VOTO AMBIENTAL 2027: Energía renovable, bosques, agua, biodiversidad y transparencia
VOTO AMBIENTAL 2027: ¿QUÉ VAS A PROTEGER, DÓNDE, CÓMO Y PARA QUIÉN? AGUA, BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y UN DESARROLLO QUE RESPETE LA VIDA
Energía renovable, bosques, agua, biodiversidad y transparencia: una decisión sobre el futuro de El Salvador
El Salvador necesita avanzar hacia fuentes de energía renovable. Eso no está en discusión. Lo que sí debemos discutir como ciudadanía es dónde, cómo y bajo qué criterios ambientales se está construyendo esa transición energética.
La pregunta es urgente frente al proyecto fotovoltaico de Santa Adelaida, en Izalco, Sonsonate. Desde 2024, comunidades y organizaciones ambientales han denunciado tala y transformación de cobertura forestal asociadas al proyecto. En noviembre de 2024, el Juzgado Ambiental realizó una inspección en la finca después de denuncias por posible tala. En julio y agosto de 2026, MILPA y comunidades de Izalco volvieron a denunciar el avance del proyecto y cuestionaron la ausencia de un proceso adecuado de consulta.
¿Cuánto bosque se está perdiendo?
Esta es una de las preguntas que el Estado debe responder con datos.
La finca Santa Adelaida tiene aproximadamente 115 hectáreas, pero esa superficie no equivale a bosque talado por el proyecto. La finca ya había sufrido procesos de deforestación durante décadas. Una investigación publicada en 2024 documentó una nueva ola de deforestación que, según testimonios comunitarios, comenzó en enero de ese año para preparar el terreno para el proyecto fotovoltaico. También registró árboles que permanecían en pie pero habían sido marcados para su derribo.
Durante el conflicto han circulado distintas estimaciones sobre la superficie que podría ser intervenida. Organizaciones y comunidades han hablado de aproximadamente 100 manzanas, equivalentes a unas 70 hectáreas, destinadas al proyecto, y de una posible expansión territorial mucho mayor. Estas cifras deben ser contrastadas con los estudios, permisos, planos y resoluciones oficiales. No existe todavía una cifra pública y verificable que permita afirmar cuántos árboles han sido talados específicamente para el proyecto ni cuántas hectáreas de cobertura forestal serán eliminadas.
Y esta ausencia de información es grave.
Si se está transformando una masa arbórea, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuál era la cobertura forestal antes de la intervención, cuántos árboles fueron removidos, qué especies fueron afectadas, cuánta superficie será intervenida y cuál será la pérdida neta de cobertura forestal.
También necesitamos conocer qué ocurrirá con la fauna que utiliza ese bosque como refugio, alimentación, reproducción y desplazamiento.
No podemos hablar seriamente de compensación ambiental si primero no sabemos qué se perdió.
El expediente ambiental también necesita explicación
El Sistema de Evaluación Ambiental del MARN registra el proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Santa Adelaida”, identificado como NFA1469-2025, cuyo titular es Hashpower Energy Solutions S.A. de C.V., con fecha de ingreso del 12 de septiembre de 2025.
En la consulta pública que hemos podido realizar, el expediente aparece como “Esperando respuesta del titular”.
Esto no demuestra por sí mismo una ilegalidad. Pero sí plantea una pregunta institucional que debe responderse:
¿Qué ocurrió documentalmente entre las denuncias de tala de 2024, la inspección del Juzgado Ambiental y la situación actual del proyecto?
Necesitamos conocer la categoría ambiental asignada, los estudios presentados, los requerimientos formulados por el MARN, las respuestas del titular, las resoluciones emitidas, los permisos ambientales y forestales que correspondan, las medidas de mitigación y compensación y el estado actual del expediente.
Si la información existe, debe ser accesible.
Si no existe, debemos saber por qué.
El problema no es la energía solar
Volcano Energy presenta su proyecto como infraestructura de energía renovable y señala que su desarrollo contempla generación solar, eólica y geotérmica. La primera fase anunciada contempla 241 MW de capacidad instalada mediante generación solar y eólica.
La transición energética es necesaria. Pero renovable no significa automáticamente sostenible.
La sostenibilidad también depende del lugar donde se instala un proyecto, de los ecosistemas que transforma, del agua que puede afectar, de la biodiversidad que desplaza, de las comunidades involucradas y de la calidad de la evaluación ambiental.
Por eso la pregunta ciudadana debe ser:
¿Qué criterios ambientales está utilizando El Salvador para decidir dónde ubicar la infraestructura necesaria para esta transición energética? No basta con saber que existe sol, terreno disponible o capacidad de conexión a la red.
Debemos saber si el territorio tiene funciones hídricas, forestales, ecológicas, agrícolas, culturales o sociales que hagan incompatible, limiten o condicionen una determinada intervención.
Santa Adelaida no es un territorio ambientalmente neutro
La finca se encuentra en la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec, reconocida por UNESCO en 2007. La reserva contiene ecosistemas diversos, zonas núcleo, conectividad ecológica, biodiversidad amenazada y áreas relacionadas con la recarga de acuíferos.
El reconocimiento de UNESCO no significa que toda actividad económica esté prohibida. Significa que conservación y desarrollo deben gestionarse de manera compatible con las funciones ecológicas y sociales del territorio.
