#TiempoJustoParaLaDislexia: por una evaluación que mida conocimiento, no velocidad
#TiempoJustoParaLaDislexia: por una evaluación que mida conocimiento, no velocidad
La causa
Desde los territorios del Caribe Colombiano, al sur del viento y la esperanza.
Soy Reiner Yesid López Charris, educador, investigador y activista por la inclusión.
Durante años he trabajado junto a docentes, familias y estudiantes que enfrentan la dislexia sin las herramientas ni el apoyo que merecen.
Desde mi rol como gestor y fundador del proyecto DLEXI – Inclusión Educativa, he acompañado historias que revelan una verdad dolorosa: en Colombia, muchos niños y jóvenes con dislexia aprenden a convivir con la frustración de ser evaluados en condiciones que no reflejan sus verdaderas capacidades.
He visto el esfuerzo de estudiantes que leen con valentía, de madres que luchan por una cita o un diagnóstico, y de docentes que buscan alternativas con pocos recursos.
He escuchado a jóvenes decir:
“No me fue mal por no saber, sino porque no tuve tiempo suficiente para leer y responder.”
Esa frase se convirtió en mi punto de partida para actuar.
Porque el tiempo, ese recurso invisible, se ha convertido en una barrera silenciosa que define oportunidades, becas y futuros.
Desde DLEXI, hemos sensibilizado y formado comunidades educativas en distintos territorios, pero el problema persiste a nivel estructural: el sistema nacional de evaluación sigue sin reconocer automáticamente el tiempo adicional como un derecho para los estudiantes con dislexia.
Por eso decidí alzar la voz y convertir esta demanda en una causa colectiva.
Esta petición no busca privilegios, sino justicia.
Queremos que los exámenes en Colombia midan conocimiento, no velocidad; comprensión, no rapidez.
Queremos que cada estudiante tenga el tiempo que necesita para demostrar lo que sabe.
La causa
Como educador, investigador y activista por la inclusión, he visto de cerca las barreras invisibles que enfrentan los estudiantes con dislexia en Colombia.
A diario, cientos de jóvenes leen más despacio, procesan la información con esfuerzo y, aun así, deben demostrar —una y otra vez— su derecho a un apoyo que debería ser automático: el tiempo adicional en los exámenes.
En nuestro país, la dislexia está reconocida por la Ley 2216 de 2022, pero esa ley aún no se ha traducido en medidas reales dentro de las pruebas nacionales.
Mientras tanto, los estudiantes con dislexia viven sus evaluaciones —incluidas las Pruebas Saber e ICFES— con un reloj que no mide su inteligencia, sino su velocidad lectora.
He acompañado a familias, docentes y comunidades rurales y urbanas en este proceso.
He escuchado a estudiantes decir con frustración:
“No alcancé a terminar, no porque no supiera, sino porque no tuve tiempo suficiente para leer y responder.”
Esa frase se repite en cada región del país: desde Bogotá hasta La Guajira, desde el Atlántico hasta el Magdalena.
El sistema los evalúa bajo los mismos tiempos, aunque no bajo las mismas condiciones.
Cada examen se convierte en una carrera contra el reloj que no reconoce la diversidad de los modos de aprender ni de leer.
El contexto
En Colombia, el tiempo adicional en los exámenes no se concede automáticamente a los estudiantes con dislexia, a pesar de estar reconocida como una condición específica del aprendizaje en la Ley 2216 de 2022.
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), mediante la Resolución 675 de 2019, reglamentó los ajustes razonables en los exámenes de Estado para personas con discapacidad.
Sin embargo, no menciona de forma explícita la dislexia ni establece la concesión automática del tiempo adicional, dejando a miles de estudiantes en una zona gris normativa.
Esta omisión genera una brecha operativa que obliga a las familias a iniciar procesos individuales de solicitud ante el ICFES, sustentados con diagnósticos neuropsicológicos o clínicos, certificados institucionales y formatos de justificación.
Estos trámites suelen ser extensos, desiguales entre regiones y, en muchos casos, no garantizan una respuesta oportuna, especialmente para estudiantes de zonas rurales o con limitada conectividad.
