Recurso de protección contra el TPP-11

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    Recurrimos de Protección en contra de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados Sres. MATIAS WALKER PRIETO, JORGE ALESSANDRI VERGARA, GABRIEL BORIC FONT, JUAN ANTONIO COLOMA ALAMOS, LUCIANO CRUZ-COKE CARVALLO, MANUEL DIAZ DIAZ, CAMILA FLORES OPORTO, GONZALO FUENZALIDA FIGUEROA, HUGO GUTIERREZ GALVEZ, TOMAS HIRSCH GOLDSCHMIDT, PAULINA NUÑEZ URRUTIA, JOSE SAFFIRIO ESPINOZA y LEONARDO SOTO FERRADA, todos Diputados de la República, ignoramos mayores antecedentes, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Pedro Montt s/n, Valparaíso, sin perjuicio de que la política exterior de un País, según consta en nuestra Constitución está a cargo fundamentalmente del Presidente de la República.

LOS HECHOS:

En efecto, Los suscritos sostenemos que la aprobación del Tratado Transpacífico de Cooperación (TPP en sus siglas en inglés) constituye una grave infracción a la Constitución como se analiza a continuación, pero por sobre todo representa un atentado directo que afecta nuestra Soberanía Nacional.

QUORUM

Es extremadamente grave que se vote el Tratado como ley simple en circunstancias que  requiere un quorum de Ley Orgánica Constitucional -4/7 de los diputados en ejercicio-,   y en ese aspecto hacemos nuestro lo informado por la Dra. Liliana Galdámez Zelada al Sr Presidente de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento con fecha 9 de abril del presente, coincidiendo absolutamente con lo consignado en él y que expresa:

“La cuestión de aprobación de los tratados internacionales ha sido tratada en el art. 54 No 1 de la Constitución que señala: Son atribuciones del Congreso: “1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que     17.08.1989 le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá, encada Cámara, de los quórum que corresponda, en conformidad al artículo 66, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley”. En esta materia ha sido el Tribunal Constitucional quién ha desarrollado una doctrina consistente respecto a  los quórum de aprobación de los tratados internacionales sometidos a aprobación del Congreso Nacional, en este sentido ha dicho que: “Fuerza concluir que las disposiciones del tratado -en el caso que contemple normas de distinta naturaleza- se aprobarán o rechazarán aplicando el quórum que corresponde a los distintos grupos de ellas; pero el proyecto de acuerdo de aprobación del tratado sólo se entenderá sancionado por la respectiva Cámara Legislativa cuando todas las disposiciones del tratado hubiesen sido aprobadas en ella”. De esta manera, cada disposición del tratado podría requerir, conforme su naturaleza, de distintos quórum de aprobación.

