Junto con todo el gobierno catalán elegido y legitimado democráticamente, Lluís Puig había sido depuesto por el gobierno español el octubre de 2017 en violación de una ley orgánica del estado español. Junto con el presidente catalán y otros ministros, fue al exilio. Los miembros del gobierno que permanecieron en España fueron condenados en primera y única (!) instancia por un tribunal sin jurisdicción competente, el Tribunal Supremo de Madrid, a años de prisión por haber organizado un referéndum de autodeterminación del pueblo catalán que no era punible según la ley española. Esta sentencia escribió un nuevo capítulo en la historia europea de la injusticia y representa una grave violación de los derechos humanos comparable a las sentencias de injusticia de los tribunales alemanes de los años 1933-1945 y franquistas. Los jueces y fiscales implicados en estos procedimientos tendrían que comparecer ante un tribunal internacional español de las Naciones Unidas, que todavía no se ha creado.
El mismo Tribunal Supremo español, que simplemente no tiene jurisdicción competente en este caso en virtud de la ley española, exigió que Bélgica extraditara el depuesto ministro de Cultura, Lluís Puig que se ha convertido en director del «Programa para el desarrollo de proyectos culturales en un contexto internacional» de la Generalitat de Cataluña. Contrariamente al que afirma la prensa —mentirosa— española —lamentablemente, no se puede decir de otro modo, sobretodo el el caso de «El País»—, los ministros catalanes y su presidente, que fueron perseguidos políticamente por España, nunca huyeron de la justicia, sino siempre estuvieron a disposición de los jueces competentes sin ningún tipo de condición. Todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a estar en cualquier lugar de la Unión y a estar a disposición de los tribunales de allí, y los políticos catalanes siempre han estado a disposición de la justicia de los lugares donde eran. Cualquier persona que afirme que los políticos catalanes exiliados hayan huido de la justicia están diciendo la falsedad o mintiendo, siempre que conozcan los hechos, que se puede asumir en el caso de los periodistas que escriben sobre ellos.
Cuando el Tribunal Supremo —que, repito, no tiene jurisdicción competente en este caso en virtud de la ley española— exigió la extradición de Lluís Puig por medio de una orden de detención europea, los tribunales belgas dictaminaron en primera instancia y ahora (el 7 de enero de 2021) también en segunda instancia que Bélgica no podía cumplir esta petición porque el Tribunal Supremo y su juez Pablo Llarena, que solicitó la extradición, no eran ni son competentes para este caso según la ley española. Los catalanes perseguidos políticamente por España y los presos políticos catalanes de España, la privación ilegal de libertad de los cuales por la judicatura española es una injusticia flagrante y una vergüenza para toda la Unión Europea, lo han defendido repetidamente. Tenían razón al hacerlo, tal como han sentenciado ahora dos tribunales belgas, y en Bélgica, a diferencia de la España postdemocrática, existe una judicatura excelente y, sobre todo, una separación de poderes realmente funcionando.
Las dos decisiones judiciales belgas lo dejan claro a toda Europa y a todo el mundo: la persecución jurídica y la condena de los presos políticos encarcelados en España era y es ilegal. Viola la ley española. Viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Viola los derechos humanos y, por lo tanto, el derecho imperativo de alto rango (ius cogens), que España ha incorporado como tal en su constitución.
El tribunal belga de primera instancia señaló expresamente que el órgano competente de las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria, reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como instancia superior de facto, había declarado oficialmente que el Tribunal Supremo, que condenó a los políticos catalanes a largas penas de prisión, no tenía jurisdicción legal competente en este caso y que también no había delitos para justificar su detención. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas contra la Detención Arbitraria ha instado en España a liberar los presos políticos, proporcionar una compensación adecuada e iniciar investigaciones penales contra los fiscales, jueces y otras personas responsables de su detención arbitraria. El tribunal belga tomó nota de esto en primera instancia y lo reconoció en consecuencia.
En segunda instancia (todavía no definitiva), el tribunal belga competente también encontró —y esta acusación pesa mucho y expone al poder judicial español de una manera sin precedentes— que las declaraciones públicas de fiscales, jueces y políticos de alto rango violan seriamente el derecho de presunción de inocencia en los procedimientos penales y, por lo tanto, la «DIRECTIVA (UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2016 por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio»
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2016:065:TOC
Se trata de una bofetada legal de primera clase para los jueces, fiscales y políticos españoles que utilizan ilegalmente el Derecho penal español para oprimir en el pueblo catalán y negarle el libre ejercicio del primero derecho humano de los Pactos Civiles de las Naciones Unidas! Si los líderes europeos continúan mirando hacia otro lado y tolerando la injusticia que España ha infligido y está infligiendo en el pueblo catalán (y no solo en Cataluña!), algún día tendrán que soportar que se los compare en los libros de historia con los cuales miraban hacia otro lado, que permanecieron en silencio y que no hicieron nada ante la persecución nazi de los judíos. La Unión Europea se vuelve poco fiable cuando denuncia las violaciones de los derechos humanos en otros Estados del mundo, pero tolera y apoya a las violaciones masivas y continuas de los derechos humanos que el Estado español ha cometido y continúa cometiendo contra el pueblo catalán y sus representantes. Todos los representantes de la Unión Europea, todos los políticos de un Estado europeo tendrían que saber que algún día tendrán que ser juzgados moralmente por la manera en que se han comportado en la cuestión de las violaciones de los derechos humanos en el conflicto catalán. Hasta ahora, todos los tribunales europeos que han tratado los casos de los catalanes legalmente perseguidos por España, así como el órgano competente de las Naciones Unidas, han estado exclusivamente a favor de los catalanes. Hasta qué punto hay que permanecer ciegos, ingenuos o descarados como políticos oficialmente comprometidos con los derechos humanos y apoyar así en el Estado español en sus acciones de persecución ilegal, que algún día se calificarán, con mucha probabilidad, en todo el mundo de «criminales» y de «crímenes contra la humanidad»?
Y todavía, vergonzosamente: Europa permanece callada y observa todo sin hacer nada! Pobre Europa!