Decision Maker

Gustavo Menna

  • Diputado Nacional por Chubut

Abogado Patagónico. Esposo de Gabriela y papá de Mateo y Santiago. Docente universitario. Fana de San Lorenzo y Gimnasia (CR).


Does Gustavo Menna have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning poder judicial de la nacion, Luis Petri, María Luján Rey, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Alberto Fernandez, Gustavo Menna, Asociación Civil Madres del Dolor, Horacio Rodríguez Larreta, Gracie...

¡¡¡NO A LA SALIDA DE PRESOS!!!

No estoy en contra que se mejoren las cárceles, pero no que les den libertad a los presos. Si una persona que sale a la calle sin autorización la pueden demorar, ¿Por qué un delincuente que cometió un delito debe salir? Y pensemos esto... Casación está pidiendo que también salgan los que cometieron delitos federales (narcotráfico, delitos de lesa humanidad, evasión fiscal, contaminación ambiental, trata de personas, secuestros extorsivos, contrabando, delincuencia organizada, delitos contra la libertad de expresión, delitos en materia de derechos de autor y propiedad industrial, tráfico de piezas arqueológicas, delitos electorales, ley de marcas, falsificación de moneda, delitos contra la administración pública, lavados de activos de origen ilícito, entre otros) y digo también, porque están liberando a los violadores, asesinos, ladrones, que viven a pocas cuadras de los que fueron sus víctimas. No estoy de acuerdo la liberación de esta gente, está dicho que nadie va a poder controlarlos pq no hay suficiente cantidad de tobilleras electrónicas. ¿Y entonces?, los dejan libres para que no se contagien, pero como siempre los DDHH, no son tan humanos y se olvidan que somos muchos más los que padecemos robos, ahora no solo seremos víctimas de esta pandemia, sino que, además, también volvemos a ser víctimas de esta gente que se no tuvo problemas en robarte el sueldo en una salidera bancaria, en matar por 100 pesos, en golpear a un abuelo indefenso, en violar a su vecina de 13 años. Definitivamente creo que esta decisión es poner en riesgo a la sociedad. Un viejo riesgo, pero con libertad garantizada. ¿Por qué los DDHH humanos no proveen de jabón y más lavandina?, y que sigan en el lugar que esta gente eligió estar.  Yo tengo que vivir recluido para cuidar a mi gente, y ahora tendré que tener más cuidado cuando salga a comprar o pase por el cajero. No están pensado en nuestras familias y sobretodo en nuestros hijos. ¡Por Dios! qué futuro les estamos dejamos...

Pedmar Ar
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Petitioning María José Sanz, Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Honorable Camara de Senadores de la Nacion Argentina, Presidente de la Nación Argentina Mauricio Macri, Marcela Campagnoli, Al...

Ficha Limpia. Condenados por delitos de corrupción no pueden postular a cargos electivos.

                                              FICHA LIMPIA Esta petición tiene por objeto solicitar a los legisladores, nacionales y provinciales, la aprobación de una ley que impida que cualquier persona que tenga condena confirmada por otro tribunal superior pueda ser candidata a cargos de elección popular. Esta prohibición rige de pleno derecho a partir de la confirmación de la condena y no puede ser suspendida ni dejada sin efecto por otro tribunal, por recurso alguno ni por ninguna presentación judicial que se realice. La referida prohibición se debería mantener vigente hasta la revocación de la condena o el paso de ocho años a partir de la conclusión de la sentencia condenatoria; es decir, una vez cumplida la condena penal, se extiende la suspensión del derecho político de ser votado. Así, por ejemplo esta ley imposibilitaría que alguien que ha sido condenado en segunda instancia por actos de corrupción (*) sea candidato a Presidente de la Nación Argentina a menos que se hubiera revocado posteriormente la condena o bien hubiesen transcurrido ocho años desde la conclusión de la sentencia condenatoria.  Gastón Ignacio Marra   (*) Si bien la condena podría ser a raíz de cualquier tipo de delito de los considerados como DOLOSOS. Es decir, aquellos donde existió intención o voluntad de producir algún tipo de daño ya sea en la moral, bienes o personas. Excluye a los delitos culposos. Se recomienda incluir todas las causales de inelegibilidad de la Ley complementaria 135/2010 de Brasil. 

