El pasado 20 de octubre del 2023, el gobierno panameño ratificó el proyecto de Ley 1100  de concesión minera. Este proyecto de Ley representa un contrato entre el gobierno panameño y la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), el cual delinea nuevos términos para continuar su operación de la mina Cobre Panamá, ubicada a 120 kilómetros de Ciudad de Panamá. Esta es la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica, dedicando 12,955.1 hectáreas a su operación. Cobre Panamá empezó producción comercial en 2019 y está proyectada a poder extraer más de 300.000 toneladas de cobre al año, sin contar otros minerales, a beneficio de FQM y al deterioro del patrimonio panameño. La operación continuada de esta mina no sólo se trata de la explotación de nuestros recursos minerales, también condena a 12,955.1 hectáreas de selva tropical, presenta una amenaza a la salud de la ciudadanía panameña, y peligra la sustentabilidad de las aguas del Canal de Panamá.

 Este contrato fue ratificado 4 días después de ser presentado a la Asamblea Nacional, con 47 votos a favor, 6 en contra, y dos abstenciones. Ha sido vergonzosamente descrito por medios oficiales como el “más consultado en la era republicana del país”. El pueblo panameño reconoce esta descripción como un insulto a nuestra democracia. Un espacio de consulta para una versión previa del contrato fue abierto entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre del 2023, tras el cuál la Comisión de Comercio recomendó retirarlo para atender consideraciones presentadas por la ciudadanía. Las consideraciones presentadas incluían preocupación por el futuro de la soberanía, salud, y sustentabilidad de nuestro país. Si bien este contrato fue “consultado”, las supuestas modificaciones al contrato aprobado no atienden de manera satisfactoria a las preocupaciones presentadas por el pueblo panameño durante el periodo de consulta. La posición de la ciudadanía es simple: rechazamos toda minería a cielo abierto en nuestro país. Panamá vale más sin minería. 

Lo siguiente es un hecho reconocido por las miles de personas que se han levantado a protestar en contra de la concesión desde que fue presentada a la Asamblea Nacional: al aprobar la concesión minera, el gobierno corrupto bajo el mandato del presidente Laurentino Cortizo vendió el futuro de nuestro país. 

Aquí recalcamos, brevemente, algunos de los daños implicados por la concesión minera: 

 Daños a la Soberanía

La concesión permite a First Quantum Minerals establecer un enclave minero sobre suelo panameño por 40 años. La Minera podrá construir y operar todas las facilidades que sean necesarias para su operación, incluyendo facilidades portuarias, de comunicación, y generación de energía. La minera también podra construir facilidades de hospedaje, negocios, y más en áreas fuera de la concesión y beneficiarse de las ganancias que estas producen. La concesión le otorga a FQM derecho a operar la mina por 20 años, con la opción de extenderla por 20 años más sin cambiar las condiciones del contrato. Esta extensión está básicamente garantizada, pues podrá ser otorgada incluso si la minera no cumple con sus requisitos a los panameños. 

 Daños Ambientales

La operación continua de Cobre Panamá representa la pérdida de 12,955.1 hectáreas de selva tropical en el Corredor Biológico Mesoamericano. Esta pérdida fragmentaría el corredor, poniendo en grave peligro al tercer HotSpot de biodiversidad más grande del mundo. Sería una gran pérdida a la lucha ambiental global, precisamente en un momento crítico para el futuro de nuestra biósfera. Cobre Panamá, según la concesión, seguirá en operación por al menos 20 años más. Los daños de la minera, por deforestación, degradación de los suelos y contaminación por metales pesados se quedarían con nosotros por muchas décadas más. 

Estos daños ambientales también ponen en riesgo la salud de la ciudadanía panameña. En años recientes se ha visto un incremento en casos de insuficiencia renal en adultos y niños que viven en proximidad de la mina. Esto no es una coincidencia. El efecto adverso a la salud causado por la exposición a metales pesados está ampliamente documentado. La extracción, limpieza y refinamiento de minerales resultan en este tipo de contaminación a gran escala, incluso cuando se implementan las mejores tecnologías de prevención disponibles. Todas estas actividades se llevarán a cabo en el área de uso de la concesión, contaminando los suelos, las aguas, y el aire con metales pesados altamente tóxicos. Toca recalcar que el impacto ambiental no estará limitado al área de la concesionaria, ya que las aguas contaminadas seguirán su trayectoria por el territorio y los metales pesados se acumularán en materia orgánica. Esto afectaría la salud de los suelos, fauna, flora, y población en áreas más allá de los límites de la mina. 

