En octubre de 2017, se produjo en España un ‘golpe de Estado desde arriba’, como resultado del cual, en grave violación de la ley orgánica del Estado español, se declaró depuesto el gobierno de Cataluña y se declaró disuelto el parlamento democráticamente elegido. Las medidas represivas adoptadas por el Estado español contra Cataluña desde 2017 hasta 2022 representan las más graves violaciones de los derechos humanos en Europa Occidental en décadas. La Unión Europea miró hacia otro lado, mostrando indiferencia y desinterés ante las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra el pueblo catalán y muchos catalanes.

El 5 de marzo de 2022, el presidente legítimo y democráticamente legitimado de Cataluña, Carles Puigdemont, que había sido destituido ilegalmente por España, fue reelegido presidente del ‘gobierno en el exilio’ catalán por dos años. Recibió 102 de los 121 votos de la Asamblea de Delegados y sigue al frente del Consejo para la República Catalana («Consell per la República Catalana»). En las próximas semanas, nombrará a los miembros de su gobierno en el exilio y, entre otras cosas, también establecerá una red diplomática en muchos países.

El objetivo del «Consell per la República» es la aplicación práctica de la declaración de independencia de Cataluña, que ya fue legalmente efectiva el 27 de octubre de 2017 por el Parlamento catalán, la finalización del proceso constituyente de la República Catalana, la internacionalización del conflicto entre España y Cataluña y la defensa de los derechos civiles y políticos de los catalanes frente a las múltiples medidas represivas del Estado español.

Dado que se ha demostrado durante varios años que España no está dispuesta a entablar negociaciones serias, y dado que la actual «mesa redonda», la «mesa de diálogo», también parece ser sólo una farsa cosmética, el Consejo para la República Catalana está decidido a realizar una ruptura unilateral y definitiva con España. Los catalanes seguirán ahora dos vías y utilizarán el pequeño marco de posibilidades que el Estado español les deja en su propio país; tomarán más medidas en el extranjero.

Aunque el Consejo para la República sigue siendo una asociación política privada, para muchos catalanes es la institución que debe impulsar e impulsará el proceso de independencia. El hecho de que el presidente legítimo de Cataluña, que ha sido depuesto por España — también es el líder del partido Junts per Catalunya, que lucha por la soberanía catalana, está representado en el parlamento catalán y pertenece al gobierno catalán — dirija el Consell per la República es una jugada inteligente que beneficiará la asertividad y la percepción internacional del gobierno catalán.

La nación catalana es plenamente titular del derecho humano de los pueblos a la autodeterminación, garantizado por el derecho imperativo de los dos principales pactos de derechos humanos de las Naciones Unidas y transpuesto al derecho nacional de todos los estados firmantes, incluidos España y los países de la Unión Europea.

El establecimiento de la República Catalana se produjo en dos etapas: En primer lugar, tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, la declaración de independencia de Cataluña de España tuvo lugar el 27 de octubre de 2017. Esto sólo requería la proclamación del parlamento catalán para hacerse efectiva, pero en ningún caso el consentimiento de España u otros estados. Ahora se trata de su realización y del establecimiento de la República Catalana. El principio de la unidad territorial de España no se opone al derecho de autodeterminación y secesión del pueblo catalán. El derecho internacional ha evolucionado de forma decisiva en el siglo XXI. La independencia de Kosovo, declarada y realizada en contra de la voluntad de Serbia, no violó el derecho internacional, como declaró el Tribunal Internacional de Justicia en el párrafo 80 de su Opinión Consultiva sobre la secesión de Kosovo de Serbia.

El derecho humano del pueblo catalán a la autodeterminación sólo le corresponde a él. Por tanto, no requiere ninguna otra votación o consulta a todos los ciudadanos del Estado español. Cataluña ya ejerció su derecho de autodeterminación el 27 de octubre de 2017 y proclamó su independencia.

La brutal represión electoral del Estado español, que trató de suprimir violenta pero infructuosamente el referéndum previo a la independencia, otorga a los catalanes el derecho adicional a una ‘secesión reparadora’.

Cataluña votó por la libertad y la autarquía en octubre de 2017 y completará lo que empezó.