Gastón Ignacio Marra
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Petitioning Horacio Rodríguez Larreta, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, Camara de diputados, Gustavo Menna, María Luján Rey, Rocío Maciel

¡Prohibición URGENTE de los colectivos de dos pisos!

En la Argentina hay una subestimación sistemática de la cuestión del tránsito. Se precisan cambios URGENTES por parte la clase política para que no volvamos a ver las estremecedoras imágenes de lo sucedido en Lezama. Un paso para lograr concientización en la gente del problema del tránsito es exigir y lograr que dejen de existir los colectivos de dos pisos, un vehículo muy peligroso que sólo existe para que los empresarios del turismo puedan obtener mayores ganancias ignorando la seguridad del consumidor y de todo aquel que transita en la vía pública. En Estados Unidos ya los prohibieron, en Europa está prohibido que circulen a altas velocidades ¿Qué estamos esperando? Los colectivos de dos pisos no están bien, ¿por qué? Son peligrosos porque cuando circulan a altas velocidades está demostrado que empiezan a perder equilibrio, ante una maniobra difícil o con un chofer que no conduce en las mejores condiciones (ya que los choferes muchas veces son precarizados y flexibilizados), son propensos a volcar y pueden ocasionar un desastre como los que estamos acostumbrados a vivir, lamentablemente. La clase dirigencial decide no actuar debido a distintas razones; ¿Hay conflicto de intereses y por eso no hay una ley que los prohíba? Puede ser. Por un lado, probablemente haya incapacidad de los políticos y subestimación de la cuestión del tránsito, y por otro lado, hay empresarios que con tal de poder conseguir una mayor cantidad de pasajeros y abaratar costos recurren al colectivo de dos pisos, que se vuelve una solución para ellos. Éstos dos actores tienen mucho poder y uno influye sobre el otro para ignorar esta problemática. El problema consiste en minimizar o no darle importancia al PELIGRO que están ocasionando con decisiones de este estilo. Con esta campaña vamos a evitar que siga existiendo el colectivo de dos pisos en la Argentina haciendo que se trate la Ley de Prohibición del Colectivo de Dos Pisos en el Congreso de la Nación. Con dicha campaña vamos a lograr que la gente tome conciencia de la cuestión del tránsito en la Argentina y visibilizar cómo actúan diferentes actores sociales con mucho poder respecto a ello y así terminar con la subestimación sistemática del tránsito por parte de los políticos. Te pedimos tu firma y apoyo a la campaña para lograr nuestros objetivos. NO queremos que vuelvan a ocurrir tragedias como las del colegio Ecos en 2006 o como la de la última semana en Lezama, son ejemplos cientos de muertes debido al colectivo de dos pisos. NO queremos ver más niños muertos para que los empresarios obtengan mejores ganancias. Nos duele mucho ver cómo los padres de estas víctimas se comprometen a mejorar la seguridad vial, porque ellos se merecen estar disfrutando de sus hijos, así que para que esta situación no se repita te pedimos tu firma y apoyo a la campaña.

Pedro Marconi
81,659 supporters
¡¡¡NO A LA SALIDA DE PRESOS!!!