 Daños a la Sustentabilidad del Canal de Panamá

El Canal de Panamá es un pilar esencial para la prosperidad de nuestro país, sin mencionar su importancia para el mercado global. Los daños ambientales causados por la mina ponen en riesgo la sustentabilidad del Canal, que depende de las aguas provenientes de los bosques en la Cuenca del Canal y sus alrededores para su funcionamiento. Los daños ambientales de la mina, en manera de deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación, deterioro de los suelos, y agotamiento de aguas, pone en riesgo la resiliencia a largo plazo de éstos bosques. Panamá es un país canalero, no minero. 

 Respuesta Ciudadana

Por estas y más razones, la ciudadanía panameña se ha unido en protesta contra este contrato. Así ejercemos nuestro justo derecho a velar por el futuro de nuestro país, ante la traición cometida por todos aquellos que contribuyeron a la concepción y ratificación de este contrato. Consta decir que no sólo protestamos en contra de la concesión, sino también en indignación hacia el gobierno corrupto de Laurentino Cortizo. Nosotros ejercemos nuestro derecho a la protesta ya que ellos han fallado en su deber de velar por la prosperidad del país y representar dignamente a la ciudadanía. Nos unimos a demandar la protección de nuestro futuro, la restauración de nuestra democracia, y el fin a la minería en suelo panameño. 

La respuesta del gobierno a nuestras demandas ha sido, lamentablemente, la esperada. Las manifestaciones han sido reprimidas por la Policía Nacional, en violación de todas las normas de control de masas. Un fotógrafo y activista perdió un ojo tras un encuentro con la Policía Nacional; se han lanzado bombas de gas lacrimógeno expiradas y rocas a manifestantes, se han detenido manifestantes sin justificación alguna, entre otras fallas. Esto representa otro insulto de parte del estado: la represión, injustificada, de nuestro justo derecho a la libertad de expresión y protesta. 

Ante los hechos grabados en esta carta, pedimos a la comunidad internacional su solidaridad y atención a los hechos que se desenvuelven en nuestro país. Pedimos su atención en manera de demandar que nuestro gobierno atienda de manera adecuada a sus responsabilidades en respetar nuestros derechos a la protesta y representar dignamente nuestras voces. Pedimos que se investigue el proceso de ratificación por corrupción, que nuestros gobernantes no salgan indemnes por vender a nuestro país. También pedimos su cooperación en mantener a FQM responsable por sus actividades, ya que consta recalcar que amenazaron con demandar a nuestro estado por 100 mil millones de dólares si el contrato no era ratificado. Llamamos a que se investiguen sus actividades por faltas en su supuesto compromiso con la sostenibilidad ambiental, negociaciones a puerta cerrada, coimas, etc., y se demande transparencia en sus actividades y procesos. Pedimos solidaridad internacional mientras que abogamos por frenar la minería en nuestro país, y así proteger no sólo nuestro futuro, sino nuestra continua contribución al bienestar global. 

English Translation

On the 20th of October of 2023 the government of Panama passed Bill 1100, a contract between the Panamanian Government and Canadian First Quantum Minerals (FQM) granting FQM an updated concession for their continued operation of the mine Cobre Panamá. Cobre Panamá, located 120 kilometers away from Panama’s capital, is the largest open-pit mine in Central America: it dedicates 12,955.1 hectares to its operation. Cobre Panamá began commercial production in 2019 and is projected to extract more than 300.000 tons of copper per year, as well as other minerals, to the benefit of FQM and the deterioration of Panama’s heritage. The continued operation of the mine entails not only the exploitation of our natural resources, but also condemns 12,955.1 hectares of tropical rainforest, threatens the health of thousands who reside in our country, and endangers the sustainability of the Panama Canal’s waters.

This contract was approved a mere 4 days after being presented to our National Assembly, with 47 votes in favor, 6 against, and two abstentions. It has been shamefully described by official media as the “most consulted (bill) in our country’s republican era”. The people of Panama recognize this description as an insult to our democracy. A public comment period for a previous version of this contract was open between the 28th of August and the 7th of September of 2023, after which the Commerce Commission recommended that it be removed in order to attend considerations presented during the comment period. These considerations voiced public worries over the future of our country’s sovereignty, sustainability, and health. It may well be that the bill passed on the 20th of October was “consulted”, but the supposed modifications to the bill do not satisfactorily attend to the worries presented by the Panamanian public. Our position is simple: we reject all open-pit mining in our country. Panama’s value does not lie in mining. 

