Cuando se trata de Cataluña y del derecho humano del pueblo catalán a la autodeterminación, España no es un Estado de Derecho, sino que muestra la cara fea de un poder judicial profundamente partidista, politizado, derechista y catalanófobo que vulnera principios elementales del Estado de Derecho, la ley orgánica del Estado español, los derechos fundamentales de los españoles y los derechos humanos.
Sin embargo, fuera de España, la separación de poderes y el poder judicial de otros países de la Unión Europea funcionan bien, por lo que la judicatura española — así como los jueces y fiscales — llevan años haciendo el ridículo en todo el mundo al utilizar órdenes de detención europeas de evidente motivación política para detener y extraditar a catalanes perseguidos por la justicia en España por motivos políticos. Sorprende que los órganos de la Unión Europea acusen a estados miembros como Hungría y Polonia de carecer de Estado de Derecho, pero no critiquen al país que lleva años pisoteando el Estado de Derecho, reprimiendo brutalmente a las minorías nacionales y llevando a cabo una represión ilegal sin precedentes en la Unión Europea, especialmente contra la nación catalana, incumpliendo incluso su propia ley orgánica, un país que disolvió un parlamento democráticamente elegido sin base legal suficiente, depuso ilegalmente a un gobierno, y no sólo los ministros depuestos y el presidente, sino incluso el presidente del parlamento, que había sido declarado depuesto, fueron procesados de forma vil con los medios de una judicatura evidentemente politizada, y los presos políticos de Madrid fueron condenados a largas penas de prisión en juicios espectáculo, sin que pudiera derivarse ninguna acusación legal real del código penal español. A pesar de que los presos políticos han sido liberados entretanto, después de que el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa señalara correctamente la existencia de presos políticos en la Unión Europea, concretamente en España, al representante de Exteriores de la Unión Europea ante las cámaras en marcha de la opinión pública mundial, y pudiera basarse en las decisiones de última instancia de la judicatura de los países europeos y de las Naciones Unidas, todavía no han sido rehabilitados y se ven amenazados con un nuevo encarcelamiento a causa de un juicio en curso.
Mientras la Unión Europea, con una hipocresía difícilmente superable, critica a Polonia, Hungría y Rusia, pero calla persistentemente ante las violaciones masivas de los derechos fundamentales y humanos que España ha cometido y sigue cometiendo contra el pueblo catalán, pero también contra los vascos y otros, y continúa la opresión y persecución durante décadas del pueblo catalán con el objetivo, tan evidente como ilícito, de erradicar su identidad nacional y hacer imposible la rehabilitación del pueblo catalán, El Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los poderes judiciales de otros países europeos y los órganos competentes de las Naciones Unidas se pronuncian claramente y defienden los derechos fundamentales y humanos de los catalanes perseguidos por España por motivos políticos.
Han sido muchas las sentencias en las que jueces de otros países, así como el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra la Detención Arbitraria, han defendido los derechos de los catalanes perseguidos por España por motivos políticos, y de ellas se ha informado detalladamente en las páginas de esta petición. Aquí se destacan dos acontecimientos recientes dignos de mención:
1.) En noviembre de 2014, el gobierno catalán de entonces, bajo la presidencia de Artur Mas, quiso celebrar un referéndum consultivo sin efectos jurídicos directos sobre el futuro político de Cataluña. Este referéndum no estaba prohibido por el Código Penal español ni por otras leyes del ordenamiento jurídico español, sino que estaba amparado por el derecho imperativo de las Naciones Unidas y también por la Constitución española. Las dos preguntas debían ser:
- "¿Quiere que Cataluña se convierta en un estado separado?"
- "Si es así, ¿quiere que este estado sea independiente?"
