Las familias del Centro de Educación Infantil Virgen Inmaculada (Granada) presentamos esta queja y petición a la Junta de Andalucía por el traslado del profesorado y la falta de personal a mitad del curso escolar.

Esto vulnera el interés superior del/de la niñx como Principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación (principio 7 Declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, 1959).

Todo ello en base a los siguientes hechos y consideraciones:

• Primera. En este centro, está previsto el traslado en pleno curso escolar de tres trabajadoras, tutoras de referencia de sus respectivas clases. Así como, el hecho de que, en las próximas semanas quedarán cuatro puestos vacantes y dos personas se jubilarán, en total, seis puestos sobre los que la Administración aún no ha dado certidumbre sobre cuándo y cómo serán cubiertos.
• Segunda. La actual gestión pública de estos traslados vulnera el mencionado interés superior del niño y de la niña en la medida en que les priva de una figura educativa de referencia segura y estable en el tiempo, afectando a niños y niñas de edad muy temprana, algunos con solo un año, en períodos de desarrollo extremadamente sensibles a cambios bruscos en sus figuras de referencia. Estas alteraciones tienen efectos perjudiciales en la salud mental de los menores que se ven sometidos a una interrupción repentina y brusca de su vínculo
  de apego con sus tutoras, sin contar con ningún tipo de cuidada transición entre ambas figuras. Esto es someter a los y las menores a un estrés totalmente innecesario, evitable y contraproducente a su ajuste personal y social en el entorno escolar, que se observa en resistencia a acudir al centro escolar, rechazo a acceder y permanecer en el aula, negación a ingerir alimentos, alteración de sus ciclos de sueño, alteración del estado de ánimo, etc. Nos parece que estas circunstancias se agravan en los casos de menores que tienen algún tipo de necesidad específica personal y/o familiar y cuyo grado de vulnerabilidad es aún mayor.
• Tercera. Los traslados y los puestos que quedarán vacantes nos privan a los padres y madres de los niños y las niñas de unas tutoras con quienes tenemos vínculos significativos y que hacen conjuntamente con nosotros un seguimiento de la evolución y el normal desarrollo de nuestros hijos e hijas, en los que la estabilidad temporal es fundamental. 
• Cuarta. Estas decisiones se han tomado de manera totalmente excluyente para las familias que formamos parte de la comunidad educativa, a quienes no se nos ha preguntado ni se nos ha hecho participar en forma alguna de este proceso. No hemos sido informadas de manera oficial ni formal de esta decisión por parte de los organismos de la administración que la adopta y la ejecuta, ni tampoco con el tiempo suficiente para llevar a cabo las actuaciones pertinentes por nuestra parte en términos de queja y reclamación. Hemos tenido noticia de estos traslados de manera informal y, contando días hábiles, con menos de un mes de antelación a que se hagan efectivos. Por todo lo anterior, nos parece que ha habido una intención deliberada por parte de la Administración pertinente de minimizar, incluso de acallar cualquier ápice de disconformidad por parte de las familias y, por tanto, cualquier intento de mantener a las trabajadoras en sus puestos de trabajo hasta finalizar el curso.

Nos encontramos ante una situación de obvia indefensión administrativa. Nos indignamos profundamente ante este trato intolerable por parte de la Administración hacia las personas, a las que supuestamente, está a su servicio, siendo los primeros perjudicados, los y las menores.

Valoramos de manera firme y contundente que esta situación obedece a cuestiones estrictamente administrativas que dependen de decisiones políticas. 

Por todo lo expuesto anteriormente, pedimos que inste, seria y vehementemente, a los responsables políticos para que reconsideren:

1. La revocación del efecto de estos traslados en este curso escolar. Demandamos que dichos traslados sean coincidentes con el natural cierre de este curso 2022/2023 y que, en todo caso, se hagan efectivos al comenzar el curso 2023/2024.
2. La anulación de que ningún puesto quede vacante en los meses que quedan de curso escolar y permanencia en ellos de las actuales trabajadoras.
3. Que la Administración cubra las plazas inmediatamente de las personas que dejen su puesto de trabajo por fin de contrato, traslado, jubilación o por cualquier otra circunstancia.
4. Que la Delegación de Educación en Granada asuma la gestión de los recursos humanos de estos centros públicos educativos y que dejen de ser competencia de Función Pública (Ministerio de Hacienda), por su gestión disfuncional que genera perjuicio y menoscabo en los derechos de los y las menores y por la naturaleza educativa del propio asunto.

Somos numerosas las familias afectadas y haremos llegar esta queja y petición tanto al Defensor del Pueblo Español, al Defensor del Pueblo Andaluz, como de manera más específica a la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, así como al Defensor de la ciudadanía en Granada y la Delegación de Educación en Granada.

Te pedimos a ti, madre, padre, director/a de centro educativo, tutor/a, profesor/a, abuelo/abuela, tío/tía, sobrino/sobrina,... . Te pedimos que te unas a nuestra causa para que esta situación no se repita por el bien de nuestros hijos/hijas y del personal docente y administrativo que gestiona los centros de educación infantil de la Junta de Andalucía. 

¡FIRMA Y ÚNETE A NUESTRA CAUSA!