De acuerdo con la respuesta oficial emitida por el Ministerio de Educación Nacional (Radicado 2025-EE-116441, mayo de 2025) a una consulta elevada por nuestro movimiento DLEXI – Inclusión Educativa, el MEN reconoció que si bien el marco jurídico de inclusión es amplio (Ley 1618 de 2013 y Decreto 1421 de 2017), no existe una reglamentación específica que establezca ajustes razonables en las pruebas Saber para estudiantes con dislexia.
Esto confirma que el acceso al tiempo adicional depende hoy de la interpretación administrativa, y no de un derecho garantizado.
El resultado es un escenario de desigualdad estructural: los estudiantes con dislexia son evaluados bajo condiciones de tiempo diseñadas para lectores neurotípicos, lo que distorsiona su desempeño y vulnera el principio de equidad educativa establecido en el artículo 67 de la Constitución Política.
Como señala la Corte Constitucional en la Sentencia T-171 de 2025, los ajustes razonables deben aplicarse a todas las condiciones que limiten el aprendizaje, incluidos los trastornos específicos del aprendizaje como la dislexia, al ser parte del derecho fundamental a la educación inclusiva.
En contraste, países que ya han avanzado en políticas de equidad educativa han implementado medidas claras y automáticas:
En España, la Orden ECD/65/2015 garantiza tiempo adicional, lectura adaptada y evaluaciones sin penalización ortográfica.
En Reino Unido, el Joint Council for Qualifications (JCQ, 2023) concede automáticamente hasta un 25% de tiempo extra a estudiantes con diagnóstico de dislexia.
En Australia, la Disability Discrimination Act (1992) y las Disability Standards for Education (2005) establecen la obligatoriedad del tiempo adicional como requisito de equidad.
La experiencia comparada demuestra que el tiempo adicional no es un privilegio, sino un ajuste razonable esencial para garantizar igualdad de condiciones.
Negarlo o condicionarlo al trámite individual contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 24), ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, que exige asegurar el acceso equitativo y sin discriminación en todos los niveles educativos.
En suma, el vacío regulatorio actual del ICFES y del MEN convierte un derecho en un privilegio condicionado, dejando a las familias y a los estudiantes con dislexia en un ciclo de espera, desigualdad y frustración.
La inclusión no puede depender de la velocidad de un trámite ni de la lectura de un reloj.
El respaldo legal
Colombia ya cuenta con un marco jurídico sólido que respalda esta medida:
Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) — promueve la igualdad de oportunidades.
Ley 1618 de 2013 — garantiza los ajustes razonables como deber del Estado.
Decreto 1421 de 2017 — reglamenta la educación inclusiva y obliga a implementar Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR).
Ley 2216 de 2022 (Ley de Dislexia) — reconoce la dislexia como condición específica del aprendizaje.
Sentencia T-171 de 2025 (Corte Constitucional) — ordena aplicar ajustes razonables a los trastornos específicos del aprendizaje.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 24) — garantiza la educación inclusiva y equitativa para todos.
Este marco legal ya legitima la medida. Solo falta voluntad institucional para implementarla de manera automática.
El panorama actual
En Bogotá, la Secretaría de Educación Distrital ha avanzado en la implementación de los PIAR, reconociendo la variable “tiempo” como parte de los ajustes razonables.
Sin embargo, esta práctica no se ha estandarizado a nivel nacional.
En departamentos como Magdalena, Atlántico y La Guajira, existen rutas de inclusión, pero el acceso al tiempo adicional sigue dependiendo de la voluntad institucional o del conocimiento del directivo de turno.
El ICFES ofrece formatos para solicitar ajustes razonables, pero este proceso no garantiza resultados uniformes y crea brechas territoriales y sociales, afectando especialmente a estudiantes de zonas rurales y comunidades vulnerables.
Colombia ya tiene la legislación, los diagnósticos y las herramientas.
Lo que falta es coherencia y voluntad política para hacer que el tiempo adicional sea un derecho efectivo y universal.
Lo que pedimos
Que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el ICFES reconozcan de manera automática el tiempo adicional de lectura y respuesta en los exámenes nacionales y locales para estudiantes con dislexia.
Que se actualice la Resolución 675 de 2019 del ICFES para incluir expresamente la dislexia dentro de los casos con derecho a tiempo adicional.