Por eso preguntamos:
¿Cómo se determinó que la intervención propuesta es compatible con las funciones ecológicas, hídricas, culturales y sociales de este territorio?
El agua no puede quedar fuera de la transición energética
Un territorio puede ser atractivo para producir electricidad y, al mismo tiempo, ser fundamental para infiltrar agua, conservar suelo, regular escorrentías y sostener comunidades.
Las denuncias de las comunidades y MILPA han señalado precisamente la importancia hídrica de Santa Adelaida y su preocupación por la afectación de una zona de recarga.
No corresponde a una campaña ciudadana sustituir los estudios técnicos del Estado.
Corresponde exigir que esos estudios existan, sean verificables y estén disponibles.
¿Qué ocurre con la fauna desplazada?
La transformación de cobertura forestal afecta también a las especies que dependen de ella.
Por eso necesitamos conocer:
¿Se realizó un inventario de fauna antes de la intervención?
¿Qué especies fueron identificadas?
¿Qué corredores ecológicos existen?
¿Existe un plan de rescate y manejo de fauna?
¿Cómo se monitoreará el desplazamiento de especies?
¿Qué medidas se aplicarán para evitar muerte de fauna durante las obras?
¿Qué medidas de compensación y restauración fueron establecidas?
La fauna no puede aparecer en el expediente solamente como una casilla de impacto ambiental.
Los bosques son Entidades Vivientes
Hay además un antecedente que el Estado salvadoreño no puede ignorar.
El 5 de junio de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó un pronunciamiento que declaró que “los bosques son entidades vivientes” y destacó sus funciones en la captura de carbono, generación de oxígeno, recarga hídrica, conservación del suelo y biodiversidad. El pronunciamiento llamó a cuidarlos, preservarlos, respetarlos y promover acciones para ampliar su cobertura en el territorio nacional.
Ese pronunciamiento no convierte automáticamente cada bosque en un territorio jurídicamente intocable. Pero sí constituye un antecedente institucional muy importante.
Por eso la pregunta de coherencia es inevitable:
¿Cómo está incorporando el Estado el valor de los bosques como sistemas vivos cuando decide dónde instalar infraestructura energética que puede transformar cobertura forestal, suelo, agua y biodiversidad?
El reconocimiento no puede quedarse en una declaración simbólica mientras la cobertura forestal continúa perdiéndose.
No podemos evaluar cada proyecto como si existiera aislado
Santa Adelaida debe analizarse dentro de una transformación territorial más amplia.
El Salvador está desarrollando o proyectando grandes intervenciones de infraestructura, energía, transporte y urbanización.
Por eso necesitamos incorporar el concepto de impacto acumulativo.
La pregunta no es solamente qué impacto produce una planta solar.
También debemos preguntarnos qué ocurre cuando se suman carreteras, proyectos urbanos, metrocables, infraestructura energética, desarrollos turísticos y otras obras sobre territorios que ya enfrentan presión ambiental.
Una política ambiental seria debe mirar el territorio como un sistema.
El Listón Verde: una exigencia ciudadana común
El Listón Verde representa una defensa transversal de: agua, bosques, biodiversidad, áreas naturales protegidas, territorio, derechos y transparencia.
No estamos contra la energía renovable.
No estamos contra la infraestructura.
No estamos contra el desarrollo.
Estamos contra la idea de que el desarrollo puede avanzar sin conocer, medir y transparentar sus costos ambientales y sociales.
Queremos una transición energética verdaderamente sostenible: una que produzca energía sin destruir innecesariamente los sistemas naturales que sostienen el agua, la biodiversidad y la vida de las comunidades.
VOTO AMBIENTAL 2027: razonar antes de votar
Las elecciones de 2027 deben ser una oportunidad para que la ciudadanía coloque la política ambiental en el centro de la discusión.
No basta con preguntar qué candidatura promete construir más.
Hay que preguntar:
¿Qué hará para proteger el agua y las zonas de recarga hídrica?
¿Qué hará para detener la pérdida de cobertura forestal?
¿Cómo protegerá las Áreas Naturales Protegidas y los corredores biológicos?
¿Qué criterios utilizará para decidir dónde instalar proyectos de energía renovable?
¿Cómo garantizará que la transición energética no produzca nuevos daños ambientales o sociales?
¿Cómo protegerá la fauna frente al desplazamiento y la pérdida de hábitat?
¿Publicará estudios ambientales, permisos, resoluciones, medidas de compensación y monitoreos?
¿Cómo hará efectivo el reconocimiento de los bosques como Entidades Vivientes?
¿Mantendrá la prohibición de la minería metálica y protegerá nuestras fuentes de agua?
El Voto Ambiental 2027 no pertenece a un partido político.
Pertenece a la ciudadanía.
En 2027 debemos votar por propuestas verificables y preguntar qué se va a proteger, dónde, cómo y para quién.
Porque El Salvador necesita energía, infraestructura y desarrollo.
Pero también necesita agua, bosques, biodiversidad, suelo fértil y territorios habitables.
La transición energética debe cambiar nuestra fuente de energía, pero también debe cambiar nuestra manera de decidir sobre el territorio.
Y mientras continúa la pérdida de cobertura forestal, esa discusión ya no puede esperar.
Damián Córdova, presidente de MILPA Seccional Sonsonate "Calpulli por la Vida"
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