En la madrugada del día 29 de abril del presente año, el pleno del Senado de la República aprobó la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI).

El proceso completo, desde las comisiones en la cámara de Diputados hasta la sesión del pleno del Senado estuvo plagado de irregularidades comenzando con la violación del acuerdo para la realización de siete Parlamentos Abiertos. A pesar de los incontables esfuerzos, sugerencias y críticas constructivas por parte de la comunidad científica a lo largo de 4 años, la iniciativa de Ley de HCTI solo contiene algunos de los cambios sugeridos en los parlamentos inconclusos y sigue conteniendo fallas y errores que generan incertidumbre legal y ponen en riesgo el presente y futuro de la ciencia en el país.

Además de no incluir la voz de la comunidad científica, esta propuesta centralista y autoritaria presenta características que, en el caso de ser aceptada, tendrán consecuencias y afectaciones al quehacer científico como algunas que se enlistan a continuación:

Disminución y disparidad de la representatividad académica: En el Consejo Directivo se excluyen representantes de universidades como la UNAM, el IPN, la UAM, la ANUIES, Universidades Autónomas Estatales, Asociaciones y Academias Científicas, Centros Públicos de Investigación (CPI), representantes entidades federativas y del sector empresarial, pero aumenta la de los funcionarios, específicamente los representantes del Ejército y la Marina. Habría solo 8 representantes de los diferentes sectores con voz y voto designados, no electos, contra 14 representantes del gobierno.

Agenda de HCTI dictada por el CONAHCyT: Esto limita la libertad de cátedra y a la ciencia básica, al canalizar recursos, becas y demás apoyos a solo aquellos temas considerados como parte de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES). Además, la ley obliga a las universidades a realizar ciencia básica y de frontera, pero sin claridad en la ley ni garantizando que la autonomía universitaria será respetada.

Conflictos laborales: Para los trabajadores de los CPI y los Investigadores por México (antes Cátedras CONACyT) no se incluye en la nueva ley el procedimiento para una sustitución patronal ni las consecuencias jurídicas que trae para el nuevo patrón (CONAHCyT). Además, con la abrogación del CONACyT, no habría un responsable solidario como lo dicta la Ley Federal del Trabajo.

Conflictos contractuales: Los convenios vigentes firmados por el CONACyT y cualquier institución se verán afectados al abrogarlo y derogar sus reglamentos y ley orgánica, generando una incertidumbre legal y el atraso para la asignación o gasto de recursos ya asignados.

Invasión a los derechos de propiedad intelectual: Se obliga la cesión de derechos de propiedad intelectual al CONAHCyT y los derechos de explotación, dejando a las instituciones e investigadores responsables de los trabajos e invenciones sin derecho a generar recursos.

Eliminación de políticas para el desarrollo de las HCTI: Se elimina la meta del 1% del PIB y solo se menciona que los recursos asignados no podrán ser menores a los del año anterior, con lo que no hay obligación de un aumento basado realmente en las necesidades para HCTI. En el caso de la formación de recursos humanos de alta calidad, se elimina el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, además de asignar directamente becas a estudiantes sin un sistema que verifique la calidad y pertinencia del posgrado, alineándolo a los PRONACES. Además, se discrimina a investigadores y estudiantes en instituciones privadas al no aportar recursos para ellos.

Terminología sin contexto legal: En la ley se hacen uso de términos que no tienen ningún efecto o contexto legal, pero que se incluyen dentro de las obligaciones descritas en la ley. Términos como “rigor epistemológico”, “pluralidad y equidad epistémicas” o “diálogo de saberes”, no son marcos de referencia para cumplir con una obligación descrita por una ley.

Futuro incierto para las nuevas generaciones de científicos: En la nueva ley, no se contemplan los mecanismos por los cuales se generarían nuevos CPI, plazas de investigadores o cátedras para integrar a los estudiantes que han egresado y egresarán de los posgrados en el país.

Invasión a las competencias estatales, municipales y demarcaciones: La ley no contempla ni otorga facultades a las instancias locales para la designación de recursos, organización, fomento u apoyo a las actividades de HCTI en los diferentes niveles de gobierno de la Federación, aunado a la falta de representación de los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología de las 32 entidades federativas.

Por estas razones, se hace un llamado a la comunidad científica del país, a firmar esta carta para manifestar su desacuerdo con la iniciativa de ley, y muy particularmente, con la forma en que nos está siendo impuesta.