Al Señor Gobernador de la Provincia de Salta

Dr. Gustavo Sáenz

S / D

Quienes suscribimos, miembros de comunidades originarias, organizaciones sociales, ambientales y ciudadanos comprometidos con el respeto al marco constitucional y los derechos humanos, nos dirigimos a usted con el objeto de SOLICITAR EL VETO TOTAL al proyecto de ley aprobado con sanción definitiva por la Legislatura Provincial, el cual autoriza la cesión en comodato de casi 9 hectáreas (88.756 metros cuadrados) de tierras fiscales en Finca Las Costas a favor del Tigres Rugby Club. 

Fundamentamos este legítimo reclamo en los siguientes puntos de extrema gravedad jurídica, social y ambiental:

Violación de Derechos Ancestrales Constitucionales: El sector cedido forma parte del territorio ancestral reivindicado por el Pueblo Lule. La comunidad cuenta con personería jurídica otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y está amparada por el relevamiento territorial de la Ley Nacional de Emergencia Indígena 26.160. El Estado provincial no puede disponer de predios protegidos bajo este régimen legal. 
Falta de Consulta Previa, Libre e Informada: Se ha omitido de manera flagrante la aplicación del Protocolo de Consulta. Este derecho está garantizado por el Convenio 169 de la OIT (Ley Nacional 24.071) y la Constitución Nacional. Avanzar sin el consentimiento de los lules representa una muestra de racismo institucional y una abierta ilegal.
Desalojo y Perjuicio de Familias Productoras: Estas tierras no están vacías. En el predio habitan y trabajan familias criollas y originarias ("costeños" y lules). Su subsistencia depende enteramente del pastoreo de animales y la agricultura a pequeña escala. La entrega al club privado implicará el despojo de sus medios de vida. 
Grave Impacto Ambiental e Hídrico: Finca Las Costas es una reserva natural protegida. Es la cuenca hídrica estratégica de la cual se abastece de agua potable gran parte de la Ciudad de Salta y sus alrededores. Permitir el desarrollo de infraestructura e intervenciones deportivas privadas en esta zona vulnerable arriesga el recurso más crítico de la provincia. 
Privilegio Sectorial sobre Interés Público: Resulta inadmisible que el Estado actúe como facilitador inmobiliario para una entidad privada cuyos sectores concentran altos niveles adquisitivos, en detrimento del patrimonio ecológico común y de los derechos de las poblaciones vulneradas históricamente. 

La paz social de la provincia no puede sostenerse sobre el atropello a las minorías ni la entrega de bienes comunes. La potestad constitucional del veto existe precisamente para corregir los excesos y las leyes contrarias al derecho vigente que emanan del Poder Legislativo.

Por todo lo expuesto, le exigimos que ejerza su facultad ejecutiva y proceda al VETO TOTAL de la mencionada ley. De lo contrario, la provincia incurrirá en responsabilidad civil y penal, forzando la inminente judicialización e internacionalización del conflicto por violación de derechos humanos.