Desde el pasado 25 de julio de 2020, fecha en la que fue establecido el Protocolo de actuación ante posibles casos importados de COVID-19 en el contexto del
fenómeno de la inmigración irregular de la Secretaría de Estado de Migraciones, cientos de personas migrantes y refugiadas están quedando en situación de completa desprotección tras llegar a las costas andaluzas. Este protocolo establece que se deben realizar las pruebas PCR a todas las personas migrantes y refugiadas, sintomáticas y asintomáticas, a su llegada, y que deben tener resultado negativo para poder acceder a los recursos de acogida previstos para ellas. La responsabilidad de realizar estas pruebas, según el protocolo, recae sobre las Comunidades Autónomas, y en el caso de Andalucía estas pruebas no se están realizando. 

La descoordinación entre instituciones -Ministerio de Inclusión, Trabajo y Seguridad Social y Junta de Andalucía-, por la cual no se realizan las pruebas, está propiciando que algunas personas sean puestas en libertad sin ningún tipo de asistencia o referencia a un recurso de acogida tras su detención en los Centros de Atención Temporal para Extranjeros (CATE). En otras palabras, se quedan en la calle, sin poder optar a una recepción digna dentro del sistema de acogida. Desde Barbecho, asociación andaluza, hemos denunciado esta situación ante las instituciones mencionadas y el Defensor del Pueblo Español, expresando nuestro rechazo de esta práctica inhumana desde su inicio, y reportando casos concretos de personas en situación de calle en la provincia de Almería. El pasado 11 de agosto pusimos de manifiesto que muchas de esas personas estaban en situación de desamparo, desinformadas, sin medios de protección sanitarios para evitar el contagio de COVID-19, durmiendo en un parque de la ciudad. Muchas personas han permanecido largo tiempo en esta situación, algo que otras entidades sociales en diferentes provincias andaluzas están también denunciando. Aunque el grupo de Almería reportado ha podido encontrar una solución, las personas afectadas han sido, podrían ser y serán muchas más si no se da una solución.

El Defensor del Pueblo Español se ha pronunciado al respecto, mostrando su preocupación e iniciando acciones para solicitar medidas urgentes. La respuesta de las administraciones simboliza mera indiferencia: la pelota va pasando de un tejado a otro sin ningún tipo de conclusión. La Junta de Andalucía se niega a realizar las pruebas, y el Ministerio de Inclusión, Trabajo y Seguridad Social se niega a dar plazas de acogida a personas migrantes y refugiadas si las pruebas no están hechas. Al dejar a estas personas en situación de calle, además de exponerlas a los riesgos de estar en la calle (incrementados especialmente en aquellas personas con perfiles vulnerables como mujeres, personas con diversidad funcional, niños, niñas y adolescentes -con y sin referentes familiares- y personas en posible necesidad de Protección Internacional), se contribuye a agravar el peligro de contagio del virus cuando las personas recién llegadas ejecuten movimientos secundarios (las más afortunadas que consiguen encontrar los medios para salir de la calle), por no haber sido informadas adecuadamente de las medidas necesarias ni tener acceso a ellas, y por verse obligadas en ciertos casos a realizar estos movimientos secundarios mediante vías poco seguras.

¿Nos ayudas?

Queremos hacer llegar una petición colectiva a quienes tienen que tomar cartas en el asunto, necesitamos sumar más voces a esta denuncia que, tras varias semanas, está siendo ignorada por las administraciones competentes. ¡Ayúdanos firmando esta petición y haciendo que llegue a muchas más personas! Mediante esta recogida de firmas queremos solicitar:

• Soluciones de urgencia para las personas que día a día se están quedando en la calle en costas andaluzas. Mientras no exista un acuerdo entre instituciones, los servicios de sanidad de la Junta de Andalucía deben asumir la realización de pruebas PCR en cumplimiento del protocolo mencionado. La Secretaría de Estado de Migraciones debe, a su vez, tomar cartas en el asunto y buscar vías para que se respete el derecho a una acogida digna de las personas migrantes y refugiadas, en especial aquellas más vulnerables. 
• Una coordinación institucional efectiva para unificar protocolos y que se busquen soluciones duraderas al respecto. Soluciones que preserven los derechos de las personas migrantes y refugiadas, su integridad, su acogida, su protección, su acceso a los procedimientos pertinentes y al territorio de forma digna para cada caso y su salud.