En el caso de la disposición que por este medio informo, se deberá tener presente asimismo, otro criterio fijado por el propio Tribunal Constitucional en causal rol 346 de 8 de abril de 2002, donde el Tribunal Constitucional señala que “38º. Que, la soberanía se ha entendido como el Poder del Estado, o en forma más precisa, como una cualidad de dicho Poder: no admite a otro ni por encima de él ni en concurrencia con él;39º. Que, el concepto de soberanía ha evolucionado con los tiempos de manera que hoy se reconoce que limitan su ejercicio los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, como lo dice expresamente nuestra Carta Fundamental;40º. Que, el Constituyente ha sido claro al referirse ala soberanía. Ha señalado con precisión quien es su titular –la Nación, o sea, aquella agrupación de personas, unidas por vínculos materiales y espirituales, que los hace tener conciencia de poseer caracteres comunes que les permite diferenciarse de otros grupos nacionales, y en que los individuos manifiestan y demuestran tener la voluntad de conservar esos lazos de unidad. Se comprenden en este concepto, las generaciones pasadas, presentes y futuras. Ha indicado, también, quien ejercita la soberanía: el pueblo y las autoridades que la Constitución establece y ha adoptado una posición acorde con los tiempos actuales, al señalar que cuando se ejercita existe un límite que es el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana;41º. Que, las únicas autoridades que pueden ejercitar soberanía son las que la Constitución establece, entre las que destaca el Presidente de la República, el Congreso Nacional y los Tribunales de la Nación. Las funciones y atribuciones que la Constitución entrega a estas autoridades constituye la forma en que la soberanía se manifiesta y se hace realidad;42º. Que, entre las distintas funciones públicas, entregadas por la Constitución a las autoridades que ella establece, está la función jurisdiccional que viene a ser un aspecto de cómo se ejercita la soberanía nacional;43º. Que, este Tribunal Constitucional ha invocado, y lo hace una vez más, el concepto e jurisdicción en los siguientes términos: el poder-deber que tienen los tribunales para conocer y resolver, por medio del proceso y con efecto de cosa juzgada, los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal, dentro del territorio de la República y en cuya solución les corresponda intervenir (Colombo Campbell, Juan, "La Jurisdicción en el Derecho Chileno", Ed. Jurídica de Chile, 1991, pág. 41);44º. Que, nuestra Constitución Política caracteriza la jurisdicción como una función pública emanada de la soberanía, lo que resulta de aplicar los artículos 5º, 6º y 7º de la Constitución, y entrega su ejercicio en forma privativa y excluyente a los tribunales establecidos por ella o la ley, que son "las autoridades que esta Constitución establece". Así se desprende nítidamente de las disposiciones constitucionales contempladas en los artículos 73, 74, y de los Capítulos VII y VIII, que establecen al Tribunal Constitucional y a la Justicia Electoral, respectivamente. Debe señalarse que, cuando la Constitución habla de "la facultad de conocer"; "la pronta y cumplida administración de justicia"; " Son atribuciones del Tribunal Constitucional"; "El Tribunal conocerá y resolverá", son todas manifestaciones del ejercicio de la función jurisdiccional o jurisdicción de que se encuentran envestidos los tribunales de la República;45º. Que, como la función jurisdiccional es expresión del ejercicio de la soberanía, sólo la pueden cumplir las autoridades que la Constitución establece. El mandato de su artículo 5º, inciso primero, no admite dudas sobre el particular, sea que las autoridades jurisdiccionales a que alude se encuentren dentro o fuera del "Poder Judicial". De esta manera, a la Corte Penal Internacional el Tratado, precisamente, le otorga jurisdicción para eventualmente conocer de conflictos ocurridos dentro del territorio de la República, y que deberían ser de competencia de algún tribunal nacional. Este específico reconocimiento de potestad jurisdiccional para ser ejercida por una autoridad no establecida por nuestra u Carta, entra en frontal colisión con la norma recordada, por lo que hace evidente su inconciliabilidad;46º. Que, los artículos 73 y 19, Nº 3, de la Carta Fundamental, consagran expresamente a la jurisdicción en el sistema constitucional nacional. La potestad jurisdiccional le permite a los tribunales conocer, resolver y hacer cumplir lo juzgado, excluyendo en el área de los conflictos sometidos a su poder cualquier injerencia de autoridad alguna, nacional o internacional, como se desprende del artículo 73 de la Constitución, en cuanto expresa "Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisarlos fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos". El deber se consagra en el inciso segundo del artículo73, de la Carta Fundamental, que contiene la llamada regla de la inexcusabilidad, y que dice: "Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión". Siendo así, en la medida que se incluyan disposiciones de un tratado que complementen o eventualmente corrijan la situación antes descrita, deberán necesariamente incorporarse a nuestro sistema jurídico a través de una reforma a la Constitución;47º. Que, cabe destacar el último artículo mencionado, que en su inciso primero, dice:"Artículo 79. La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales militares de tiempo de guerra."…Por su parte los artículos 6º, 7º y 19, Nº 3, en concordancia con el artículo 5º, inciso primero, expresan que la jurisdicción como ejercicio de soberanía se ejecuta por las autoridades que esta Constitución "establece". Recordemos que los tribunales, incluyendo a esta Magistratura, como órganos del Estado, deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y que éstos solo actúan válidamente dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley;50º. Que, de las disposiciones invocadas, debe concluirse que todo conflicto en cuya solución exista un interés público comprometido queda necesariamente sometido al conocimiento y decisión de los tribunales establecidos por la ley chilena. Por el contrario, si estamos en presencia de derechos disponibles, podrá prorrogarse la competencia entre tribunales nacionales e incluso, como se ha hecho, a tribunales internacionales o de otros países. Las materias cuyo conocimiento se entrega a la Corte Penal Internacional, por su naturaleza, son improrrogables por lo cual, para que Chile reconozca la jurisdicción de tribunales supranacionales deberá incorporar una nueva preceptiva constitucional a su sistema interno”.