Que se cree una Mesa Técnica Nacional para los Ajustes Razonables en Evaluación, integrada por actores públicos, académicos y sociales con competencia directa en educación inclusiva, evaluación y neurodiversidad.
Esta mesa deberá definir los criterios técnicos, pedagógicos y éticos para garantizar el tiempo adicional automático y otros apoyos específicos para estudiantes con dislexia y dificultades específicas del aprendizaje.
Los actores propuestos para su integración son:
· Ministerio de Educación Nacional (MEN): Dirección de Calidad de la Educación Preescolar, Básica y Media, y la Subdirección de Inclusión y Equidad Educativa, encargadas de orientar la política pública en materia de educación inclusiva.
· Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES): Dirección de Evaluación, responsable de la reglamentación de los ajustes razonables en las pruebas Saber.
· Ministerio de Salud y Protección Social: Dirección de Promoción y Prevención, para armonizar la definición clínica y educativa de la dislexia dentro del marco de salud pública y neurodesarrollo.
· Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Subdirección de Niñez y Adolescencia, para garantizar enfoque de derechos en el proceso evaluativo.
· Organizaciones especializadas: participación de DLEXI – Inclusión Educativa, DISFAM Colombia, y otras redes ciudadanas de activismo y acompañamiento a familias de estudiantes con dislexia.
· Academia: universidades y grupos de investigación especializados en educación inclusiva, psicopedagogía, neuroeducación y evaluación educativa (como la Universidad Nacional, Universidad del Norte, Universidad del Valle y la Fundación Universitaria del Área Andina, la Universidad de la sabana).
· Docentes y directivos docentes: representantes de instituciones educativas públicas y privadas con experiencia en PIAR y en estrategias de evaluación inclusiva.
· Familias y asociaciones de padres: delegados de comunidades educativas que vivan directamente la realidad de la dislexia en el entorno escolar.
· Expertos técnicos: neuropsicólogos, psicopedagogos, diseñadores de pruebas y especialistas en políticas públicas educativas.
La Mesa Técnica Nacional tendría como propósito producir, en un plazo máximo de seis meses, una propuesta de reglamentación nacional que:
1. Defina estándares de aplicación del tiempo adicional.
2. Establezca mecanismos de verificación y acompañamiento institucional.
3. Oriente la formación docente y la adecuación de los instrumentos de evaluación.
4. Proponga la inclusión explícita de la dislexia en la normativa del ICFES y en los Sistemas Institucionales de Evaluación (SIEE).
Que las Secretarías de Educación Departamentales y Distritales incorporen este ajuste dentro de los Sistemas Institucionales de Evaluación (SIEE) y los PIAR de sus instituciones educativas.
Por qué es urgente
Negar tiempo adicional a un estudiante con dislexia no es un trámite, es una injusticia.
Las evaluaciones con límite de tiempo penalizan su forma de procesar la información, afectando su autoconcepto, autoestima y oportunidades de acceso a la educación superior.
El tiempo adicional no da ventaja, equilibra la cancha. Permite que el estudiante demuestre su verdadero conocimiento, sin que la velocidad lectora determine su futuro académico.
La educación inclusiva se demuestra en los detalles, y el tiempo es uno de ellos.
Nuestra petición
Hacemos un llamado al Ministerio de Educación Nacional, al ICFES, y a las Secretarías de Educación del país para que garanticen el tiempo justo en las evaluaciones de todos los estudiantes con dislexia.
Queremos un país donde los exámenes midan conocimiento, no velocidad;
donde la inclusión no sea discurso, sino práctica.
Firma esta petición y súmate a la causa.
Tu voz puede abrir tiempo, esperanza y justicia para miles de estudiantes en todo el territorio colombiano.
Reiner Yesid López Charris
Gestor y Fundador del proyecto DLEXI – Inclusión Educativa
Docente, investigador y activista por la inclusión y la neurodiversidad
Maicao – La Guajira | Colombia
Con el respaldo de: DLEXI – Educación e Inclusión
Referencias clave
Decreto 1421 de 2017 – Educación inclusiva
Ley 2216 de 2022 – Ley de Dislexia
Resolución ICFES 675 de 2019 – Ajustes razonables
Sentencia T-171 de 2025 – Corte Constitucional
Consulta oficial DLEXI al MEN (Radicado 2025-EE-116441)
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La causa
Desde los territorios del Caribe Colombiano, al sur del viento y la esperanza.