La liberación masiva de presos ha generado angustia e indignación en la sociedad argentina. Es cierto que son decisiones adoptadas por jueces, pero también es cierto que ello ha sido posible por un contexto propiciado por el gobierno nacional y el de la Provincia de Buenos Aires. Fueron funcionarios públicos los que comenzaron con la prédica de los “presos políticos” y las “detenciones irregulares”. Fueron funcionarios públicos los que hicieron presentaciones en causas judiciales solicitando la excarcelación o el beneficio de presión domiciliaria para ex funcionarios convictos de corrupción. Y como no podía ser de otra forma, ello llevó a sentar un precedente que, por invocación del principio de igualdad de trato ante la ley, generó que delincuentes condenados por otro tipo de hechos se sumaran al pedido. Lamentablemente, vastos sectores de la justicia están muy pendientes de la orientación política de los gobiernos para tomar sus decisiones. Necesitamos un Poder Judicial verdaderamente independiente y con coraje para tomar sus decisiones. Y que además observe el cumplimiento de la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos (ley 27.372) aprobada en junio de 2017. Más allá de su vigencia en el ámbito federal, muchas provincias han adherido a sus disposiciones o tienen normas propias que consagran estos derechos y que establecen que en cualquier decisión que se tome en el curso del proceso, como así también en la etapa de ejecución de una condena, debe garantizarse escuchar a la víctima. Por ello, el día 29 de abril de 2020 junto a los diputados Roxana Reyes y José Cano, acompañamos a la diputada Lorena Matzen en un pedido de informes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para requerir precisiones sobre esta cuestión, el cual tramita como Expte. n° 1681-D-2020 Gustavo Menna Diputado Nacional (Chubut – UCR) Vicepte. 1° de la Comisión de Asuntos Constitucionales

3 months ago
¡Prohibición URGENTE de los colectivos de dos pisos!

Hemos presentado un proyecto de ley a través del portal de leyes abiertas de la Cámara de Diputados de la Nación, vinculado a la regulación de los buses de doble piso, dando lugar a una modificación a la normativa en materia de seguridad vial, que recepte lo que constituye una innegable demanda ciudadana. El proyecto en cuestión estará disponible por treinta días en el portal de mención, https://leyesabiertas.hcdn.gob.ar/, lapso durante el cual los ciudadanos que así lo deseen podrán efectuar los comentarios, críticas, propuestas de enmiendas, supresiones o agregados a su texto, de forma tal de concretar luego de dicho plazo la presentación formal ante la mesa de entradas de la Cámara de Diputados. Como es de público conocimiento asistimos recientemente a tres siniestros protagonizados por ómnibus de larga distancia, como consecuencia de los cuales ha habido víctimas fatales y personas heridas. Me refiero a los casos ocurridos en las cercanías de Lezama y Vivoratá, en los meses de noviembre y diciembre de 2019, y al de Brandsen, acaecido en febrero de 2020. Desde luego –lamentablemente- no son los únicos hechos trágicos ocurridos con vehículos de este tipo. Desde fines de la década del ochenta en los países desarrollados los vehículos de doble piso son utilizados sólo para el transporte urbano –en algunas ciudades-, o para la prestación de servicios turísticos, exigiéndose armazones de seguridad más robustos para la protección de los pasajeros que, al añadir peso, acotan el riesgo de vuelco. Un informe del año 2007 de la Universidad Tecnológica Nacional que realiza un análisis sobre la seguridad de los vehículos de doble piso revela -aún en el marco de la falta de datos confiables en nuestro país al momento en que se realizó