Las consideraciones del Tribunal Constitucional en el caso ya señalado, ya partir del el carácter imperativo de la disposición contenida en el artículo 9 No 19, cuando señala que, las reclamaciones que se deriven de una controversia relativa a inversión, que no haya sido resuelta dentro de los seis meses a partir de su recepción por parte del demandado de una solicitud por escrito para la realización de consultas de conformidad al Artículo 9.18.2a) el demandante, por cuenta propia, podrá someter a arbitraje de conformidad con esta Sección una reclamación, que se desprende que las controversias relativas a inversiones contenidas en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, alterarían las reglas competencia de los tribunales nacionales para conocer de los incumplimientos y reclamaciones que puedan suscitares en el desarrollo de las obligaciones que el tratado reconoce cuando se trata de materias relativas a inversión. En efecto, conforme al tenor de la disposición, el demandante, por cuenta propia podrá someter a arbitraje, es decir, una de las partes tiene la potestad de  activar el mecanismo del arbitraje, lo que obligaría a la otra, esta última, a su vez, no podría recurrir a la solución de la controversia conforme las reglas generales de jurisdicción. Ello me lleva a sostener que, de conformidad al artículo 77 de la Constitución,  estaríamos ante una norma de carácter orgánico

constitucional que requeriría para su aprobación de un quórum equivalente a la cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio (artículo 66 de la Constitución).”

Solución de Diferencias

Uno de los temas que generó las mayores tensiones en el seno de las discusiones del TPP, se refiere a las cláusulas relativas a la solución de disputas entre inversores y el Estado (ISDS, por sus siglas en inglés). Al respecto, el examen del Esquema 5 del Anexo permite determinar los sectores y temas que distintos miembros no han querido sujetar a las reglas que impone el Capítulo 28 del TPP.

Las reglas más importantes que finalmente se establecen en este capítulo, imponen límites a las expropiaciones; proveen a las firmas extranjeras de los mismos derechos y beneficios que las locales (tratamiento nacional) o de firmas de terceros países (Cláusula de la Nación Más Favorecida), requiriendo de los gobiernos un trato justo y equitativo con respecto a las empresas extranjeras.

Para fortalecer la aplicación de estas normas, se cuenta con tribunales de arbitraje (ver Anexo, Esquema 6) que permiten a las firmas extranjeras oponerse a lo que estimen como “trato injusto” por los gobiernos locales, obteniendo compensaciones a sus reclamos si estas resultan justificados.

El propósito de este capítulo es favorecer que las Partes puedan alcanzar en forma rápida la solución de sus disputas relativas a la implementación del Acuerdo. Las Partes deben, en primer lugar, llevar a cabo todos los esfuerzos posibles para resolver sus diferendos por vía de la cooperación y la consulta, acudiendo al uso de otros mecanismos de resolución cuando resulte apropiado.

Si esto no es posible, las Partes deberán acudir a paneles que se consideran imparciales. Los mecanismos que con ese objeto son incluidos en el capítulo se aplican a lo largo de todo el Tratado con pocas excepciones.

Cuando las Partes requieren el establecimiento de un panel, este debe ser operativo sesenta días después para consultas y en 30 días para el caso de bienes perecederos. Estarán compuestos por tres expertos en comercio internacional independientes de las Partes en disputa. Estarán sujetos a un código de conducta para asegurar su integridad. Presentarán un informe especial a las Partes en un plazo de 150 días a partir de que son establecidos, y en 120 días, en caso de urgencia.

El Acuerdo precisa que el inversor que genera un caso contra un gobierno –por ejemplo, cuando considera que una regulación establecida por este puede disminuir sus beneficios- debe proveer los elementos que justifiquen su reclamo; permite participar a las organizaciones sociales que no son parte y define que puede entenderse como “legítimos objetivos destinados al bien público” como base para defender las medidas o regulaciones que pudo haber adoptado el país receptor y también establece un código de conducta para los árbitros del ISDS (BID-INTAL, 2015).

En este marco, cabe señalar que un estudio realizado sobre la conveniencia de aplicar ISDS en un acuerdo entre EE.UU. e Inglaterra evaluó que sus beneficios serían pequeños, dado que el gobierno estadounidense evalúa a la UK como “un lugar muy seguro para invertir”.

Por lo tanto, el sistema de ISDS parece ser menos útil cuando se trata de inversiones en países desarrollados. Ampliando esas conclusiones, dado que el TPP es un Acuerdo que incorpora países desarrollados y en desarrollo, no debería limitarse la aplicación de las medidas de ISDS en aquellos diferendos que puedan presentarse, dado que los tribunales nacionales “no son, frecuentemente capaces de llevar a cabo esfuerzo adecuados y en ocasiones, estos son incompetentes” (Paulsen, 2013).

