Voto Ambiental 2027 - Desaparecen los bosques en El Salvador - Ciudades de Memoria por la Vida
CIUDADES DE MEMORIA POR LA VIDA
Construir memoria antes de que desaparezca el territorio
¿Qué pasará con la memoria de un territorio si destruimos los lugares que la contienen?
Esta pregunta adquiere una urgencia particular en El Salvador. En distintos puntos del país se están presentando denuncias ciudadanas y comunitarias relacionadas con tala de bosques, urbanización, infraestructura, proyectos energéticos, rellenos sanitarios, extracción de materiales, afectación de fuentes de agua, manglares, biodiversidad y patrimonio cultural. No todos los casos son iguales ni tienen el mismo nivel de documentación, pero juntos muestran la necesidad de mirar el territorio de manera integral.
El problema no es solamente cuánto bosque se pierde. Es qué ocurre con el agua, el suelo, la biodiversidad, las comunidades, los lugares de memoria y las condiciones que permiten que las personas puedan continuar viviendo en sus territorios.
En El Espino, la tala asociada al proyecto del nuevo CIFCO convirtió en realidad una preocupación ciudadana que durante meses había sido objeto de solicitudes de información, denuncias y acciones legales. MARN posteriormente declaró inexistente documentación relacionada con determinados estudios y permisos solicitados por la ciudadanía.
En Santa Adelaida, Izalco, comunidades y MILPA denunciaron en agosto de 2026 un proyecto fotovoltaico que, según su señalamiento, se ubica en una zona de recarga hídrica y comprende áreas de bosque y cafetal. Solicitaron a la Fiscalía investigar los posibles delitos ambientales y verificar la existencia y situación de las autorizaciones ambientales.
En Monte Grande, San Miguel, MILPA presentó el 18 de septiembre un aviso penal y solicitó intervención urgente de la PDDH por lo que identifica como destrucción ambiental, afectación de bienes culturales y vulneraciones de derechos humanos. La organización denuncia tala de bosques, posibles afectaciones a mantos acuíferos y daños a posibles sitios arqueológicos, y señala a más de 300 familias como afectadas. Son denuncias que corresponden a MILPA y que deberán ser investigadas y verificadas por las instituciones competentes.
En San Francisco Angulo, Tecoluca, la comunidad lleva meses utilizando distintas vías institucionales para cuestionar la construcción de un relleno sanitario. Las denuncias incluyen tala de árboles, afectación de bosques y nacimientos de agua, posibles impactos sobre los ríos Salamar y San Francisco Angulo y afectaciones a un territorio que también tiene una dimensión de memoria histórica. La comunidad ha acudido al Juzgado Ambiental, la Fiscalía, la PDDH y la Sala de lo Constitucional.
En el Lago de Coatepeque, comunidades y organizaciones ambientales han expresado preocupación por proyectos urbanísticos de gran escala. En marzo de 2026, 18 ADESCOS y organizaciones vinculadas a la cuenca cuestionaron el proyecto Amanelli, que contempla 44 torres y alrededor de 6,000 unidades habitacionales, y solicitaron revisar sus permisos y estudios ambientales debido a la fragilidad hídrica de la cuenca.
En El Icacal, comunidades y MILPA han advertido sobre la pérdida de territorio por erosión costera, afectaciones a manglares, biodiversidad y acuíferos, además de preocupaciones relacionadas con intereses turísticos. Al mismo tiempo, la ASA desarrolla actualmente un programa de restauración de manglar en la zona. Este caso nos recuerda que la memoria territorial también incluye territorios que pueden desaparecer por la combinación de cambio climático, deterioro ambiental y decisiones sobre el uso del suelo.
Y en el río Las Lágrimas, entre Ciudad Arce y la zona de Coatepeque, habitantes denuncian que la extracción de arena ha destruido parte del bosque de galería, reducido el cauce y contribuido a la pérdida de fauna. Una investigación reciente revisó respuestas de las alcaldías y de la ASA y encontró que un permiso de extracción había vencido en junio de 2026, mientras los habitantes señalan que la actividad continúa.
¿Cuánto bosque existía antes de cada intervención?
¿Cuánto se ha perdido?
¿Qué especies estaban presentes?
¿Dónde estaban las fuentes y zonas de recarga de agua?
¿Qué comunidades dependían de ellas?
¿Qué patrimonio cultural o arqueológico existía?
¿Qué estudios ambientales se realizaron?
¿Qué permisos fueron otorgados?
¿Qué medidas de prevención, mitigación, restauración y compensación fueron establecidas?
¿Quién supervisa?
