La IA, su desarrollo e implementación no es necesaria ni inevitable, es una elección tomada por gobiernos y corporaciones, y su despliegue se está llevando a cabo a una velocidad que una sociedad no puede absorber sin fracturarse.

No hablamos de una innovación más. Hablamos de un salto de escala, de un cambio civilizatorio: automatización de decisiones, sustitución de tareas intelectuales, reordenación y destrucción del trabajo, mediación de la educación, del cuidado y del acceso a servicios, vigilancia algorítmica, conversión de la Naturaleza en infraestructura viva del sistema. Y lo más grave: se está haciendo sin un mandato democrático claro, sin evaluación de impacto suficiente y sin mecanismos de control ciudadano acordes al alcance de la transformación.

La democracia no puede funcionar como un trámite posterior. No puede legislar cuando el hecho ya se ha convertido en norma.

Por eso exigimos una medida inmediata y nítida: una moratoria democrática a la expansión de la IA en ámbitos de alto impacto, hasta que existan garantías jurídicas, sociales y ambientales verificables y sometidas a deliberación pública.

El fundamento constitucional existe. El artículo 18.4 de la Constitución Española establece que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 
Si la ley debe limitar la informática para garantizar derechos, con más razón debe limitar hoy las formas de computación que multiplican captura de datos, automatización de decisiones y dependencia estructural. La expansión de la IA no puede presentarse como destino: es una decisión política, y como tal debe estar sometida a control democrático.

Esta petición se articula desde el Derecho a la Desconexión Tecno-Digital: el derecho efectivo a limitar, suspender o excluir la intervención del entorno tecno-digital en la vida, sin sufrir perjuicios por ello. 
Si la conexión se convierte en condición para estudiar, trabajar, curarse, comunicarse o acceder a trámites, si la IA se integra en teléfonos, tablets, ordenadores, y su mediación se convierte en inevitable en las aulas, los trabajos, hospitales y sistemas de vigilancia, ya no hay libertad: hay obligación. Y donde hay obligación tecnológica, debe haber derecho a la desconexión con garantías reales.

Exigimos

1) Moratoria inmediata del despliegue expansivo de IA 
Hasta que exista un marco legal específico, evaluado y debatido públicamente, se debe suspender la implantación y ampliación de IA en:

educación (especialmente en etapas obligatorias),
sanidad (triaje, diagnóstico y gestión automatizada con efectos sobre personas),
justicia y administración (decisiones o recomendaciones que afecten derechos),
empleo (selección, evaluación y control algorítmico),
vigilancia, biometría y cualquier forma de perfilado con efectos significativos.

2) Consultas públicas previas, informadas y trazables
La ciudadanía debe poder participar antes de que se adopten decisiones difíciles o imposibles de revertir. La participación en políticas e infraestructuras tecno-digitales con impacto colectivo no puede ser decorativa: debe ser estructural. 
Queremos deliberación pública real y comprensible, no políticas de hechos consumados.

3) Auditorías de impacto antropo-ecológico antes de cualquier despliegue
La evaluación debe incluir de forma conjunta derechos fundamentales, salud mental, trabajo, infancia, desigualdad y dimensión ambiental (energía, agua, materiales, territorio). El despliegue tecno-digital debe estar sometido a evaluación y control democrático, y debe poder suspenderse si es incompatible con derechos o entorno.

4) Reconocimiento legal expreso del Derecho a la Desconexión Tecno-Digital
Que se reconozca y desarrolle normativamente un derecho general a la desconexión tecno-digital entendido como la facultad de limitar, suspender o excluir la intervención del entorno tecno-digital en la vida de las personas, de manera temporal o permanente, sin sufrir perjuicios en el ejercicio de otros derechos ni en el acceso a oportunidades básicas. Incluyendo entre otros el Derecho efectivo a alternativas humanas y no automatizadas en servicios esenciales

No pedimos un gesto simbólico. Pedimos un freno democrático: una sociedad tiene derecho a decidir el ritmo y los límites de una transformación que afecta a su estructura laboral, educativa, política y vital. La tecnología no puede gobernar por velocidad.

Firma esta petición para exigir moratoria, consultas públicas y Derecho a la Desconexión Tecno-Digital.