El sistema de solución de controversias permite a los inversores privados demandar a los Estados ante el Centro Internacional de Solución de Diferendos Relativos a las Inversiones (CIADI, del Banco Mundial).

El TPP11 reconoce el derecho de los Estados a regular, pero a su vez permite que una empresa transnacional demande a Chile por realizar regulaciones públicas que afecten sus “expectativas razonables de inversión” (anexo 98 3. a.ii). Esta sola circunstancia confírma cómo afecta directamente nuestra Soberanía Nacional. Y ya ocurrió, de hecho, en la demanda de Techmed contra México, en donde este País tuvo que pagar una indemnización por intentar “regular” el tratamiento de desechos tóxicos en la empresa que dañaban la salud de los habitantes.

De igual manera, se especifica que las Partes no están obligadas a proveer información bajo el TPP si esta resulta contraria al interés público o puede perjudicar los legítimos intereses comerciales de empresas particulares. Toda esta normativa atenta contra el n° 3 del art. 19 de la Constitución Política del Estado. Por cuanto omite la participación del Poder Judicial de Chile en cualquier diferendo entre empresas y el Estado.

En consecuencia, es absolutamente ilegal que se vote el Tratado TPP 11 con el quórum de ley simple ya que los Tribunales de Justicia perderían su potestad y pasarían a depender o ser obliterados por árbitros internacionales absolutamente desconocidos y que responden a quién sabe qué intereses.

Agricultura:

Si bien su porcentaje de participación es más reducido (del 10% al 13%, con excepción de Nueva Zelanda)- los productos de granja presentaron muchas dificultades en las negociaciones.

Los mayores exportadores –EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda- ejercieron fuerte presión para incrementar la apertura de los mercados de los miembros restantes. No obstante, simultáneamente tanto EE.UU. como Canadá adoptaron posiciones muy rígidas en cuanto a la apertura de sus mercados. Se procuró proteger a sus productores ante una competencia externa capaz de proveer productos de buena calidad a un precio mucho menor. En ese contexto, cabe citar como ejemplo al Representante de Comercio de los EE.UU., que señaló que “cualquier fuera el resultado de las negociaciones, lo que se acordara no podía afectar el programa del azúcar estadounidense” (Pearson, 2015). Esto vulnera el art. 19 n° 21 de la Constitución y n° 22.

Hubo promesa presidencial de la ex Presidente Bachelet con respecto a ley de obtentores vegetales UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales ) que entró en vigencia en 1968, con varias revisiones y la última revisión en 1991. Chile firmó en 1996 y, en orden a que los alimentos genéticamente modificados atentan contra la salud ciudadana, prometió se lo sometería a consulta ciudadana.

El Ministerio de Desarrollo Social se opone a que se practique la consulta indígena que prevee el Convenio 169 de la OIT para los temas que les atañen directamente.

La agricultura generalmente permanece protegida por cuotas con altas tarifas y un amplio espectro de barreras no arancelarias. Se presenta aquí una clara contraposición entre el “deber ser” del Acuerdo –la liberalización del comercio agrícola- y los fuertes intereses que representan los productores y los distintos lobbies empresarios en cada país, que generalmente poseen una alta capacidad de incidencia sobre las políticas gubernamentales.

Los mayores exportadores han ejercido fuertes presiones para abrir los mercados externos a sus productos, mientras se preserva -con una amplia gama de medidas- el acceso al mercado interno.

Así, las grandes potencias ingresan a las negociaciones sin voluntad de reducir de manera sustantiva las restricciones con que cuenta el ingreso a su territorio de productos agrícolas que afecten a esos intereses. Por lo expuesto, en cuanto compete a los bienes agrícolas, el TPP asume una figura compleja dados distintos entramados de acuerdos entre algunos miembros, que se halla muy lejos de avanzar en parámetros concertados entre todos los miembros para la reducción de las barreras existentes. La agricultura, a menudo permanece protegida por altas tarifas y cuotas restrictivas. Esto atenta contra el n° 22 del art. 19 de la Constitución Política del Estado.

Propiedad intelectual:

Surgen así  en el TPP fuertes críticas al intento de continuar expandiendo y profundizando las obligaciones sobre Derecho de Propiedad Intelectual (DPI). Por ejemplo, distintos países plantearon que un exceso de regulación en propiedad intelectual reduce las posibilidades de generar innovación, eleva sustantivamente el precio de las medicinas y ubica a los países que importan tecnologías en una situación de gran desventaja competitiva.

