Victoria

Suspendan la condena de 6 meses de prisión a Adrián Moreno por usar sin permiso una bicicleta de Sevici hace 7 años

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No podemos dejar de manifestar públicamente nuestro absoluto rechazo de la decisión del Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla por la que se deniega la suspensión de la condena de seis meses de prisión impuesta a Adrián Manuel Moreno por el hurto de una bicicleta del servicio municipal Sevici.

Se trata de una decisión injusta que se enfrenta manifiestamente al mandato del art. 25.2 de la Constitución que dispone que las penas privativas de libertad “estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social”.

Cuando las leyes procesales permiten a los jueces negar la suspensión de penas breves de privación de libertad no están otorgándoles un poder discrecional que puedan usar de manera arbitraria, sino una facultad que debe ejercerse en el ámbito de los mandatos constitucionales, no en su contra como ha sucedido en esta ocasión.

Efectivamente, de las circunstancias del asunto se desprende que Adrián Manuel Moreno cometió el delito hace ya siete años, cuando tenía 18 años de edad. En la actualidad se encuentra completamente rehabilitado: a pesar de las duras condiciones sociales de precariedad en que ha transcurrido su vida en estos momentos tiene trabajo en un restaurante y es el único sustento de sus dos hijos (uno de ellos recién nacido) y de su mujer.

El delito cometido tuvo escasa entidad: se limitó a usar una bicicleta que se encontraba abandonada en la calle para acercarse a su domicilio, siendo interceptado por las fuerzas de orden público en ese mismo trayecto.

Del mismo modo, el órgano judicial tuvo en consideración dos delitos anteriores, absolutamente menores y cometidos cuando era menor de edad. Se trata de una aplicación del derecho tan formalista como rigorista, ajena a lo que debe ser la auténtica función judicial, guiada por el principio de proporcionalidad y el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

Por todo ello, los firmantes:

  • Rechazamos públicamente la resolución que deniega la suspensión de la pena privativa de libertad;
  • Instamos al órgano judicial a reconsiderar su decisión y dictar otra que resulte conforme con el mandato de resocialización impuesto por la Constitución;
  • Pedimos a las autoridades de Sevilla y Andalucía que tomen todas las iniciativas a su alcance para apoyar la suspensión de la condena y el indulto por el delito de hurto;
  • Denunciamos la dureza innecesaria de decisiones judiciales discrecionales que resultan excesivamente rigoristas cuando se aplican a los ciudadanos más desfavorecidos. Cuando se trata de aplicarlas a personas de nivel económico alto o con influencia política y económica ese rigor se convierte en suavidad y consideración, de modo que con decisiones como ésta no cabe duda de que la ley no es igual para tod@s.


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