A través del "Tribunal Constitucional" español, que tiene poderes legislativos, ejecutivos y jurídicos, violando el principio de separación de poderes, sin que la Unión Europea se moleste hasta ahora, el entonces gobierno conservador español de derechas hizo prohibir este referéndum no vinculante. Por ello, el 9 de noviembre de 2014, el gobierno catalán celebró un referéndum alternativo con las mismas papeletas, que tampoco estaba prohibido por ninguna ley española, sino amparado por el ordenamiento jurídico español. Más del 80% de los votos emitidos estuvieron de acuerdo con ambas preguntas. Ya en noviembre de 2014, España inició la persecución judicial de todos los responsables, con el claro objetivo de perjudicarlos económicamente y en algunos casos llevarlos a la ruina. Los juicios amañados por presunta desobediencia, torcimiento de la ley, usurpación de funciones, así como malversación de fondos públicos (por lo que España entiende, por ejemplo, el uso de edificios públicos sin pagar un alquiler ficticio al Estado por los referendos que ha realizado un gobierno regional electo) contra Artur Mas y ministros de su gobierno terminaron provisionalmente en 2017 con condenas de los políticos catalanes a multas e inhabilitación de varios años para ejercer cargos públicos.
Siete años después, en septiembre de 2021, el ex-consejero catalán Francesc Homs, uno de los procesados por motivos políticos por la justicia española por el 9 de noviembre de 2014, fue el primero de los agraviados en presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra su condena por el Tribunal Supremo español. Hizo este anuncio ante el Parlamento Europeo en Bruselas el 9 de noviembre de 2021 en presencia de Carles Puigdemont, el presidente catalán en el exilio que también fue perseguido por España por motivos políticos. Homs se opone a la violación de sus derechos fundamentales, a la aparente arbitrariedad del Tribunal Supremo español en su juicio, al efecto retroactivo de las nuevas normas penales establecidas por el “Tribunal Constitucional” español con su también poder legislativo en ese momento, y a la jurisprudencia reconocidamente politizada del “Tribunal Constitucional” español. El ejercicio de sus derechos fundamentales y humanos garantizados por la Constitución española le valió a Homs la privación del derecho de sufragio pasivo durante un año y medio y una multa de 30.000 euros.
https://www.vilaweb.cat/noticies/homs-tribunal-estrasburg-9-n/
En diciembre de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos informó en catalán a Jordi Turull, uno de los consejeros catalanes destituidos por España, y a Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural, ambos encarcelados como presos políticos en España durante algunos años, de cuáles serían los siguientes pasos en las causas que habían presentado contra España.
También en diciembre de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comunicó — también en catalán — a Francesc Homs que estudiaría conjuntamente el tratamiento de las denuncias relativas a la respuesta judicial de España al referéndum del 9 de noviembre de 2014 y al referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Esto sugiere que es probable que España sufra otra derrota legal en Estrasburgo.
2.) El 28 de diciembre de 2021, la justicia belga rechazó claramente el intento español de coartar la libertad de expresión de un cantante de rap mallorquín que cantaba en catalán con una condena de varios años de prisión y rechazó la extradición de "Valtònyc" a España, que había intentado una vez más utilizar indebidamente el instrumento de la Orden de Detención Europea con este fin, en última instancia, aunque la fiscalía belga todavía presentó un último recurso, que se tratará el 11 de enero de 2022. El hecho de que en España un número no despreciable de artistas y cantantes estén en prisión o hayan sido condenados a multas, restringiendo así de hecho el derecho humano a la libertad de expresión, es una vergüenza para la Unión Europea, que — en contraste con el Consejo de Europa — lo tolera tácitamente. "Valtònyc", que al igual que Carles Puigdemont puede ahora circular libremente por casi todos los países de la Unión Europea, pero sólo en España habría que esperar su inmediata detención, ha vuelto a mostrar a la opinión pública mundial lo mala que es la justicia española. Hay que llamar hipócritas y sin conciencia a todos los que ponen en la picota a Polonia y Hungría, pero se callan ante los flagrantes abusos legales en España.
Mientras tanto, la política y la justicia españolas continúan con su viejo objetivo de reprimir y suprimir la lengua catalana a todos los niveles. Y Europa, que debería haber aprendido la lección de las persecuciones de las minorías en la época del nacionalsocialismo, Europa, que siempre finge defender los derechos humanos, ¡Europa calla y consiente!