El Capítulo de Derecho de Propiedad Intelectual cubre patentes, marcas registradas, diseños industriales, indicadores geográficos, derechos de autor, secretos comerciales y otras formas de propiedad intelectual, así como sus reglas de aplicación. También se atenta contra el n° 25 del art. 19 de la Constitución Política del Estado.

Acuerdos comerciales:

Contiene mecanismos de salvaguarda de carácter transitorio. Estos permiten a una Parte aplicar esas medidas durante cierto período de tiempo si las importaciones aumentan como resultado de una reducción tarifaria implementada bajo el TPP que causa un perjuicio serio a una industria nacional.

Las Partes que impongan este tipo de medidas deben cumplir con los requerimientos de notificación y consulta correspondientes.

Este capítulo también establece reglas que requieren que una Parte que aplica medidas de salvaguardia transitorias, provea compensaciones mutuamente acordadas. Asimismo, las Partes no pueden imponer más que una salvaguarda al mismo producto, al mismo tiempo y no pueden hacerlo en todo producto importado bajo las cuotas del régimen tarifario. Por último, pueden ser excluidos los productos TPP de medidas de salvaguarda de la OMC si esas importaciones no generan amenaza o serio perjuicio.

También se prohíben las exportaciones que no se basen en un propósito público sin el debido proceso o sin compensaciones y no se permite aplicar “requerimientos de desempeño” a las empresas, tales como porcentajes de contenido local o de localización de tecnología. Atenta contra el n° 2 del art. 19 de la Constitución Política del Estado, en cuanto esas normas significan garantizar la existencia de grupos privilegiados. Asimismo contra el n° 21 y 22°.

El capítulo también establece que las disputas en torno a las inversiones deben contar con arbitraje internacional, neutral y transparente, dotado de fuertes salvaguardas para prevenir reclamos abusivos y asegurar el derecho de los gobiernos a adoptar regulaciones de interés público, incluyendo medidas relativas a la salud, seguridad y protección ambiental. Los procedimientos de salvaguarda incluyen: procedimientos arbitrales transparentes; amicus curiae; no participación de actores que no sean Parte; rápido procesamiento de reclamos frívolos; restringe interpretaciones conjuntas realizadas por Partes del TPP; límites temporales para presentar los reclamos y reglas que previenen que el reclamo sea presentado en procedimientos paralelos. Atenta contra el n° 3 inciso quinto del art 19 de la Constitución Política del Estado.

La liberalización de las compras gubernamentales requiere de los miembros del TPP eliminar medidas discriminatorias en contratos que hasta entonces recibían un tratamiento diferencial, para permitir que empresas de otros países miembros puedan competir en igualdad de condiciones con las nacionales. La inclusión y aplicación en este capítulo del Tratado varía según el valor de los contratos (existen numerosas especificaciones sobre este punto). Así, por ejemplo, se les permitió a los países de menor desarrollo relativo (ej.: Malasia, Vietnam y Brunei) mantener valores no afectados por estas normas –en términos de bienes y servicios adquiridos por sus gobiernos- más altos que los países mayores y contar con plazos temporales mayores para su adecuación final a los estándares fijados. Atenta contra el n°2 del art. 19 de la Constitución Política del Estado. Porque evidentemente intervendrían empresas de carácter multinacional mucho más poderosas y por tanto en una situación de privilegio frente a nuestras empresas de carácter menor.

Empresas Públicas:

El TPP 11 no prohíbe la creación de más empresas públicas pero sí impide su operación posterior. El art. 17.7 dice que un Estado no puede entregarle “asistencia no comercial” a las empresas estatales. Si lo hace, podría ser demandado por las empresas privadas transnacionales cuyas ventas se vean afectadas por el mejor rendimiento de las empresas públicas.

Sector farmacéutico:

En la controvertida sección relativa al sector farmacéutico, se adoptan normas que procuran facilitar el desarrollo de medicinas innovadoras y la disponibilidad de medicinas genéricas, teniendo en cuenta los períodos de tiempo que distintas partes requieren para alcanzar esos estándares. El capítulo incluye compromisos vinculados a la protección de exámenes y de información reservada relativa a la obtención para su entrada en el mercado, de nuevos productos farmacéuticos y de otros de carácter químico utilizados para la agricultura.

