Desde el anuncio y posterior REGISTRO OBLIGATORIO para la identificación y vinculación de líneas telefónicas móviles en México, he sentido una profunda preocupación ante las posibles implicaciones que esta medida puede tener sobre los derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que México forma parte.

La presente petición no pretende desconocer la obligación del Estado de combatir la delincuencia ni la necesidad de contar con herramientas eficaces para investigar y prevenir los delitos. Sin embargo, muchos Mexicanos consideramos que cualquier medida de seguridad pública que implique la recopilación, vinculación, tratamiento o conservación de información personal debe encontrarse PLENAMENTE JUSTIFICADA y RESPETAR los principios constitucionales que protegen la privacidad, los datos personales y las libertades de las personas.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, TIENEN LA OBLIGACIÓN de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, algo que el gobierno NO está haciendo actualmente.

Además; el artículo 16 constitucional reconoce expresamente el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales, así como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos por la legislación aplicable. Asimismo, establece garantías frente a actos de molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. El gobierno de México no solamente NO ESTÁ RESPETANDO nuestros derechos, sino que los está violentando con actos de molestia a nuestra persona y posesiones, que en éste caso son: documentos de identificación, datos biométricos, y línea celular.

También, el artículo 6° constitucional protege, entre otros aspectos, el derecho de acceso a la información y establece que la información relacionada con la vida privada y los datos personales debe ser protegida en los términos establecidos por las leyes. Derecho que el Gobierno de México nos está violentando.

El artículo 7° constitucional protege la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Algo que ya se nos está quitando.

Estos derechos adquieren especial relevancia en una sociedad en la que el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta fundamental para comunicarse, trabajar, estudiar, acceder a información, realizar actividades económicas y ejercer diversas libertades.

En el ámbito internacional, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona al respeto de su honra y dignidad y establece la protección frente a injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia.

Por ello, la preocupación ciudadana ha decidido levantar la voz.

Para nosotros los Mexicanos, es importante hacer una precisión: existe un antecedente jurídico particularmente relevante que no debe ser ignorado; el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

En 2021 se reformó la entonces Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer un registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil, en el cual se contemplaba la entrega de diversos datos personales, incluidos datos biométricos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y un grupo de senadores promovieron acciones de inconstitucionalidad contra dicho esquema.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad, declaró la invalidez del conjunto de modificaciones normativas que establecían el PANAUT.

La propia Suprema Corte explica que el asunto involucraba un registro obligatorio de personas usuarias de telefonía celular y la entrega de datos biométricos, y que las acciones cuestionaban la medida por su posible AFECTACIÓN A DERECHOS como la privacidad, la intimidad y la protección de datos personales.

De manera particularmente relevante, la Corte informó que la medida NO SUPERÓ el test de proporcionalidad, entre otras razones, porque existían medidas alternativas que podían resultar igualmente idóneas para alcanzar objetivos de seguridad pública y que eran menos lesivas para los derechos a la privacidad y protección de datos personales.

Además, no nos están dando ninguna información y garantía segura sobre el trato y almacenamiento de nuestros datos personales, que son sumamente delicados.

Tampoco ha habido respuesta ni de las empresas telefónicas, ni del gobierno ante los hackeos múltiples y recientes que han sufrido en sus bases de datos.

Hago un llamado a las autoridades para que DETENGAN la implementación de este registro de líneas celulares. Existen alternativas más seguras y respetuosas de los derechos humanos para combatir la criminalidad, que no ponen en peligro nuestras libertades individuales ni nuestra privacidad.

Por favor, sumemos nuestras voces y PIDAMOS juntos LA CANCELACIÓN de esta política que compromete nuestra privacidad y seguridad. 

Firma esta petición para EXIGIR que el gobierno mexicano CANCELE esta medida y proteja los derechos de sus ciudadanos, como es el deber de un buen gobierno.