El 27 de octubre de 2017, el Senado español decidió una aplicación, inconstitucional según muchos juristas, del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña, que tuvo como consecuencia que España no sólo depusiera — ¡por primera vez en la Unión Europea! — a un gobierno democráticamente elegido, violando el derecho orgánico del estado español y los Derechos Humanos, sino que instituyó también una dictadura inconstitucional y, en el periodo de los últimos más de seis meses, ha causado daños muy grandes. A nivel internacional, se ha partido de la base, en los últimos días, de que España cumpliria su propia promesa y pondría fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española tras la elección de un presidente catalán y el nombramiento de sus ministros. ¡Pero cuando se ha perdido la reputación, ya no hay nada que pueda detenerlos! Los líderes de los tres partidos que actualmente tienen la última palabra en la España post-democrática — la derecha escorada hacia la extrema derecha del Partido Popular, el partido Ciudadanos, que en parte es de extrema derecha, y el Partido Socialista de España, cercano al SPD alemán —, Mariano Rajoy, Albert Rivera y Pedro Sánchez han acordado, a corto plazo, suspender temporalmente la publicación del nombramiento de los ministros catalanes realizado por el presidente del ejecutivo catalán, Quim Torra, para poder seguir aplicando el artículo 155 y gobernar Cataluña dictatorialmente desde Madrid, como en los últimos meses. Cualquiera que conozca el derecho español y haya estado siguiendo los incidentes de los últimos meses no puede, de ninguna manera, considerar a España un estado democrático regido por la ley. Después de que el critócrata español Pablo Llarena, obediente a las órdenes del gobierno español y sin una base legal clara, hiciera imposible que tres diputados catalanes electos — los tres, tanto antes como ahora, en plena posesión de sus derechos activos y pasivos como miembros del Parlamento catalán y merecedores, como ciudadanos de Europa, de la presunción de inocencia mientras no hayan sido condenados — pudieran ser elegidos como presidente de la Generalitat de Cataluña, valiéndose de artimañas judiciales que violan los derechos humanos — ¡a dos de ellos, así como a otros parlamentarios, les ha prohibido incluso el ejercicio del derecho al voto en el Parlamento! –, debido a que consideraba que las opiniones políticas de ellos eran perjudiciales para los intereses de España, el mundo entero ha entendido que la España post-democrática impedía que fuera elegido presidente Carles Puigdemont, y eso en contra de la voluntad popular, que se vio expresada en elecciones libres y democráticas el 21 de diciembre 2017, en las que Carles Puigdemont fue, y sigue siendo, sin duda, el candidato mayoritario del pueblo catalán. Fue una interferencia ilegítima y demofóbica en los cometidos del Parlamento catalán y también podría constituir un delito, ateniéndose a la legislación española. Es asunto privado del presidente español Mariano Rajoy, si no le convienen los nombramientos de algunos de los ministros del Parlamento catalán. Todos los ministros nombrados tienen derecho, según la ley española, a ser nombrados y ocupar sus cargos. Va contra el ordenamiento jurídico español y contra los Derechos Humanos prohibírselo. La publicación de los nombramientos en el Diario Oficial del Gobierno Catalán, el «Diari Oficial de la Generalitat» (DOGC), es una formalidad que la legislación española no permite que el Gobierno español impida o demore, aunque éste, debido a que actualmente gobierna Cataluña de modo dictatorial, también pueda controlar el boletín oficial. En el supuesto de que el Gobierno español considerara ilegal la designación de uno o más ministros — se trata en concreto de cuatro ministros populares en Cataluña: Comín, Puig, Rull y Turull —, sería libre de emprender acciones legales después de la publicación de los nombramientos. Impedir o retrasar el nombramiento con anterioridad sería, sin embargo, un fraude de la ley y podría constituir en sí mismo un delito según el propio Código Penal español. La divulgación, mediática y publicitada, del acuerdo de los tres líderes de los partidos españoles, de no levantar por el momento la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña, obviamente tiene como objetivo someter a presión, cuando no obligar, al presidente del ejecutivo catalán, a que nombre no a estos cuatro ministros, sino a otros que sean del agrado de Madrid. Se trata de una violación descarada del derecho español y del derecho internacional vinculante, que engaña una vez más a la Unión Europea y muestra claramente que España simplemente no está dispuesta a adherirse a los valores básicos de la Unión Europea, cuyo carácter vinculante queda establecido en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, sino que más bien los viola continuamente, en una medida particularmente grave, mostrándose con ello segura de que a la Unión Europea y a los gobiernos de los Estados miembros las graves violaciones de los Derechos Humanos en España no les importan, sino que incluso las apoyan de manera expresa. Tras la exclusión y la persecución de los judíos y de los gitanos durante el «Tercer Reich» es en el siglo XXI a los catalanes, a los que no considera la Unión Europea detentores de Derechos Humanos y ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea, sino ciudadanos de segunda clase, por así decir, «subhumanos», que no deben aspirar a que se les respeten los Derechos Humanos y deben resignarse a ser gobernados dictatorialmente por España y a verse privados de los Derechos Humanos que tienen, en teoría, garantizados. Si la Unión Europea no revisa rápidamente su postura enfrente de Cataluña y la reconsidera mejor, a medio o largo plazo se hundirá inevitablemente, ya que está renunciando en la crisis de Cataluña a sus valores morales básicos y pone en entredicho permanente la confianza de los europeos, especialmente la de los jóvenes, en los valores de la ciudadanía europea. ¡Los Derechos Humanos de los catalanes son los derechos de todos nosotros! Quien permite que España cometa violaciones graves de los Derechos Humanos contra el pueblo catalán y le niegue al pueblo catalán, en particular y de manera especial, el Derecho Humano fundamental a la autodeterminación, traiciona y destruye la idea de Europa, así como los ideales de la democracia, la separación de poderes y el Estado de derecho y se convierte en un enterrador de la Unión Europea. ¡Los catalanes son personas! Como a todos los demás europeos, les asisten los mismos derechos humanos. Quien, como España, se los niega al pueblo catalán, se coloca fuera de la comunidad de valores de Europa y fuera de la civilización europea. Un país que, como España, pisotea y destroza constantemente los derechos humanos, no puede y no debe permanecer por más tiempo como miembro de la Unión Europea. Si España no puede ni quiere adaptarse a los estándares europeos de estado de derecho, democracia y derechos humanos, tendrá que abandonar la Unión Europea. Para los estados que vulneran gravemente el derecho internacional y violan los derechos humanos a gran escala, ¡no debe haber lugar en Europa! Versió original alemana: https://www.change.org/p/12429466/u/22769495 Traducción castellana: Manuel Lobo