Urge delimitar las funciones de servicio público que tiene el SAG en Chile.

La falta de límites en las atribuciones para la tramitación de subdivisiones prediales, impide a los pequeños y medianos propietarios rurales disponer de sus bienes, contra los derechos básicos de los ciudadanos, establecidos constitucionalmente.

Muchos propietarios de terrenos rurales pasan meses, incluso años de infructuosos intentos para obtener un certificado de subdivisión en cumplimiento con la normativa, cualquiera sea la superficie resultante, no solo para superficies prediales mínimas. Es una letanía que frecuentemente incluye llamadas a teléfonos a oficinas que no responden, envíos de correos que tampoco responden, o, en los últimos años, una plataforma virtual que no funciona y que no tiene un soporte que aclare el procedimiento a los usuarios.

¿Consideran estos mecanismos las brechas digitales de campesinos que no tienen o no manejan internet? 

Estamos en un terreno nebuloso en el que se impide pagar diverso tipo de trámites directamente en las oficinas, se exige de un poder notarial para solicitar información, y cuando se llega a recibir respuesta, el sinfín de objeciones casi siempre es de forma, no de fondo.

Este proceder que se ha hecho habitual unido al aumento de las contribuciones, perjudica, no sólo a los propietarios pequeños y medianos, quienes en la desesperación terminan despojándose de la totalidad de su tierra a un menor precio para poder pagar sus compromisos. Esta constricción afecta toda una cadena económica y social. Son familias y familias que se empobrecen porque dependen de quienes legítimamente necesitan comprar o vender una parte de un predio y no más. La negligencia e impunidad con que esto se perpetúa, evidencia una obstaculización que parece intencionada, para trabar el libre ejercicio de sus derechos a las y los propietarios de terrenos rurales. ¿A quiénes favorece este servicio? ¿Sólo a escogidos que tienen los recursos para comprar grandes propiedades, y que además compran a un costo mínimo?

Solicitamos por este medio corregir estos excesos y arbitrariedades contra ciudadanos que cumplimos con nuestras obligaciones, las mismas que permiten el pago de los sueldos del personal de este servicio y otros servicios que difícilmente hoy podemos llamar “servicios públicos”.

En nombre de muchos afectados.