Según informes de la prensa española, parece que el nombramiento de Pablo Llarena como juez del Tribunal Supremo de España se realizó mediante la corrupción (dándole una ventaja) y que ciertos representantes del estado español pos-democrático pueden haber estado planeando desde 2015 utilizar a Pablo Llarena como investigador para poner en la cárcel a los principales representantes catalanes.
Ya el 18 de marzo de 2016, la Asociación española «Jueces por la democracia» protestó contra el nombramiento de Pablo Llarena como juez del Tribunal Supremo, que, en su opinión, había infringido el principio del artículo 23 de la Constitución española de que dicho nombramiento debería ser hecho de acuerdo con el principio de aptitud personal y competencia. Incluso su nombramiento como juez de instrucción en el caso de los políticos catalanes perseguidos por la justicia española era aparentemente contrario a las directrices del Tribunal Supremo. Según estas, Llarena era el último para el turno de seignación, con cinco otros jueces por delante.
Cuanto más sale a la luz, más parece que el gobierno español del Partido Popular, en una interacción colusiva con partes de la judicatura, ha estado preparando durante años un «golpe de decapitación» contra Cataluña. En la medida en que todo esto se comprobará y demostrará ser cierto, sería esencial que las Naciones Unidas exigieran la extradición de los políticos y jueces españoles que habrían participado en una tal conspiración contra el pueblo catalán para ser llevados ante un tribunal internacional.