el mal está hecho, y no cambian nada sustancial orientado a prevenir nuevos casos que, por lo tanto, vuelven a producirse.

Los gobiernos y los partidos que los respaldan no compensan los perjuicios económicos de estos graves errores en la custodia del dinero de todos, y raramente asumen siquiera la responsabilidad política.

Estas situaciones no pueden subsanarse simplemente con declaraciones que nos resultarán familiares, tales como “estamos muy decepcionados”, “era un caso aislado”, “hemos actuado con contundencia, de forma ejemplar”, etc.  

En cualquier empresa privada, los administradores pueden ser responsables —incluso penalmente— por delitos cometidos por sus empleados. Pero en la política española, no hay responsabilidad civil para quien nombró al corrupto, le protegió o miró hacia otro lado mientras cometía el delito. La falta de celo en la selección de cargos y la ausencia de un control preventivo y sistemático de su actividad, abren la puerta a la corrupción y socavan la confianza en nuestras instituciones.

La Agencia Tributaria muestra un enorme celo en el control de nuestro dinero  -con toda razón, puesto que los impuestos son la base de un Estado igualitario - pero, al mismo tiempo, parece injusto e incoherente que se preste tan poca atención al control del fruto de ese esfuerzo, el dinero destinado a nuestros servicios públicos, que debería canalizarse mediante licitaciones limpias y honestas.

Las puertas abiertas a la corrupción alimentan una sensación alarmante: los políticos se protegen entre sí, y nadie protege a los ciudadanos.

2. La propuesta

Proponemos que los partidos políticos asuman responsabilidad civil subsidiaria en los casos en que sus cargos públicos o representantes sean condenados por corrupción.

¿Qué significa esto?: si una persona designada por un partido político para ejercer en su nombre un cargo comete un delito relacionado con la gestión del dinero público, el partido deberá responder económicamente ante la sociedad si ese dinero no se puede recuperar directamente del condenado.

Si estás de acuerdo en que los partidos deben asumir responsabilidades económicas reales, para garantizar que se implantan medidas preventivas eficaces contra la corrupción dentro de sus filas, firma y comparte esta petición.

Con presión ciudadana, podemos abrir el camino hacia una Iniciativa Legislativa Popular y cambiar las reglas del juego.  

3. ¿Por qué esta medida es especialmente eficaz contra la corrupción?

A través de la responsabilidad económica se introducirán incentivos reales para que los partidos políticos y, por delegación, los cargos municipales, autonómicos o estatales, seleccionen con rigor a sus candidatos y los controlen sistemáticamente durante el ejercicio de su actividad.

A pesar de su eficacia, es muy improbable que los partidos políticos impulsen este tipo de medidas por iniciativa propia, ninguno de ellos lo hará. Aunque su papel constitucional es canalizar los intereses y representación de los ciudadanos, debemos asumir que están integrados por personas, que preferirán seguir rasgándose las vestiduras cada vez que aparezca una nueva oveja negra en sus filas antes que asumir responsabilidades reales. Pero sin consecuencias legales de carácter económico, nada cambiará, y volveremos a lo mismo, con otros nombres, con otros colores…

Esta propuesta es transversal, no va dirigida contra nadie, sino a favor de todos, y es compatible con cualquier otra medida que se implemente, ya sea por iniciativa popular o de los propios partidos.

Esta medida no pretende ser una solución definitiva, pero sí un primer paso firme hacia el fin de la impunidad. 

4. Actuemos ahora

El momento de actuar es ahora, no podemos mantener más tiempo un sistema que no exige responsabilidades reales a los que reciben el mandato de los ciudadanos para gestionar el dinero de todos.

La situación actual no sólo favorece la corrupción, sino una sensación de impunidad sobre la misma y, en consecuencia, está cercenando la fe en las instituciones democráticas.