la investigación y a la incertidumbre en la elaboración del indicador-, que en base a estimaciones realizadas a partir de la composición de las flotas de líneas regulares, número de asientos disponibles de cada tipo de ómnibus, la relación pasajeros transportados/km totales recorridos y las cantidades de ocupantes fallecidos por cada clase de vehículo (convencional, piso y medio y doble piso), pudo establecerse que “el índice de peligrosidad de los ómnibus de Doble Piso es de 0,30 muertos cada 100 millones de pasajero-km, indicador que es casi el doble del obtenido en los ómnibus Convencionales (0,16)”. El proyecto de ley que nos ocupa plantea la prohibición de nuevas habilitaciones de vehículos de doble piso a partir del octavo día de la publicación de la ley en el Boletín Oficial. Esta prohibición es respetuosa del plazo de diez años que fija la Ley de Tránsito Nº 24.449 en relación a la antigüedad de los vehículos destinados al transporte de pasajeros en su artículo 53 inciso b), apartado 1, aunque expresamente requiere que ese plazo sea improrrogable. Lo que se pretende es contribuir a una transición racional, que sin afectar a las unidades actualmente habilitadas logre paulatinamente el reemplazo de aquellas que deben ser retiradas del servicio. En este sentido cabe citar que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte informa -aunque sin discriminar si se trata de vehículos de un piso, piso y medio o dos pisos-, que a 2018 el total de unidades afectadas al transporte interurbano era de 3.933 con una antigüedad promedio de 5,6 años, lo que implicaría que, de ser aprobado este proyecto en breve, quedarían al menos unos cuatro años como período de transición, lapso en el cual irá reduciéndose gradualmente la cantidad de unidades de doble piso, a cuyo término las mismas ya no circularán por nuestras rutas y cesará definitivamente ese factor de riesgo para los pasajeros, tripulación, terceros y la seguridad vial en general. Se prevé también la obligación de incluir una partida específica en las leyes de presupuesto anual de tres ejercicios, afectada a las adecuaciones que eventualmente deba realizar la industria carrocera argentina, teniendo en cuenta que el reemplazo de las unidades de larga distancia que se vayan retirando del servicio tendrán que serlo por unidades de un solo piso, y probablemente ello dé lugar a la necesidad de efectuar una reconversión en esa industria. Ponemos este proyecto a consideración ante los trágicos sucesos que se vienen sucediendo y que afectan la vida y la integridad física de las miles de personas que utilizan el servicio de transporte terrestre de pasajeros, para lo cual consideramos que se encuentran afectados derechos de rango constitucional, como lo son los vinculados a la protección a la salud y a la seguridad en la relación de consumo –en este caso como usuarios del servicio de transporte- tal como lo define y ampara el artículo 42 de la Constitución Nacional. Hacemos también mérito de que existe un reclamo social vasto y extendido, que incluso ha tomado cuerpo a través de peticiones en plataformas como www.change.org en la cual se demanda una respuesta en esta materia por parte de las autoridades públicas Esa respuesta no puede sino provenir del Congreso de la Nación ya que se trata de una materia regulada por ley y por lo tanto de su exclusiva competencia y atribución constitucional, la cual debe estar a la altura de la necesidad de adecuar una norma que tiene ya un cuarto de siglo de vigencia y que por ello mismo requiere de una actualización constante y acorde a la dinámica devenida de los cambios y evolución de la industria automotriz, en la infraestructura vial y en los estándares de seguridad en el transporte.