Soy Reiner Yesid López Charris, educador, investigador y activista por la inclusión.
Durante años he trabajado junto a docentes, familias y estudiantes que enfrentan la dislexia sin las herramientas ni el apoyo que merecen.
Desde mi rol como gestor y fundador del proyecto DLEXI – Inclusión Educativa, he acompañado historias que revelan una verdad dolorosa: en Colombia, muchos niños y jóvenes con dislexia aprenden a convivir con la frustración de ser evaluados en condiciones que no reflejan sus verdaderas capacidades.
He visto el esfuerzo de estudiantes que leen con valentía, de madres que luchan por una cita o un diagnóstico, y de docentes que buscan alternativas con pocos recursos.
He escuchado a jóvenes decir:
“No me fue mal por no saber, sino porque no tuve tiempo suficiente para leer y responder.”
Esa frase se convirtió en mi punto de partida para actuar.
Porque el tiempo, ese recurso invisible, se ha convertido en una barrera silenciosa que define oportunidades, becas y futuros.
Desde DLEXI, hemos sensibilizado y formado comunidades educativas en distintos territorios, pero el problema persiste a nivel estructural: el sistema nacional de evaluación sigue sin reconocer automáticamente el tiempo adicional como un derecho para los estudiantes con dislexia.
Por eso decidí alzar la voz y convertir esta demanda en una causa colectiva.
Esta petición no busca privilegios, sino justicia.
Queremos que los exámenes en Colombia midan conocimiento, no velocidad; comprensión, no rapidez.
Queremos que cada estudiante tenga el tiempo que necesita para demostrar lo que sabe.
La causa
Como educador, investigador y activista por la inclusión, he visto de cerca las barreras invisibles que enfrentan los estudiantes con dislexia en Colombia.
A diario, cientos de jóvenes leen más despacio, procesan la información con esfuerzo y, aun así, deben demostrar —una y otra vez— su derecho a un apoyo que debería ser automático: el tiempo adicional en los exámenes.
En nuestro país, la dislexia está reconocida por la Ley 2216 de 2022, pero esa ley aún no se ha traducido en medidas reales dentro de las pruebas nacionales.
Mientras tanto, los estudiantes con dislexia viven sus evaluaciones —incluidas las Pruebas Saber e ICFES— con un reloj que no mide su inteligencia, sino su velocidad lectora.
He acompañado a familias, docentes y comunidades rurales y urbanas en este proceso.
He escuchado a estudiantes decir con frustración:
“No alcancé a terminar, no porque no supiera, sino porque no tuve tiempo suficiente para leer y responder.”
Esa frase se repite en cada región del país: desde Bogotá hasta La Guajira, desde el Atlántico hasta el Magdalena.
El sistema los evalúa bajo los mismos tiempos, aunque no bajo las mismas condiciones.
Cada examen se convierte en una carrera contra el reloj que no reconoce la diversidad de los modos de aprender ni de leer.
El contexto
En Colombia, el tiempo adicional en los exámenes no se concede automáticamente a los estudiantes con dislexia, a pesar de estar reconocida como una condición específica del aprendizaje en la Ley 2216 de 2022.
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), mediante la Resolución 675 de 2019, reglamentó los ajustes razonables en los exámenes de Estado para personas con discapacidad.
Sin embargo, no menciona de forma explícita la dislexia ni establece la concesión automática del tiempo adicional, dejando a miles de estudiantes en una zona gris normativa.
Esta omisión genera una brecha operativa que obliga a las familias a iniciar procesos individuales de solicitud ante el ICFES, sustentados con diagnósticos neuropsicológicos o clínicos, certificados institucionales y formatos de justificación.
Estos trámites suelen ser extensos, desiguales entre regiones y, en muchos casos, no garantizan una respuesta oportuna, especialmente para estudiantes de zonas rurales o con limitada conectividad.