The following is a fact recognized by the tens of thousands who have stood up to protest this concession since its presentation to our National Assembly: by passing this bill, the corrupt government led by president Laurentino Cortizo sold our country’s future.

Here we briefly outline some of the damages that this mining concession implies:

           Damages to Sovereignty

The concession gives First Quantum Minerals permission to establish a mining enclave on Panamanian soil for the next 40 years. The concession allows FQM to build and operate all the facilities that they deem necessary for its operation, including ports, communication facilities, and energy plants. They are also permitted to build housing and other amenities (such as shopping malls, offices, food courts, etc.) in areas outside of the concession, with absolute economic control over such facilities. It grants FQM the right to operate the mine for 20 years, with the option to extend this period for 20 more years without changing the contract’s conditions. This extension is essentially guaranteed, since it can be granted even if the mining company does not adhere to its side of the contract.

           Environmental Damages

The continued operation of Cobre Panamá represents the loss of 12,955.1 hectares of tropical rainforest in the Mesoamerican Biological Corridor. This loss will fragment the corridor, placing the world’s third largest biodiversity hotspot in danger. This would be a great loss for the global environmental cause, coming precisely at a critical moment for the future of our biosphere. Cobre Panamá, according to the concession, will continue to operate for at least 20 more years. The damages it will cause, by deforestation, soil degradation, and heavy metal pollution will stay with us long after the mine ceases its operation.

These environmental damages also jeopardize the health of our country’s residents. We have already seen an increase in renal failure cases, both in adults and children, in areas near the mine. This is not a coincidence. That heavy metal pollution causes severe health problems is a well-documented fact. The extraction and processing of minerals are one of the main sources of this type of pollution, and all of these activities are permitted within the concession’s area. It must be noted that the mine’s environmental impacts will not be restricted to the area granted to FQM, since contaminated waters will continue their path through our country and heavy metals will bioaccumulate in our environment. This perils the health of the soils, fauna, flora, and populations in areas far beyond the mine’s limits.

           Damages to the Panama Canal’s Sustainability

The Panama Canal is a pillar of our country’s prosperity, not to mention its crucial role in global trade. The environmental damage posed by the mine risks the Canal’s sustainability, for it depends on the health of the rainforests adjacent to its banks and beyond for its continued water supply. The mine’s projected environmental damages, by deforestation, biodiversity loss, pollution, soil degradation, and water consumption, puts the long-term resilience of Panama’s rainforests at risk. Panama’s prosperity depends on our Canal, not on mining.

           Panamanians’ Response

For these and more reasons, the Panamanian people have come together to protest this bill’s passing. We thus exercise our right to advocate for the future of our country, standing up against the treachery committed by all who contributed to this contract’s formulation and approval. Not only do we rise up against this bill, but also in outrage towards Laurentino Cortizo’s corrupt mandate. We exercise our right to protest since they have failed in their duty to act in favor of our country’s prosperity and properly represent our citizens in office. We join together to demand the protection of our future, the restoration of our democracy, and an end to open-pit mining on Panamanian soil. ­­

Our government’s response to our demands has been, sadly, the expected one. Our peaceful protests have been repressed by Panama’s police force, in violation of established norms for crowd control. A photojournalist lost an eye after an encounter with police forces, which have detained protesters without justification and used expired tear gas canisters, rubber bullets and even rocks to repress manifestations, amongst other abuses of force. This represents another insult from our government: the unjustified repression of our right to free speech and protest.

Given the facts here recorded, we ask the international community for their solidarity and attention to what is happening in our country. We ask for your attention in holding our government accountable for respecting our right to protest. We ask that the bill approval process be scrutinized for corruption, so that members of our government do not remain unaccountable if they turn out to have committed crimes against our country. We also ask for your cooperation in holding FQM responsible for their activities, as it must be highlighted that they allegedly threatened to sue our country for one hundred billion dollars if the bill was not approved. We ask that their activities be scrutinized for undue greenwashing, bribes, flouting of regulations, etc., and that transparency in their activity is demanded. Finally, we ask for international solidarity as we advocate for the stop of open-pit mining in our country, so that we may not only protect our future, but our continued contribution to global well-being.