La Tesorería General de la Seguridad Social ha sancionado al dirigente podemita por la contratación al margen de la ley de un trabajador, al que contrató en negro, sin dar de alta en la Seguridad Social. La Inspección del organismo público abrió una investigación oficial a finales de 2016 tras descubrir que había mantenido a un trabajador sin contrato. Echenique recurrió esa sanción, y la Justicia le dio la razón a la Seguridad Social.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha resuelto ratificar el fallo emitido por el Juzgado de los Social número 2 de Zaragoza, desestimando todos los motivos de impugnación esgrimidos por Echenique.

Pablo Echenique contrató en su momento, en el año 2005, un servicio de ayuda a domicilio con la empresa Adomi, con una tarifa de 11,40 euros por hora, para que lo asistiera en tareas básicas personales. Esa ayuda fue prestada por la misma persona de forma fija desde el año 2007.

Las irregularidades comienzan en el año 2011, cuando dicha empresa deja de prestar el servicio de ayuda a domicilio, extingue los contratos con los auxiliares y ofrece a los clientes la posibilidad de contratar directamente a dichos asistentes.

Pagos en negro

Pablo Echenique mantuvo la relación con su asistente, pagándole lo mismo, pero en efectivo y sin darlo de alta en la Seguridad Social. En 2012 interrumpió su relación, pero volvió a retomarla en marzo de 2015, un mes después de que fuera nombrado secretario general de Podemos en Aragón. Echenique contaba con la ayuda de su asistente una hora al día de lunes a sábado, amén de varios domingos, al mismo precio, sin que "en ningún momento estuviera dado de alta", según ratifica la sentencia del TSJA. Esta relación se mantuvo hasta abril del año 2016.

CÓDIGO ÉTICO DE PODEMOS

El Documento Ético de Podemos,  establece que todos los cargos internos aceptarán “el compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado por las faltas (…) y que en cualquier caso incluirá siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos”.