El sistema VeriFactu debía ser obligatorio para empresas y profesionales en 2026. Sobre esa fecha oficial, 1 de enero de 2026 para sociedades y 1 de julio de 2026 para autónomos, miles de compañías tecnológicas, asesorías, pymes y autónomos hemos tomado decisiones de inversión muy relevantes.

Hemos desarrollado y adaptado software de facturación y TPV. Hemos comprado licencias, servidores, hardware, servicios en la nube y consultoría. Hemos contratado personal técnico específico, formado equipos internos y a clientes finales, realizado migraciones de sistemas y cambiado procesos internos. Todo ello para llegar a tiempo a 2026, cumpliendo el calendario marcado por la propia Administración.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido aplazar la obligatoriedad de VeriFactu hasta 2027, 1 de enero para sociedades y 1 de julio para autónomos, tras meses de incertidumbre y comunicaciones confusas.

Este retraso, presentado como un “balón de oxígeno”, supone en la práctica un grave perjuicio para quienes sí hemos cumplido con los plazos oficiales y hemos apostado por la adaptación temprana.

¿Por qué este aplazamiento es injusto para los que ya han invertido?

Rompe la confianza legítima en los plazos oficiales.

Durante años, Hacienda y la AEAT han comunicado 2026 como horizonte de obligatoriedad. La planificación de inversiones, la contratación de personal y el diseño de productos se ha hecho fiándose de esas fechas. Cambiar ahora de 2026 a 2027, a pocos meses de la entrada en vigor, rompe cualquier previsibilidad y transmite un mensaje peligroso: cumplir pronto y bien no compensa.

Penaliza a los cumplidores y premia a los que han esperado.
Las empresas que han corrido, invertido y asumido riesgos se encuentran ahora con un año más sin retorno esperado, con clientes que pueden retrasar decisiones porque “ya no corre tanta prisa”. Quienes no se han preparado ganan un año más sin costes ni presión, a costa de la inseguridad y el daño económico de los que sí se han tomado en serio la norma.

Genera inseguridad jurídica y económica.
No se discute que el Estado pueda ajustar plazos si lo considera necesario. Lo que se denuncia es que el cambio de 2026 a 2027 llega tarde, con el mercado ya movilizado y gran parte de las inversiones realizadas. Se ha hecho con opacidad, sin un diálogo estructurado con el sector tecnológico ni con una memoria de impacto pública y detallada antes de modificar el calendario. Se proyecta una imagen de improvisación normativa que desincentiva la inversión en futuros proyectos de digitalización.

Descuadra por completo planes de negocio y contratos.
Muchas empresas de software, consultorías y asesorías han firmado contratos, dimensionado equipos y fijado precios basándose en el hito 2026. Ahora ven cómo se deshacen previsiones de ingresos, planificación de proyectos y compromisos con proveedores y clientes, sin ningún tipo de mecanismo de compensación ni reconocimiento del daño sufrido.

¿Quiénes somos los afectados?

Fabricantes y distribuidores de software de facturación y TPV, que han invertido fuerte para tener soluciones totalmente operativas en 2025 y 2026.
Asesorías y despachos profesionales, que han reorganizado su cartera de servicios y estructura de personal para acompañar la implantación en 2026.
Pymes y autónomos que ya han comprado programas preparados para VeriFactu, han migrado sistemas y formado a su plantilla pensando en el calendario oficial.
Cualquier negocio que, actuando con diligencia y buena fe, ya ha hecho el esfuerzo económico que ahora se retrasa en el tiempo sin ninguna previsión de retorno.

No pedimos frenar la lucha contra el fraude ni paralizar la digitalización. Pedimos respeto a quienes ya hemos cumplido con lo que el propio Estado marcó.

¿Qué denunciamos?

Opacidad en el proceso de aplazamiento.
Falta de información clara y anticipada sobre la posibilidad real de retraso. Ausencia de un proceso de consulta efectivo con el sector antes de mover las fechas.
Inseguridad jurídica y de mercado.
La sensación de que cualquier calendario oficial puede cambiarse en el último momento, dejando desprotegidas a las empresas que planifican con seriedad.
Daños y perjuicios económicos concretos.
Costes de desarrollo, infraestructuras, licencias y personal ya asumidos para llegar a 2026. Pérdida de oportunidades comerciales y necesidad de reestructurar planes de negocio. Situaciones límite para pequeñas empresas tecnológicas que contaban con 2026 como año clave para recuperar su inversión.

¿Qué reclamamos?

Transparencia total y explicaciones públicas sobre el aplazamiento a 2027.
Que el Ministerio de Hacienda y la AEAT publiquen una memoria de impacto detallada que justifique el cambio de fechas, con datos sobre el grado de adopción, las alternativas estudiadas y las consecuencias económicas previstas. Que comparezcan ante el Congreso para explicar los motivos del retraso y responder a las preguntas de los sectores afectados.

Garantías de estabilidad y no improvisación.
Que se introduzcan cláusulas de estabilidad que impidan nuevos cambios de fecha sin, al menos, un periodo mínimo razonable de preaviso y un procedimiento reglado de consulta. Que se respete 2027 como fecha definitiva, sin nuevas rectificaciones de última hora.

Medidas de compensación por los daños causados.
Que el Gobierno y las Cortes Generales establezcan deducciones fiscales extraordinarias para inversiones ya realizadas, desde la aprobación del Reglamento y hasta el anuncio del aplazamiento, en desarrollo y adaptación de software a VeriFactu, compra de licencias, hardware, servicios en la nube y consultoría vinculada a esta exigencia legal, así como formación específica relacionada con la implantación de VeriFactu.

Que se creen líneas de ayuda directas para las pequeñas y medianas empresas tecnológicas más afectadas por el retraso.

Que se habiliten mecanismos ágiles para que las empresas puedan acreditar y reclamar los daños y perjuicios directamente derivados de este cambio de calendario.

Asunción de responsabilidades.
Que se depuren responsabilidades políticas y técnicas por una gestión de plazos que ha generado inseguridad jurídica y perjuicios económicos a miles de empresas. Que se revisen los procedimientos internos para que una situación similar no vuelva a repetirse en futuras reformas tecnológicas de gran impacto.

¿Por qué firmar esta petición?

Firma si has invertido en adaptar tu software o tu empresa a VeriFactu con el horizonte de 2026, si eres proveedor tecnológico o asesoría que ha reorientado su actividad confiando en ese calendario, si eres pyme o autónomo que ya ha hecho el esfuerzo económico de adaptarse o si crees que la Administración debe ser la primera en cumplir sus propios plazos, actuar con previsibilidad y reparar el daño cuando cambia las reglas a mitad de partido.

La lucha contra el fraude y la digitalización son objetivos compartidos, pero no pueden construirse a costa de la seguridad jurídica ni del sacrificio unilateral de quienes cumplen.

Por un marco estable, por el respeto a la inversión ya realizada y por la defensa de miles de empresas y empleos, firma y comparte esta petición.