NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL BORDE COSTERO, pedimos al Senado de Chile rechazar el proyecto

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La Ley General de Pesca y Acuicultura define borde costero como una franja de 80 metros entre la línea más alta de la marea y tierra adentro. Hasta hoy, el borde costero ha sido administrado por el Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR, dependiente de la Armada).

Esta franja se extiende desde Arica a Tierra del Fuego y contempla todos los islotes, islas y archipiélagos, canales y fiordos del mar chileno, así como una franja estática –también de 80 metros– en los lagos navegables. El borde costero, un bien nacional de uso público (por tanto, propiedad de todos los chilenos), se extiende por 83.400 kilómetros lineales y contempla una superficie total de 6,5 millones de hectáreas. De ellas, unas 6 millones de hectáreas corresponden a la zona sur-austral del país.

Es precisamente la superficie del territorio sur-austral del país, la que ahora se pretende privatizar. Ello, a partir de la combinación de una iniciativa legal ingresada a tramitación en julio de 2012 por el Presidente Sebastián Piñera (en su primer mandato) y del plan de licitación de terrenos fiscales que presentó el Ministerio de Bienes Nacionales en diciembre de 2012.

El proyecto de ley ingresado en la primera administración de Piñera no puede analizarse de manera aislada del plan de licitación de terrenos fiscales, ya que son complementarios e interdependientes entre sí. Tampoco puede ser analizado al margen del poder e influencia que ha ejercido la Cámara Chilena de la Construcción durante todo este proceso de privatización en curso.

En grueso, la iniciativa ingresada por Piñera en julio de 2012 –y que hoy es retomada– apuntó al traspaso de la jurisdicción del borde costero desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales.

En el mensaje presidencial del 12 de julio de 2012 que contenía este proyecto de ley, se justificaba este traspaso usando el mismo discurso exitista de siempre y que nos ha dejado sin carreteras, sin generadoras eléctricas, sin puertos, aeropuertos y sin peces en el mar:

“En las últimas décadas, nuestro país ha sido destacado como un caso exitoso de desarrollo económico y social debido, entre otras cosas, a la estabilidad que generan los marcos normativos y regulatorios que han permitido el desarrollo de iniciativas particulares, garantizado por normas claras y armónicas (…).

El interés estratégico del Estado debe ser compatible con los intereses económicos que tanto el Estado como los particulares tienen en cuanto al aprovechamiento del borde costero en relación con los derechos y usos que pueda hacerse sobre los bienes nacionales y bienes fiscales, requiriéndose para ello una gestión ordenadora común e integral de esta área del territorio(…)”.
 
En diciembre de 2012, pocos meses después del ingreso a trámite legislativo de este proyecto, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó otro instrumento en pro del “desarrollo” de nuestro país: un plan de licitaciones de bienes fiscales (de los que todos los chilenos somos propietarios) el que fue presentado como un “aporte al desarrollo de Chile”.

En concreto, este plan consiste, ni más ni menos, en la venta del 27% del territorio fiscal continental. Aunque fue catalogado como un régimen de “concesiones”, el mismo plan desmiente aquello puesto que un 96% de esas propiedades fiscales estará a la venta.

En las regiones australes, la mayoría de las propiedades en licitación se inscriben bajo la modalidad de venta directa. Además, casi todas ellas tienen borde costero. Solo una de estas propiedades, precisamente la que no tiene borde costero, se licita bajo esta modalidad de “concesión”: el Ventisquero Yelcho.

La iniciativa del Presidente Piñera del año 2012 se ha retomado en esta nueva administración, sin que se altere una coma del objetivo mayor pretendido por el verdadero cerebro detrás de esta operación: la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

El proyecto de ley que traspasa el borde costero desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales, no es más que la respuesta al interés del sector privado por esta franja costera para el desarrollo inmobiliario. Dos años antes de la iniciativa legal que impulsó en 2012 el Presidente Piñera, la CChC elaboró y publicó un documento titulado: “Hacia un nuevo borde costero para Chile”.

¿Qué se señala en ese documento? Entre otras cosas, que la visión que existe sobre el borde costero como una zona propiedad de todos los chilenos ha inhibido el desarrollo de ese territorio.

“La visión histórica del borde costero que ha predominado en nuestro país, es una que plantea el borde costero como un territorio sumamente valioso y de propiedad de todos los chilenos. En este contexto, tanto las autoridades como la propia ciudadanía ven con desconfianza las intervenciones privadas en el borde costero. Esta visión, en la práctica, se ha traducido en una política del no desarrollo”.
 
En el documento de la CChC se agrega, además, que la no propiedad del suelo por parte de privados frena grandes inversiones de largo plazo en el borde costero:

“La no propiedad del suelo inhibe inversiones de mayor monto (y por lo tanto de mayor calidad) y desincentiva el adecuado mantenimiento de las inversiones. Con ellos se incentiva la materialización de inversiones temporales. No se tiene propiedad sobre las inversiones, pues una vez terminada la concesión, ellas pasan a propiedad fiscal, salvo aquellas cosas que puedan retirarse. Por lo anterior, no es posible que el inversionistas acceda a garantía bancaria”.
 
Es, al menos, curioso que la visión expresada por la CChC en 2010 en el texto “Hacia un nuevo borde costero para Chile”, coincida plenamente y en varios acápites con el proyecto de ley que Sebastián Piñera envió en 2012 al Congreso. En el proyecto de ley, por ejemplo, se señala:

“Resulta criticable el régimen de concesiones marítimas por la precariedad del derecho del concesionario en relación con el título que le otorga la concesión. El Estado puede poner término anticipado a cualquier concesión sin derecho a indemnización, bastándole invocar razones de interés público”.
 
Es precisamente en ese texto donde se refleja el verdadero sentido de lo que se pretende con esta ley: asegurar la desaparición de la concesión marítima tradicional que mantenía el borde costero como bien nacional de uso público (es decir, de todos los chilenos), para transformarlo en propiedad privada, asegurándole a los empresarios un nuevo bien financiero para transar en el mercado.



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