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Al Ministro de Justicia Don Rafael Catalá Polo: Derogue YA la Ley de Tasas Judiciales

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Desde hace dos años el Ministerio de Justicia implantó e impulsó diversas leyes con el fin de evitar que los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas puedan acudir a los tribunales y, en consecuencia, defenderse de los abusos y arbitrariedades de los cuales son víctimas.

 

La entrada en vigor de la  Ley de Tasas Judiciales supuso la creación un sistema por el cual todos los ciudadanos que tengan que presentar una demanda en los órdenes civil, social o administrativo, y que no sean beneficiarios del derecho a la justicia gratuita, tengan que pagar unas desorbitadas cantidades para acceder a los tribunales. 

  

La Ley de Tasas coloca en la misma posición a un gran banco que a una PYME, y a un ciudadano de clase media que a las grandes fortunas de nuestro país. No se establecen diferencias en la tasas a pagar en función de la renta o de los ingresos del ciudadano. Peor aun es la situación en la que quedan los ciudadanos y empresas que tengan que enfrentarse a las administraciones públicas, las cuales no tienen que pagar tasa alguna por sus actuaciones judiciales, lo cual supone que los ciudadanos quedamos indefensos y en desventaja frente a los abusos y  arbitrariedades de las administraciones públicas.

 

La ley de Tasas Judiciales supone además un ataque a la tutela judicial efectiva que la Constitución Española reconoce en su artículo 24 a todos los ciudadanos.

 

En resumen, la Ley de Tasas Judiciales crea un país más injusto y desigual, beneficia a los poderosos frente a las clases medias y deja a los ciudadanos indefensos ante la totalidad de las administraciones públicas.

 

Por todo ello tenemos que lograr la derogación de la Ley de Tasas Judiciales. Firma ahora esta petición y ayúdame a conseguirlo.

 

Letter to
Gabinete Ministro Justicia
Ministro de Justicia A Don Rafael Catalá Polo (Ministro de Justicia)
Exijo la derogación de la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales, y del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, por su evidente inconstitucionalidad, al quebrar la misma el derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos conforme a los artículos 14 y 24 de la CE, creando ciudadanos de primera y segunda categoría en su acceso a la justicia.

Exijo igualmente la derogación de ambas leyes por qué fomentan la impunidad y arbitrariedad de los poderes públicos.