‟Cataluña es una nación” — Últimas palabras del Ministro de Economía y Ciencia de la Generalitat de Catalunya, Santiago Vila i Vicente, que dimitió el 26. 10. 2017, en el juicio político celebrado en Madrid el 12 de junio de 2019

El 27 de octubre de 2017, a petición del Gobierno español y sin fundamento suficiente en la Constitución del Reino de España, el Senado español decidió destituir a la Generalitat de Cataluña, abusando del artículo 155 de la Constitución española. La víspera, el 26 de octubre de 2017, el Ministro de Economía y Ciencia, Santi Vila, había anunciado su dimisión. Al igual que el resto de los miembros del Gobierno catalán, fue acusado, pero fue el único de los nueve ministros que siguieron la citación del poder judicial español en España — los demás miembros del Gobierno catalán siguieron la citación de acuerdo con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea en otros Estados miembros de la Unión Europea, ninguno de ellos eludió la citación ‟huyendo” — que tuvo la oportunidad de evitar la prisión con un depósito de 50.000 euros. Los cargos en su contra son ‟malversación” y ‟desobediencia”. La acusación contra él exige una sentencia de siete años de prisión.

En Cataluña, mucha gente distingue entre el gobierno ‘ejecutivo’ de Quim Torra y el gobierno ‘legítimo’ del presidente Carles Puigdemont. Con su dimisión, Santi Vila dejó de pertenecer al gobierno legítimo de Cataluña de Carles Puigdemont.

El proceso penal contra Santi Vila, que se lleva a cabo en la primera y única (!) instancia ante el Tribunal Supremo de Madrid, carece de fundamento. Viola el derecho internacional obligatorio, el derecho europeo y el derecho español.

Santi Vila está siendo juzgado en España por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política. Los procedimientos penales incoados contra él ni siquiera ofrecen las garantías básicas para un juicio adecuado y justo ante un tribunal competente e imparcial y para una defensa adecuada. El juicio contra él, una farsa barata, es una vergüenza para España y para la Unión Europea en su conjunto, que tolera tácitamente estas graves violaciones de los derechos humanos.

Y Europa está en silencio y mirando!

Últimas palabras de Santiago Vila i Vicente ante el Tribunal Supremo de Madrid el 12 de junio de 2019:

«Muchas gracias, excelentísimo señor presidente, excelentísima señora, excelentísimos señores, autoridades, señoras y señores!

Voy a empezar mi alegato final con una pregunta retórica. Sufriendo y empatizando con el dolor de los alegatos que acabamos de compartir, asistiendo al testimonio de tantas personas y tantas familias rotas, que sufren, de una sociedad, la catalana, que sufre, que ha visto comprometida también su convivencia, de una sociedad, la española, que vive también y ha empatizado también con este sufrimiento, me pregunto, quizás retóricamente, como hemos podido llegar a este punto, a este despropósito y, quizás, para intentar levantar la mirada, cómo debemos poder enderezarlo.

Creo — no conozco los antecedentes penales de mis excompañeros de gobierno, conozco los míos —, pero no creo que me equivoque si afirmo que en el peor de los casos habremos sufrido alguna multa por exceso de velocidad o habremos sufrido alguna multa por haber ido a tirar la basura algún día de forma inoportuna, inadecuada, desoyendo las ordenanzas municipales. Y sin embargo ahora nos enfrentamos a gravísimas acusaciones que pueden constituir graves sentencias de cárcel.

Creo personalmente y, seguramente en la mayoría, sino en todos los casos, que especialmente en la legislatura anterior en Catalunya actué y actuamos siempre de buena fe. Yo actué siempre fiel a mis profundas convicciones y creo haber actuado siempre también fiel y respetando la legalidad. En este sentido, creo que siempre comprometí mi actuación como político respetando el espíritu y la letra de la constitución de 1978, aquella que definió España como una nación, pero como una nación de naciones. Para describirlo en terminología constitucional: de nacionalidades y regiones. He procurado ser fiel a esta convicción y lo he defendido en privado y en público. Por defender esta lealtad a la constitución, he recibido también mis palos en Catalunya. He recibido también mis hachazos al reconocer que veís en el Tribunal Constitucional un árbitro y al oponerme firmemente siempre a cualquier tipo de decisión unilateral. Pero esto, insisto, siempre fue compatible con una convicción íntima de que Cataluña es una nación y de que España debe poder hacer de su diversidad, también nacional, un valor y no un problema. Lo habíamos conseguido hasta la fecha, hasta una fecha bien reciente.

Creo también que no fue ingenuo, no fue una ingenuidad, pensar que finalmente el diálogo y el acuerdo entre el gobierno de España y gobierno de la Generalitat de Cataluña sería posible. Como afirmó el lehedakari Urkullu, como ha acreditado con su testimonio, pero también documentalmente en el archivo de Poblet, el acuerdo estuvo a punto de ser posible. Lo estuvo durante los meses de enero, febrero y marzo del 2017 y muchos de mis compañeros lo intentaron y yo mismo personalmente intenté este acuerdo con el gobierno de España, para evitar el colapso o la crisis institucional que sufrimos en octubre. Lo intentamos en primavera de 2017 y lo intentamos también en octubre de 2017. Hasta el último día, hasta el último minuto. Y en este sentido, para mí, es muy valiosa, y llevo siempre conmigo el recuerdo de la justificación que me dio a mí una ministra de por qué el acuerdo no había sido posible: “porque, Santi, no se han dado las condiciones de confianza”. No porque pidiéramos imposibles. No porque situáramos las reivindicaciones, incluso durante el 2017, fuera del marco de la ley o del marco constitucional. Sencillamente porque entre todos habíamos roto el marco, las condiciones de confianza necesarias en una democracia madura como debería haber sido la nuestra en aquellos momentos. No se dieron las condiciones de confianza. Por ello, finalmente, yo dimití. Se han dicho muchas cosas a propósito de mi dimisión. En ningún caso dimití yo porque temiera que mis antiguos compañeros de gobierno fueran a cometer alguna ilegalidad.