De acuerdo con la respuesta oficial emitida por el Ministerio de Educación Nacional (Radicado 2025-EE-116441, mayo de 2025) a una consulta elevada por nuestro movimiento DLEXI – Inclusión Educativa, el MEN reconoció que si bien el marco jurídico de inclusión es amplio (Ley 1618 de 2013 y Decreto 1421 de 2017), no existe una reglamentación específica que establezca ajustes razonables en las pruebas Saber para estudiantes con dislexia.
Esto confirma que el acceso al tiempo adicional depende hoy de la interpretación administrativa, y no de un derecho garantizado.
El resultado es un escenario de desigualdad estructural: los estudiantes con dislexia son evaluados bajo condiciones de tiempo diseñadas para lectores neurotípicos, lo que distorsiona su desempeño y vulnera el principio de equidad educativa establecido en el artículo 67 de la Constitución Política.
Como señala la Corte Constitucional en la Sentencia T-171 de 2025, los ajustes razonables deben aplicarse a todas las condiciones que limiten el aprendizaje, incluidos los trastornos específicos del aprendizaje como la dislexia, al ser parte del derecho fundamental a la educación inclusiva.
En contraste, países que ya han avanzado en políticas de equidad educativa han implementado medidas claras y automáticas:
En España, la Orden ECD/65/2015 garantiza tiempo adicional, lectura adaptada y evaluaciones sin penalización ortográfica.
En Reino Unido, el Joint Council for Qualifications (JCQ, 2023) concede automáticamente hasta un 25% de tiempo extra a estudiantes con diagnóstico de dislexia.
En Australia, la Disability Discrimination Act (1992) y las Disability Standards for Education (2005) establecen la obligatoriedad del tiempo adicional como requisito de equidad.
La experiencia comparada demuestra que el tiempo adicional no es un privilegio, sino un ajuste razonable esencial para garantizar igualdad de condiciones.
Negarlo o condicionarlo al trámite individual contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 24), ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, que exige asegurar el acceso equitativo y sin discriminación en todos los niveles educativos.
En suma, el vacío regulatorio actual del ICFES y del MEN convierte un derecho en un privilegio condicionado, dejando a las familias y a los estudiantes con dislexia en un ciclo de espera, desigualdad y frustración.
La inclusión no puede depender de la velocidad de un trámite ni de la lectura de un reloj.
El respaldo legal
Colombia ya cuenta con un marco jurídico sólido que respalda esta medida:
Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) — promueve la igualdad de oportunidades.
Ley 1618 de 2013 — garantiza los ajustes razonables como deber del Estado.
Decreto 1421 de 2017 — reglamenta la educación inclusiva y obliga a implementar Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR).
Ley 2216 de 2022 (Ley de Dislexia) — reconoce la dislexia como condición específica del aprendizaje.
Sentencia T-171 de 2025 (Corte Constitucional) — ordena aplicar ajustes razonables a los trastornos específicos del aprendizaje.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 24) — garantiza la educación inclusiva y equitativa para todos.
Este marco legal ya legitima la medida. Solo falta voluntad institucional para implementarla de manera automática.
El panorama actual
En Bogotá, la Secretaría de Educación Distrital ha avanzado en la implementación de los PIAR, reconociendo la variable “tiempo” como parte de los ajustes razonables.
Sin embargo, esta práctica no se ha estandarizado a nivel nacional.
En departamentos como Magdalena, Atlántico y La Guajira, existen rutas de inclusión, pero el acceso al tiempo adicional sigue dependiendo de la voluntad institucional o del conocimiento del directivo de turno.
El ICFES ofrece formatos para solicitar ajustes razonables, pero este proceso no garantiza resultados uniformes y crea brechas territoriales y sociales, afectando especialmente a estudiantes de zonas rurales y comunidades vulnerables.
Colombia ya tiene la legislación, los diagnósticos y las herramientas.
Lo que falta es coherencia y voluntad política para hacer que el tiempo adicional sea un derecho efectivo y universal.
Lo que pedimos
Que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el ICFES reconozcan de manera automática el tiempo adicional de lectura y respuesta en los exámenes nacionales y locales para estudiantes con dislexia.
Que se actualice la Resolución 675 de 2019 del ICFES para incluir expresamente la dislexia dentro de los casos con derecho a tiempo adicional.
Que se cree una Mesa Técnica Nacional para los Ajustes Razonables en Evaluación, integrada por actores públicos, académicos y sociales con competencia directa en educación inclusiva, evaluación y neurodiversidad.