6 months ago
Prohibir los micros doble piso en Argentina

Hemos presentado un proyecto de ley a través del portal de leyes abiertas de la Cámara de Diputados de la Nación, vinculado a la regulación de los buses de doble piso, dando lugar a una modificación a la normativa en materia de seguridad vial, que recepte lo que constituye una innegable demanda ciudadana. El proyecto en cuestión estará disponible por treinta días en el portal de mención, https://leyesabiertas.hcdn.gob.ar/, lapso durante el cual los ciudadanos que así lo deseen podrán efectuar los comentarios, críticas, propuestas de enmiendas, supresiones o agregados a su texto, de forma tal de concretar luego de dicho plazo la presentación formal ante la mesa de entradas de la Cámara de Diputados. Como es de público conocimiento asistimos recientemente a tres siniestros protagonizados por ómnibus de larga distancia, como consecuencia de los cuales ha habido víctimas fatales y personas heridas. Me refiero a los casos ocurridos en las cercanías de Lezama y Vivoratá, en los meses de noviembre y diciembre de 2019, y al de Brandsen, acaecido en febrero de 2020. Desde luego –lamentablemente- no son los únicos hechos trágicos ocurridos con vehículos de este tipo. Desde fines de la década del ochenta en los países desarrollados los vehículos de doble piso son utilizados sólo para el transporte urbano –en algunas ciudades-, o para la prestación de servicios turísticos, exigiéndose armazones de seguridad más robustos para la protección de los pasajeros que, al añadir peso, acotan el riesgo de vuelco. Un informe del año 2007 de la Universidad Tecnológica Nacional que realiza un análisis sobre la seguridad de los vehículos de doble piso revela -aún en el marco de la falta de datos confiables en nuestro país al momento en que se realizó la investigación y a la incertidumbre en la elaboración del indicador-, que en base a estimaciones realizadas a partir de la composición de las flotas de líneas regulares, número de asientos disponibles de cada tipo de ómnibus, la relación pasajeros transportados/km totales recorridos y las cantidades de ocupantes fallecidos por cada clase de vehículo (convencional, piso y medio y doble piso), pudo establecerse que “el índice de peligrosidad de los ómnibus de Doble Piso es de 0,30 muertos cada 100 millones de pasajero-km, indicador que es casi el doble del obtenido en los ómnibus Convencionales (0,16)”. El proyecto de ley que nos ocupa plantea la prohibición de nuevas habilitaciones de vehículos de doble piso a partir del octavo día de la publicación de la ley en el Boletín Oficial. Esta prohibición es respetuosa del plazo de diez años que fija la Ley de Tránsito Nº 24.449 en relación a la antigüedad de los vehículos destinados al transporte de pasajeros en su artículo 53 inciso b), apartado 1, aunque expresamente requiere que ese plazo sea improrrogable. Lo que se pretende es contribuir a una transición racional, que sin afectar a las unidades actualmente habilitadas logre paulatinamente el reemplazo de aquellas que deben ser retiradas del servicio. En este sentido cabe citar que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte informa -aunque sin discriminar si se trata de vehículos de un piso, piso y medio o dos pisos-, que a 2018 el total de unidades afectadas al transporte interurbano era de 3.933 con una antigüedad promedio de 5,6 años, lo que implicaría que, de ser aprobado este proyecto en breve, quedarían al menos unos cuatro años como período de transición, lapso en el cual irá reduciéndose gradualmente la cantidad de unidades de doble piso, a cuyo término las mismas ya no circularán por nuestras rutas y cesará definitivamente ese factor de riesgo para los pasajeros, tripulación, terceros y la seguridad vial en general. Se prevé también la obligación de incluir una partida específica en las leyes de presupuesto anual de tres ejercicios, afectada a las adecuaciones que eventualmente deba realizar la industria carrocera argentina, teniendo en cuenta que el reemplazo de las unidades de larga distancia que se vayan retirando del servicio tendrán que serlo por unidades de un solo piso, y probablemente ello dé lugar a la necesidad de efectuar una reconversión en esa industria. Ponemos este proyecto a consideración ante los trágicos sucesos que se vienen sucediendo y que afectan la vida y la integridad física de las miles de personas que utilizan el servicio de transporte terrestre de pasajeros, para lo cual consideramos que se encuentran afectados derechos de rango constitucional, como lo son los vinculados a la protección a la salud y a la seguridad en la relación de consumo –en este caso como usuarios del servicio de transporte- tal como lo define y ampara el artículo 42 de la Constitución Nacional. Hacemos también mérito de que existe un reclamo social vasto y extendido, que incluso ha tomado cuerpo a través de peticiones en plataformas como www.change.org en la cual se demanda una respuesta en esta materia por parte de las autoridades públicas Esa respuesta no puede sino provenir del Congreso de la Nación ya que se trata de una materia regulada por ley y por lo tanto de su exclusiva competencia y atribución constitucional, la cual debe estar a la altura de la necesidad de adecuar una norma que tiene ya un cuarto de siglo de vigencia y que por ello mismo requiere de una actualización constante y acorde a la dinámica devenida de los cambios y evolución de la industria automotriz, en la infraestructura vial y en los estándares de seguridad en el transporte.

6 months ago
Ficha Limpia. Condenados por delitos de corrupción no pueden postular a cargos electivos.

