Al contrario que los arquitectos los arqueólogos carecen de Colegio propio, y son un colectivo disperso que depende de otros para ejercer su trabajo, sin que corporativamente nada les regule. Por lo que dependen mucho del favor de unos pocos que a su antojo disponen de lo que hay o no hay que proteger. La vulnerabilidad laboral de este colectivo les hace ser especialmente maleables: más cuando dependen de los promotores para hacer su trabajo. En Andalucia no existe un cuerpo de arqueólogos al Servicio de la Administración para llevar a cabo con independencia la salvaguarda y protección de lo descubierto. Según el arqueólogo Narciso Zafra De la Torre, esta es la causa de la situación arqueológica, tal como aclarara en la conferencia de abril de 2017 en Hotel Contestable sobre la Atlántida: el yacimiento de Marroquíes Bajos fue el mayor descubrimiento arqueológico en el peor momento y lugar. O al menos es así como a mí se me ha relatado. Desde entonces Narciso Zafra ha desaparecido de toda intervención pública, ni su presencia pudo ser constatada en la inauguración del Museo Ibero de Jaén. Ocupando los lugares de mayor relevancia dos catedráticos de la Universidad miembros de un colectivo en que hay arqueólogos que han cobrado por inducir a la sepultura del yacimiento H4 de la ZAMB. Los delitos de guante blanco son los más sucios. Se basan en la fragmentación de poderes y potestades, y en la gran capacidad de forzar apariencias de buen derecho por los actores. En esta cultura donde procesionan el alcalde, la concejal, el jefe de la policía y el secretario de estado: no van a ponerse en un brete cuando hay denuncia que les implique. Al denunciante se le torea en un sarcástico ruedo de “andromaquia”. En las sociedades pequeñitas las relaciones de poder son concupiscentes y promiscuas. Si eres gitano y te mercas una chicharra para buscar metales, si te pilla el Seprona te requisa la máquina, lo que hayas pillado y el canastillo con tapadera con los caracoles que hubiera recogido en el campo para no dar el viaje por perdido. De ahí a la gobernadora civil que le impondrá una sanción administrativa, si no es citado como delito contra el Patrimonio por un juez de lo penal. Pero si es un promotor urbanístico o empresa que realiza servicios de obras para una Administración que destruye un santuario y esquilma las piezas no habrá denuncias, al contrario un informe del arqueólogo inventará datos, quitará importancia al hallazgo y no habrá conocimiento de delito alguno. Las tres policías que intervienen dependen de autoridades políticas de una manera fáctica que les impide ser independientes en su labor: ya que o esperan favores o temen arbitrariedades éstos funcionarios de uniforme. Si hay denuncia e interviene la policia judicial llegará tarde y en su informe de actuación no habrá nada relevante para que el Fiscal de Medio Ambiente pueda tomar iniciativa alguna. La fragmentación de las intervenciones favorecen los delitos contra el Patrimonio Cultural. El delito en vías judiciales se fragmenta en sus caras: administrativa, social, civil y penal.