Esta mesa deberá definir los criterios técnicos, pedagógicos y éticos para garantizar el tiempo adicional automático y otros apoyos específicos para estudiantes con dislexia y dificultades específicas del aprendizaje.
Los actores propuestos para su integración son:
· Ministerio de Educación Nacional (MEN): Dirección de Calidad de la Educación Preescolar, Básica y Media, y la Subdirección de Inclusión y Equidad Educativa, encargadas de orientar la política pública en materia de educación inclusiva.
· Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES): Dirección de Evaluación, responsable de la reglamentación de los ajustes razonables en las pruebas Saber.
· Ministerio de Salud y Protección Social: Dirección de Promoción y Prevención, para armonizar la definición clínica y educativa de la dislexia dentro del marco de salud pública y neurodesarrollo.
· Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Subdirección de Niñez y Adolescencia, para garantizar enfoque de derechos en el proceso evaluativo.
· Organizaciones especializadas: participación de DLEXI – Inclusión Educativa, DISFAM Colombia, y otras redes ciudadanas de activismo y acompañamiento a familias de estudiantes con dislexia.
· Academia: universidades y grupos de investigación especializados en educación inclusiva, psicopedagogía, neuroeducación y evaluación educativa (como la Universidad Nacional, Universidad del Norte, Universidad del Valle y la Fundación Universitaria del Área Andina, la Universidad de la sabana).
· Docentes y directivos docentes: representantes de instituciones educativas públicas y privadas con experiencia en PIAR y en estrategias de evaluación inclusiva.
· Familias y asociaciones de padres: delegados de comunidades educativas que vivan directamente la realidad de la dislexia en el entorno escolar.
· Expertos técnicos: neuropsicólogos, psicopedagogos, diseñadores de pruebas y especialistas en políticas públicas educativas.
La Mesa Técnica Nacional tendría como propósito producir, en un plazo máximo de seis meses, una propuesta de reglamentación nacional que:
1. Defina estándares de aplicación del tiempo adicional.
2. Establezca mecanismos de verificación y acompañamiento institucional.
3. Oriente la formación docente y la adecuación de los instrumentos de evaluación.
4. Proponga la inclusión explícita de la dislexia en la normativa del ICFES y en los Sistemas Institucionales de Evaluación (SIEE).
Que las Secretarías de Educación Departamentales y Distritales incorporen este ajuste dentro de los Sistemas Institucionales de Evaluación (SIEE) y los PIAR de sus instituciones educativas.
Por qué es urgente
Negar tiempo adicional a un estudiante con dislexia no es un trámite, es una injusticia.
Las evaluaciones con límite de tiempo penalizan su forma de procesar la información, afectando su autoconcepto, autoestima y oportunidades de acceso a la educación superior.
El tiempo adicional no da ventaja, equilibra la cancha. Permite que el estudiante demuestre su verdadero conocimiento, sin que la velocidad lectora determine su futuro académico.
La educación inclusiva se demuestra en los detalles, y el tiempo es uno de ellos.
Nuestra petición
Hacemos un llamado al Ministerio de Educación Nacional, al ICFES, y a las Secretarías de Educación del país para que garanticen el tiempo justo en las evaluaciones de todos los estudiantes con dislexia.
Queremos un país donde los exámenes midan conocimiento, no velocidad;
donde la inclusión no sea discurso, sino práctica.
Firma esta petición y súmate a la causa.
Tu voz puede abrir tiempo, esperanza y justicia para miles de estudiantes en todo el territorio colombiano.
Reiner Yesid López Charris
Gestor y Fundador del proyecto DLEXI – Inclusión Educativa
Docente, investigador y activista por la inclusión y la neurodiversidad
Maicao – La Guajira | Colombia
Con el respaldo de: DLEXI – Educación e Inclusión
Referencias clave
Decreto 1421 de 2017 – Educación inclusiva
Ley 2216 de 2022 – Ley de Dislexia
Resolución ICFES 675 de 2019 – Ajustes razonables
Sentencia T-171 de 2025 – Corte Constitucional
Consulta oficial DLEXI al MEN (Radicado 2025-EE-116441)
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Petición creada en 9 de noviembre de 2025