Los ciudadanos de Castilla-La Mancha asistimos con profunda preocupación al anuncio realizado por la Consejería de Sanidad de destinar recursos económicos y humanos públicos para la apertura de un centro especializado en la práctica de abortos dependiente del SESCAM.

No se trata únicamente de un profundo conflicto ético y moral para miles de contribuyentes que vemos cómo se utiliza el dinero de nuestros impuestos para financiar activamente la destrucción de vidas humanas en desarrollo. Se trata, además, de una flagrante irresponsabilidad en la gestión de los recursos públicos y de una alarmante distorsión de las verdaderas prioridades sanitarias y sociales de nuestra región.

Nuestra sanidad y nuestro sistema social sufren carencias estructurales graves que afectan diariamente a los ciudadanos más vulnerables y que el Gobierno regional justifica sistemáticamente bajo el argumento de la "falta de fondos". Ante esta situación, nos preguntamos:

Listas de espera colapsadas: Miles de castellanomanchegos esperan durante meses para una consulta con el especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica debido a la falta de personal y de presupuesto en nuestros hospitales públicos.
Abandono de la Dependencia: Familias enteras sufren el retraso crónico en las ayudas de la Ley de Dependencia, donde los plazos de valoración se eternizan y muchas personas fallecen antes de recibir la asistencia que por derecho les corresponde.
Déficit en Cuidados Paliativos: El acceso a unos cuidados paliativos dignos y de calidad que alivien el sufrimiento al final de la vida sigue siendo desigual y claramente insuficiente en muchas zonas de nuestra comunidad autónoma.
Inviernos demográficos y falta de apoyo a la maternidad: España y Castilla-La Mancha registran los índices de natalidad más bajos de su historia. En lugar de dotar de fondos públicos redes de apoyo eficaces para las mujeres embarazadas, ayudas directas a la maternidad y fomento de la conciliación para que ninguna mujer se vea abocada al aborto por motivos económicos o sociales, el Estado prefiere financiar el final de esa vida.
El dinero público pertenece a todos los ciudadanos y su fin primordial debe ser sostener, curar, aliviar y proteger la vida humana, especialmente la de los más indefensos. Consideramos éticamente deleznable e injustificable que, existiendo estas acuciantes necesidades sin cubrir por "falta de presupuesto", la Junta de Comunidades decida desviar fondos comunes para abrir un centro médico destinado a terminar con vidas humanas.

Por todo ello, los abajo firmantes EXIGIMOS:

La paralización inmediata del proyecto de apertura de este centro público de abortos en Castilla-La Mancha.
La redirección de dicha partida presupuestaria a la reducción de las listas de espera sanitarias, la financiación de la Ley de Dependencia, la universalización de los cuidados paliativos.
La creación de un plan regional de apoyo a la maternidad que ofrezca alternativas reales y recursos económicos a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.
Firma esta petición para exigir una gestión pública humana, coherente y que priorice el derecho a la vida y la salud de todos.