El Pacto Mundial para las Migraciones (GCM) de las Naciones Unidas es el pacto mundial para una inmigración "segura, ordenada y regular", que cumple con la Declaración de Nueva York sobre los migrantes de 2016.

La firma del pacto se espera en la próxima cumbre de la ONU del 10 -11 de diciembre en Marruecos.

Este pacto de la Organización de las Naciones Unidas vería a Europa abriendo sus fronteras al mundo, intensificando la crisis de los migrantes.

Esto supondría un aumento adicional en el flujo migratorio hacia España.

La realidad de este pacto es que legitimará y alentará la inmigración económica ilegal masiva, que se agregaría a los cientos de millones de inmigrantes ilegales que existen en el mundo y sería equivalente a un "pacto de fronteras abiertas".

Además, el pacto también va a alentar a las naciones a abrir sus sistemas de bienestar.

Esto haría que los ingresos fiscales de la salud, educación, e infraestructuras entre otras cosas se desviaran para pagar el "bienestar" de los inmigrantes ilegales. 

El pacto también fue instado por los grandes bancos y compañías a crear un flujo interminable de recursos humanos al servicio de sus planes para el expansionismo global a expensas del estado y la soberanía nacional.

El pacto es antidemocrático en el sentido de que el representante de cada país asume el poder de decidir sin ningún mandato democrático o consulta con los ciudadanos de aquellos países que apoyarán la pérdida de soberanía e identidad a través del aumento de los flujos migratorios.

El pacto tiene un enfoque totalitario de cualquier oposición a él, alentando a la nación a crear leyes contra el derecho fundamental de la libertad de expresión.

Las siguientes citas del pacto revelan claramente esto:

"Estamos comprometidos a eliminar todas las formas de discriminación y contrapresión".

"Implementar o mantener legislación que penalice los delitos de odio".

"Promover la comunicación de medios independiente, objetiva y de calidad, incluida la información basada en Internet".

Aunque el pacto no es legalmente vinculante, una vez que una nación lo firme, naturalmente comenzará a implementar sus reglas.

Pedimos al actual presidente de España Pedro Sánchez y al ministro del Interior, , que salgan del Pacto Mundial para las Migraciones de las Naciones Unidas, como ya hicieron Austria, Polonia, Hungría y los Estados Unidos.