También para citar también y sumarme a las citas de Kelsen, estaba convencido, a la vista están los hechos en esta legislatura, de que ninguna de las iniciativas que se tomaran podrían tener eficacia o validez alguna. Estaba absolutamente convencido de que no las tendrían. Pero dimití, frustrado, porque constaté que el presidente, el Molt Honorable President Carles Puigdemont, no estaba en condiciones, no podía o no quería convocar elecciones al parlamento ajustadas a derecho. Por eso dimití, y en este sentido solo quisiera aprovechar este alegato para incorporar dos reflexiones finales.

Una, en cierto modo nos va a permitir que sea una refutación del excelentísimo fiscal, del señor Cadena, cuando dijo que para entender el “procés” hay que entenderlo con una imagen, la imagen del mosaico, y para entender este mosaico, para interpretar este mosaico, creí interpretar de las palabras del excelentísimo señor fiscal, analizar y comprender todas sus teselas.

Quizás no es una reflexión, seguro que no lo es, jurídica. Quizás no lo es ni política. Tan solo lo es académica por mi antiguo papel como profesor de historia contemporánea en la universidad. Ojo con cometer el error del anacronismo, del presentismo, de creer que hay una secuencia lógica entre acontecimientos, cuando sabemos cómo acabaron aquellos acontecimientos.

Hemos reconstruido desde el 27 de octubre retrospectivamente una línea argumental que nos lleva hasta aquella fecha, pero yo les puedo asegurar que en ningún sitio estaba escrito que las cosas fueran a terminar como terminaron en 27 de setiembre [Nota: quiere decir ‟octubre”). ¿Qué hubiera pasado, si se hubiera impuesto la tesis de convocar elecciones? Si, como afirmó el lehendakari Urkullu el día 25 o el día 26, muchos nos fuimos a dormir convencidos de que íbamos a cumplir la legalidad. Y que íbamos a convocar elecciones y que todos nos íbamos a dar una nueva oportunidad para serenarnos y para volver a encauzar una discusión institucional , política, propia de una sociedad madura. O que porqué el programa electoral de las elecciones de setiembre de 2015 nadie lo impugnó? O porqué el fatídico, el desdichado día en el parlamento, 6 y 7 de setiembre, de infausta memoria, lo hemos dicho públicamente muchos y creo que hoy todos estamos de acuerdo. Porqué en aquel momento no supuso la suspensión o la aplicación del artículo 155 de la constitución y la suspensión del autogobierno ya en aquellas fechas, 6 y 7 de septiembre? Porque en aquellos momentos ninguna persona buena, razonable, sensata, quería creer que esto podía acabar en despropósito. Y porque las personas ilustradas, razonables, ¡que las había!, dialogantes, pactistas, ¡que las había!, en Barcelona y en Madrid, estaban queriendo dar una enésima oportunidad al diálogo, a la negociación y al acuerdo.

Esto al final no fue posible, pero creo honestamente que cometeríamos un error de presentismo, de anacronismo, si a pelota pasada, si cuando vemos el despreopósito en que caímos, pues efectivamente ahora dijéramos que desde el primer día supieron donde querían llegar. Pues para saber donde queríamos llegar, qué mal lo hicimos.

Segunda reflexión y con esto acabo. Yo no comparto la idea de que España, como democracia, como estado de derecho, no sea un estado de derecho, una democracia homologable a las democracias de su entorno. España como democracia debe de tener sus limitaciones, sus defectos, sus fantasmas. También tiene sus puntos fuertes, sus virtudes. En este sentido, siempre he combatido la leyenda negra. Estamos en una encrucijada, de nuevo, en 2019. En una encrucijada en la que podemos entroncar con la peor de nuestras tradiciones o con la mejor de nuestras tradiciones, la tradición liberal, que arranca como mínimo con la Cortes de Cádiz de 1812. En esta buena tradición, los malos gobiernos sólo son un mal negocio de los hombres, pero no son una metafísica, que había dicho Jaime Gil de Biedma.

En este sentido, me quedo, y con esto acabo, con la reflexión del profesor Santos Julià. Nada de leyenda negra en España, nada de fatalidades que impidan que impidan que podamos ser una democracia avanzada, moderna, en la que la diversidad, también nacional, sea un valor y no un problema. Nada de fatalidades, pero en nuestra historia demasiados retrocesos.

Confío, tengo plena confianza en la justicia, tengo plena confianza en este tribunal y espero que ustedes, con su sentencia, formen parte de la solución y no del agravio del problema en el que nunca tendríamos que habernos metido.

¡Muchas gracias!»

La transcripción fue amablemente proporcionada por la revista L'Unilateral — El digital de la República Catalana.