Un día observas que en el yacimiento que tienes en la Escritura de tu vivienda como lindero con un apercibimiento de “conservar” han entrado maquinas para echar tierra y sepultar. Pides a la administración de la Copropiedad actas que justifiquen la obra y te ignoran. Vas a Policia Local y solo te toman nota de tu identidad y de lo que dicen ellos que dices, y se van. La Policia Nacional te dicen que en materia de Patrimonio no tiene competencias, y que vayas a la Policia Autonómica. En la Autonómica te escuchan pero no mueven un dedo, una otra y otra vez. Hasta que coges de guardia a un inspector que te pide que por escrito hagas denuncia y aportes documentación. Éste lo envía todo a Fiscalía. Los intentos con Seprona de la Guardia Civil fueron catastróficos, ya que las denuncias y documentación que implicaban a funcionarios del Ayuntamiento fueron derivadas a la Policia local que depende del mismo. De este modo al ciudadano que presenta una denuncia por posible delito contra el Patrimonio se le torea: la andromaquia de una a la otra potestad. Los delitos de guante blanco son los más sucios. Se basan en la fragmentación de poderes y potestades, y en la gran capacidad de forzar apariencias de buen derecho por los actores. En esta cultura donde procesionan el alcalde, la concejal, el jefe de la policía y el secretario de estado: no van a ponerse en un brete cuando hay denuncia que les implique. Al denunciante se le torea en un sarcástico ruedo de “andromaquia”. En las sociedades pequeñitas las relaciones de poder son concupiscentes y promiscuas. Si eres gitano y te mercas una chicharra para buscar metales, si te pilla el Seprona te requisa la máquina, lo que hayas pillado y el canastillo con tapadera con los caracoles que hubiera recogido en el campo para no dar el viaje por perdido. De ahí a la gobernadora civil que le impondrá una sanción administrativa, si no es citado como delito contra el Patrimonio por un juez de lo penal. Pero si es un promotor urbanístico o empresa que realiza servicios de obras para una Administración que destruye un santuario y esquilma las piezas no habrá denuncias, al contrario un informe del arqueólogo inventará datos, quitará importancia al hallazgo y no habrá conocimiento de delito alguno. Las tres policías que intervienen dependen de autoridades políticas de una manera fáctica que les impide ser independientes en su labor: ya que o esperan favores o temen arbitrariedades éstos funcionarios de uniforme. Si hay denuncia e interviene la policia judicial llegará tarde y en su informe de actuación no habrá nada relevante para que el Fiscal de Medio Ambiente pueda tomar iniciativa alguna. La fragmentación de las intervenciones favorecen los delitos contra el Patrimonio Cultural. El delito en vías judiciales se fragmenta en sus caras: administrativa, social, civil y penal.