¿Quién informa a las comunidades?
¿Y quién responde cuando el daño ya ocurrió?
La memoria del territorio
La memoria no está solamente en los archivos. También está en los árboles, en los ríos, en los caminos, en los cultivos, en los lugares sagrados, en los sitios arqueológicos, en los animales que habitaban un bosque y en las comunidades que aprendieron durante generaciones a vivir con ese territorio.
Cuando desaparece un bosque, desaparece también parte de esa memoria.
Cuando se contamina o desaparece una fuente de agua, se pierde una referencia territorial y una condición básica para permanecer.
Cuando un sitio arqueológico es destruido, se pierde evidencia de quienes habitaron ese lugar antes que nosotros.
Cuando una comunidad es desplazada, también corremos el riesgo de perder conocimientos, historias, prácticas productivas y formas de relación con el territorio.
Por eso sin agua no podemos vivir, y sin territorio vivo tampoco podemos conservar nuestra memoria.
El propio MARN reconoce que entre las materias que pueden ser objeto de denuncia ambiental están la depredación y extracción de ecosistemas y especies, la degradación de áreas naturales protegidas, la construcción en zonas frágiles y la extracción de materiales. Su sistema público registra cientos de denuncias.
La pregunta ahora es si estamos mirando esas denuncias como casos independientes o si estamos construyendo una memoria nacional de las transformaciones del territorio.
Construir memoria antes de que desaparezca
Necesitamos documentar el territorio antes, durante y después de cada transformación importante. Necesitamos conservar fotografías, mapas, testimonios, información sobre árboles y especies, fuentes de agua, patrimonio cultural, actividades productivas y cambios del paisaje.
También necesitamos preservar los expedientes: estudios ambientales, permisos, resoluciones, medidas cautelares, informes de inspección, solicitudes de información y respuestas institucionales.
Porque documentar hoy es impedir que mañana alguien diga que no sabía qué existía, qué se perdió o quién había advertido sobre ello.
Una invitación a todos los gobiernos locales del mundo
Por eso Ciudades de Memoria por la Vida no debe limitarse a las ciudades con una comunidad salvadoreña numerosa.
Invitamos a todos los gobiernos locales, dentro y fuera de El Salvador, a participar.
Una ciudad puede adoptar una declaración de solidaridad. Puede abrir un espacio para una exposición sobre memoria territorial. Puede conectar universidades y organizaciones ambientales. Puede intercambiar experiencias sobre protección de agua y bosques. Puede apoyar procesos de documentación y educación ambiental. Puede crear vínculos entre comunidades salvadoreñas y organizaciones de su propia ciudad.
No les pedimos decidir por El Salvador. Les pedimos solidaridad institucional con la defensa de la vida y de las condiciones que hacen posible la vida.
Las ciudades también necesitan agua, bosques, biodiversidad y territorios habitables.
La memoria del territorio es, por lo tanto, una responsabilidad que puede unir comunidades mucho más allá de las fronteras nacionales.
VOTO AMBIENTAL 2027
Esta memoria también debe llegar al debate electoral.
El Voto Ambiental 2027 preguntará a quienes aspiran a gobernar:
¿Qué van a proteger? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué información? ¿Y para quién?
Queremos conocer qué han hecho y qué harán para proteger el agua y las zonas de recarga, los bosques, la biodiversidad, las áreas naturales, los corredores biológicos, los ecosistemas costeros, el patrimonio cultural y los territorios comunitarios.
Queremos saber qué criterios utilizarán para ubicar urbanizaciones, infraestructura, proyectos energéticos, carreteras y otras intervenciones que transforman el territorio.
Y queremos saber cómo garantizarán transparencia, participación ciudadana y evaluación de impactos acumulativos.
Porque la pregunta no es solamente cuánto podemos construir.
La pregunta es qué debemos conservar para poder seguir viviendo.
En 2019, El Salvador reconoció públicamente a los bosques como entidades vivientes y destacó su importancia para el agua, el suelo, el clima y la biodiversidad.
Hoy necesitamos convertir ese reconocimiento en una responsabilidad concreta.
Si sabemos que los bosques sostienen la vida, ¿qué estamos haciendo para mantenerlos vivos?
La memoria no puede convertirse en el archivo de todo aquello que dejamos desaparecer.
Construir memoria desde el territorio significa documentar lo que todavía existe y defender las condiciones que permitirán que las futuras generaciones también puedan recordarlo.
CIUDADES DE MEMORIA POR LA VIDA
La memoria viaja. La solidaridad también. Pero para que exista memoria mañana, necesitamos proteger el territorio hoy.
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