El 11 de noviembre se volvió a aplazar la discusión y el tiempo se agota!

La ausencia de una Jurisdicción Especial Agraria y Rural afecta directamente a millones de personas que habitan y trabajan en el campo colombiano. Campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales y pequeños productores siguen sin un acceso real y efectivo a la justicia. Cuando se presentan disputas por la propiedad, uso o acceso a la tierra, deben acudir a jueces urbanos o a despachos que no cuentan con el conocimiento especializado ni con la sensibilidad necesaria para entender la realidad rural.

Esta falta de una justicia agraria ha dejado múltiples conflictos sin resolver: superposición de títulos, ocupaciones históricas sin formalizar, conflictos por el uso del suelo rural, o afectaciones a territorios colectivos. La falta de una jurisdicción especializada ha sido uno de los mayores vacíos institucionales del país. Sin ella, el campesinado —reconocido por la Constitución y la jurisprudencia como sujeto de especial protección— continúa sin un juez que entienda su cultura productiva, su relación con la tierra y su papel en la seguridad alimentaria y la paz territorial. No tenerla significa mantener la desigualdad rural, la inseguridad jurídica sobre la tierra y la desprotección de quienes sostienen al país desde el campo.

Con la aprobación del proyecto de Ley “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural” (Proyecto de Ley 398/24 Cámara) está en juego nada menos que la justicia, la equidad y la paz en el campo colombiano. Es una obligación derivada de la Constitución y del Acuerdo Final de Paz de 2016. 

No se trata solo de un cambio institucional, sino de una transformación profunda en la manera como el Estado se relaciona con el mundo rural. Con esta jurisdicción, los campesinos y comunidades rurales podrán acudir a jueces especializados que comprendan las particularidades del territorio, los usos tradicionales del suelo, la importancia de la producción campesina y los derechos de las mujeres rurales. Además, una justicia agraria efectiva permitirá reducir los conflictos que alimentan la violencia y el desplazamiento forzado, mejorar la seguridad jurídica para la inversión rural, y garantizar una gestión más sostenible de los recursos naturales.

La Cámara de Representantes tiene en sus manos el proyecto de ley que crea y regula la Jurisdicción Especial Agraria y Rural, pero aún no lo ha sometido a votación. Cada mes de aplazamiento significa más campesinos sin títulos, más conflictos sin resolver, más mujeres rurales sin acceso a justicia y más comunidades desprotegidas frente a intereses económicos o ambientales en sus territorios. Colombia no puede seguir aplazando una deuda histórica con el campo. El mandato constitucional existe, el Acuerdo de Paz lo exige, los proyectos técnicos están elaborados y el país necesita una justicia especializada para cumplir con los derechos a la tierra, a la producción y a la vida digna en el campo. No hay excusas para seguir postergando la discusión y aprobación definitiva de la Jurisdicción Agraria.

Por favor sigamos trabajando por ampliar al apoyo a la jurisdicción agraria.

 ¡LA JUSTICIA AGRARIA ES LA JUSTICIA DE LA PAZ!