Desde que asumí como diputado de la Nación no dudé en apoyar el proyecto de Ficha Limpia. Por eso mismo firmé el despacho de mayoría de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia el 6/8/2019 y firmé junto a otros diputados del Interbloque Cambiemos la convocatoria a sesión especial para el día 21/12/2019 con la finalidad de tratar el proyecto y evitar que, una vez más, perdiera estado parlamentario por caducidad. Lamentablemente no obtuvimos el quorum para sesionar, básicamente porque el bloque del FPV no concurrió a la sesión, bloqueando de esta manera una iniciativa que, al igual que con el precedente de Brasil, había obtenido un gran acompañamiento ciudadano reuniendo más de 311 mil firmas en esta plataforma participativa, a partir de trabajo incansable y comprometido de Gastón Marra y muchas ciudadanos más a los que tuvimos el gusto de recibir en el Congreso de la Nación. Estoy convencido que una persona con condena penal por delito doloso por hechos de corrupción, aún cuando la sentencia no se encuentre firme pero esté confirmada por un tribunal de segunda instancia, carece de la idoneidad exigida por el art. 16 CN para desempeñarse en un cargo electivo. Esa convicción no solo está basada en un razonamiento de elemental sentido común (nadie le confiaría la administración de sus bienes y patrimonio a una persona que no solo debe aclarar una imputación ante la Justicia sino que además ya ha recibido una condena después de un juicio oral y público con amplitud de debate, refutación y prueba), sino que además reconoce una apoyatura constitucional y en los tratados internacionales firmados por la República Argentina. El art. 36 CN de defensa del sistema democrático pone a los hechos de corrupción en el mismo plano de ataque al orden constitucional que a los golpes de Estado. Los arts. 53 y 66 CN considera la comisión de delitos una causal de remoción de presidente, vice, ministros, jueces y legisladores, respectivamente. Sobre este particular, dijo el maestro del derecho constitucional, Germán Bidart Campos, que la Constitución no quiere funcionarios en conflicto con la ley penal. El art. 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos considera, entre otras causales que inhabilitan la inhabilidad para competir electoralmente, a la condena penal emanada de un juez competente. En el mismo sentido, la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), aprobada por ley 24.759 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) aprobada por ley 26.097. Personalmente creo que la norma debería ir más allá, y directamente plantear la inhabilidad para otros tipos de delitos, en línea con la doctrina establecida por la Cámara Nacional Electoral en los precedentes “Partido Nuevo distrito Corrientes s/ Oficialización de listas de candidatos a senadores y diputados nacionales – elecciones del 23 de noviembre de 2003”, sent. del 9/12/2003 y “Acosta, Leonel Ignacio s/ impugnación precandidatos elecciones primarias – Frente Justicialista Riojano”, sent. del 7/8/2017. En ambos casos el tribunal consideró irrelevante la existencia de recursos pendientes, ya que no estamos hablando de la presunción de inocencia imperante en el sistema penal, sino de circunstancias que inhabilitan temporalmente el ejercicio del derecho político de ser elegido, con la finalidad de proteger el interés general de la sociedad de no tener en un cargo de representación a una persona condenada por un delito penal doloso. Ello no obstante, a los fines de lograr un consenso y poder emitir un dictamen, apoyé el proyecto más prudente que solo inhabilita a condenados por hechos de corrupción y con la condición de que esa condena tenga una confirmación en segunda instancia. Más allá de la frustración que implicó no reunir el quorum en la sesión del 21/11/2019, estoy convencido que hay que insistir con el proyecto de modo de poner las normas electorales a tono con el mandato constitucional de idoneidad para ocupar cargos públicos (art. 16 CN) y repudio de la corrupción (art. 36 CN) y sobre todo, con el claro mensaje ciudadano expresado en peticiones como esta que contesto. Más allá de la frustración que implica que un dictamen haya caducado por segunda vez, estamos obligados a seguir luchando por generar un trato igualitario de las personas ante la ley. No es posible que lo que inhabilita para ser empleado público no lo haga para ser diputado o senador. Asumo entonces el compromiso de presentar el correspondiente proyecto en el próximo año legislativo e impulsar su tratamiento.

8 months ago