Estimada Sra. Juárez Peláez

Me dirijo a usted como profesional, paciente y usuaria de la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid y en nombre de todos los ciudadanos españoles. Quiero trasladarle mi malestar y mi queja en relación a las medidas que la Comunidad de Madrid está promoviendo y que precipitan definitivamente el detrimento de la calidad asistencial de su población.

A raíz de la extinción del servicio del Defensor del Paciente en diciembre de 2010 impuesto por el gobierno de la Sra. Aguirre, se nos ofrece la única opción de dirigir nuestras reclamaciones y quejas a su Dirección General. En detalle, tras el DECRETO 89/2010, DE 23 DE DICIEMBRE, en su artículo 26 se describe la extinción de la figura del Defensor del Paciente, atribuyéndose sus funciones a la Dirección General de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid: “Queda extinguido el Defensor del Paciente, órgano de la Administración Sanitaria creado y regulado por los artículos 36 a 39 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, integrándose el conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes de su extinción en la Consejería competente en materia de atención al paciente.”

Fueron funciones del Defensor del Paciente, y por lo tanto actualmente de su Dirección General de Atención al Paciente según el citado Decreto 89/2010, el gestionar las quejas, reclamaciones y sugerencias, en lo relativo a derechos y obligaciones de los pacientes, en concordancia con la Constitución, artículos 43 y 51, el intermediar en los conflictos que puedan afectar a los ciudadanos por el uso del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid, el recabar información sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios de dicha Comunidad, proponiendo mejoras en base al conocimiento de la realidad sanitaria madrileña, y la función consultiva, pudiendo evacuar informes sobre las cuestiones relacionadas con el ámbito de sus competencias. Aunque dicho servicio se encuentra inserto en el seno de la Administración de la Comunidad de Madrid, en su Consejería de Sanidad, se debe tratar de una unidad autónoma. Con objeto de preservar esa independencia y de garantizar el cumplimiento de sus cometidos se puede y debe poner en conocimiento del Consejero de Sanidad las incidencias que comporten resistencia, negativa u obstrucción al normal ejercicio de sus funciones.

Solicitamos, como pacientes y ciudadanos y en base a lo expuesto que su organismo se responsabilice de recibir y ejecutar a buen término las siguientes demandas:

1. Realice un estudio exhaustivo, independiente de los intereses políticos y económicos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y riguroso en su análisis de las ventajas y desventajas reales de la privatización de los centros de salud y hospitales de la Comunidad de Madrid, punto éste sugerido por la Ley 15/97. Dicha ley promueve la privatización total de los seis hospitales de modelo semiprivado que ya existían, el desmantelamiento de los hospitales de La Princesa y Carlos III, la privatización de todos los servicios no sanitarios (cocinas, lavanderías, almacenes y mantenimiento, etc.) de toda la red de hospitales públicos, así como la fusión de sus servicios sanitarios. También imponen la privatización de la gestión de 27 centros de atención primaria y la implantación del euro por receta. Como ciudadanos y pacientes exigimos que se justifiquen empírica y rigurosamente los beneficios que eso puede soportarme en un informe independiente, y que sea ofrecido a la población a modo de información. Sus atribuciones relacionadas con el fomento del desarrollo de la política de calidad total en el conjunto del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, con desarrollo e implantación de programas de calidad total y con promoción de planes de mejora continúa de la calidad en los centros sanitarios públicos o privados exigen su implicación en dicho estudio e informe.
2. Como parte de sus atribuciones relacionadas con la mejora del acceso de los ciudadanos a la información sobre los servicios y prestaciones sanitarias, solicitamos que se informe a la población de las medidas reales y objetivos de los planes de privatización de la sanidad pública de la Ley 15/97, de cuáles son a corto, medio y largo plazo los beneficios obtenidos para los pacientes y los profesionales de dicho servicio de salud pública y se tengan en cuenta los datos de acciones previas de privatización para contrastar y justificar sus resultados (tanto a nivel nacional como internacional con ejemplos de privatización en otros países).
3. Que actúe como mediador entre pacientes y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el procesamiento y resolución de las quejas de los ciudadanos y pacientes ante los atropellos sanitarios a los que se está sometiendo a la población de Madrid. Es responsabilidad de su Dirección la evaluación de las expectativas y percepciones de los ciudadanos, así como del nivel de satisfacción de los pacientes sobre la asistencia sanitaria. En los tiempos que estamos viviendo actualmente, es clara la insatisfacción tanto de usuarios como de ciudadanos e incluso de profesionales ante la gestión y legislación impuesta al servicio de salud pública, expresada a modo de manifestaciones, concentraciones, acciones sociales y civiles, huelgas de servicios y movilización ciudadana que no debe ser obviada por su organismo ni por las estancias de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Reivindicamos como ciudadanos, pacientes y profesionales los siguientes puntos que a continuación les trasladamos:

• Exigimos la derogación de la Ley 15/97 y retirada de todas las medidas que promueven y hacen posible la privatización y los recortes en la sanidad pública.
• Exigimos el desarrollo de unos servicios sanitarios 100% públicos, universales y de calidad, transparentes, dedicados no solo al tratamiento de la enfermedad sino a la prevención, educación sanitaria y a la salud pública.
• Exigimos la consulta previa y la negociación con los profesionales de la salud, la gestión hospitalaria y de centros de salud y especialidades, de cualquier cambio propuesto para la mejora de la calidad asistencial del Servicio de Salud. La reforma de cualquier aspecto ha de tener consenso y aceptación por parte de profesionales y usuarios antes de ser ejecutada.
• Exigimos la imposición de un sistema fiscal progresivo, justo y suficiente, lucha contra el fraude y eliminación de los paraísos fiscales, para contar con recursos que permitan el desarrollo de servicios públicos de calidad, suficientes y accesibles que den cobertura a las necesidades de toda la población, sin hacer discriminaciones por situación económica, social o laboral.
• Exigimos la anulación de la última reforma de la Constitución española (art. 135), que impone la priorización del pago de la deuda por delante de gastos e inversiones en los servicios básicos a la ciudadanía, como la sanidad, como medida de ayuda para optimizar la gestión económica de los servicios básicos a la población.

Damos por hecho que la Dirección General de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid de la que usted es Directora queda informada de nuestras reivindicaciones y se responsabiliza como organismo designado para ello según la legislación de nuestra comunidad autónoma de tomar las acciones necesarias para satisfacer las demandas de sus ciudadanos.

A la espera de recibir la información y resultados requeridos en la presente, reciba un cordial saludo,