Las vacunas que el Gobierno argentino dice haber adquirido para comenzar su aplicación en los próximos meses no cuentan con el tiempo necesario de investigación clínica para demostrar sus posibles efectos adversos. 

Por tal motivo exigimos que sean todos los Políticos con cargos ejecutivos y legislativos los primeros en aplicarse las, dosis que se prescriban. 

Los ciudadanos firmantes sólo accederemos a nuestra vacunación y la de nuestros hijos menores luego de 60 días de comprobarse fehacientemente, por médicos neutrales y exposición pública, que no han tenido efecto adverso alguno. 

Del mismo modo, manifestamos nuestra total decisión de acceso o no a la vacunación, de acuerdo a las normas legales nacionales e internacionales vigentes.