Todos los días vivo con la angustia de no saber si podré cubrir los gastos que antes daba por seguros. Como jubilada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), confiaba en ciertos ingresos para cubrir necesidades básicas: alimentos, consultas médicas especializadas, medicamentos e incluso seguros médicos para mí y mis hijos. Estos ingresos también fueron destinados para pagar créditos bancarios que adquirí con el propósito de asegurar la mejor educación para mis hijos, y lo más grave, de mi pensión depende también el bienestar de mi madre.

Recientemente, el Artículo 127 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos fue modificado, afectando directamente mi vida y la de miles de jubilados de empresas paraestatales y organismos descentralizados como son la CFE, Petróleos Mexicanos (Pemex), y Luz y Fuerza, entre otros. Esta modificación es más que un simple cambio legal, es un acto que socava derechos humanos ya adquiridos, la certeza jurídica y los derechos de los adultos mayores.

Este acto tiene un impacto devastador en nuestras vidas diarias. Según cifras de los organismos afectados, miles de nosotros vemos comprometida nuestra estabilidad económica y, por ende, nuestro acceso a condiciones de vida dignas, un derecho fundamental. La no retroactividad de la ley debe ser respetada; un principio elemental de justicia que asegura que las leyes no tendrán efecto sobre situaciones anteriores a su promulgación, garantizando la seguridad jurídica.

Exijo que las autoridades competentes revisen esta modificación al Artículo 127 y restablezcan los derechos previamente ganados por los jubilados. Hago un llamado con urgencia para que se evalúe el impacto de esta enmienda y se revierta su aplicación injusta. Se debe proteger a quienes dedicaron años de servicio y esfuerzo al desarrollo del país.

Firma esta petición para instar a los legisladores a corregir este error que afecta a los jubilados y protege el futuro de aquellos que dependen de estas pensiones para sobrevivir.