Por lo tanto, la “exclusividad de información” impide que otra medicina genérica compita con la droga original, mientras dure en vigencia. Cuando el período de protección finaliza, el remedio pasa a ser protegido solamente por su patente. El TPP requiere que tanto los miembros presentes como futuros del TPP provean este tipo de protección, estableciendo para ella un período mínimo de 5 años en el caso de drogas químicamente sintetizadas y 8 años, para drogas basadas en biotecnología ( biologics) (Branstetter, 2016) . El propósito de esta norma es proteger a la empresa que eleva a examen de las autoridades la droga ante copias y venta de productos biológicamente similares sin que tengan que gastar en su desarrollo los recursos financieros correspondientes al período de pruebas. El resultado es que el TPP 11 hace más difícil la compraventa de los genéricos, lo que incide en un alza de precios de los medicamentos en Chile. El artículo 18.53 extiende de forma indirecta el tiempo de monopolio del medicamento, obligando al Instituto de Salud Pública a suspender la autorización de un genérico para darle al dueño de la patente tiempo para recurrir a la Justicia, demorando así la salida de los genéricos. Lo anterior, atenta contra el n°21 del art 19 de la Constitución Política del Estado, toda vez que consolida los monopolios y frena la investigación científica en aras de productos bioequivalentes.

Trabajo:

Los “Cuatro Principios y Derechos Fundamentales para el Trabajo”, adoptados en 1998 por la OIT: a) libertad de asociación con reconocimiento efectivo del derechos a la negociación colectiva; b) la eliminación de toda forma de trabajo forzado o compulsivo; c) la abolición del trabajo infantil; d) la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación, no se incorporaron al TPP. Finalmente, las Partes acordaron adoptar y mantener en la práctica los derechos fundamentales reconocidos por la OIT. En ese marco se contemplan disposiciones que rigen salarios básicos, horas de trabajo, seguridad y salud, incluyendo dentro del ámbito de su aplicación, las Zonas Especiales de Producción para la Exportación. Sin embargo en los hechos se le está impidiendo el amparo legal de esos derechos, por lo cual se vulnera el n° 16  y 19 del art. 19 de la Constitución Política del Estado.

Privacidad de los datos:

El TPP 11 limita la capacidad de proteger los datos personales porque obliga a los países a permitir la transferencia de nuestra información personal con el fin de facilitar el comercio electrónico (art. 14.1). El Tratado también impide obligar a una empresa a instalar sus servidores dentro del territorio nacional (art. 14.13)

“Como puede percibírselo hasta este momento, ya sea que se considere el contenido de sus capítulos las razones de carácter geopolítico y geoeconómico que condujeron a su concreción, el TPP parece generar más interrogantes que respuestas; más incertidumbres sobre la viabilidad y sustentabilidad de su funcionamiento, al igual que de las consecuencias de su impacto en Asia Pacífico, los vínculos transpacíficos y su incidencia en el sistema de comercio internacional en las distintas regiones del mundo.”

En definitiva, detrás de las palabras del TPP   -más de 6000 páginas- podría esconderse una realidad abrumadoramente insospechada que precisamente perjudica a las Naciones más débiles ya que es un Acuerdo realizado por las grandes corporaciones transnacionales de comercio para garantizar que sus inversiones en los países firmantes no tendrán pérdidas, mediante los siguientes mecanismos:

-Podrían eliminarse  derechos laborales como salario mínimo, vacaciones, indemnizaciones por años de servicio, pre y post natal, trabajo infantil y aumento de años para jubilar.

- Se incorpora un acápite que por sí solo bastaría para rechazarlo absolutamente, en cuanto mediante él, se elimina la Soberanía Nacional, de tal manera que pasaríamos a ser menos aún que una Colonia, en la condición de una verdadera factoría comercial: como lo advirtió el ex-Presidente José Manuel Balmaceda y más tarde aunque en términos más sutiles, Pedro Aguirre Cerda: Chile deberá consultar con las grandes empresas y los Gobiernos firmantes sobre cambios en las leyes, programas y políticas públicas. Si Chile llega a aprobar una ley que amenace sus ganancias, el Estado deberá indemnizar a las empresas por las “supuestas” pérdidas.

- Así también afecta inclusive nuestra propia salud y sobrevivencia, al privatizar las semillas: será un delito plantar, guardar semillas e intercambiarlas, sólo se podrá comprar a las empresas autorizadas. Aumentará así el uso de plaguicidas y el daño a la salud.

-Encarecerá los medicamentos pues no se podrán comercializar bioequivalentes, ni innovar con medicamentos nuevos. Lo cual, sería tan grave como la denuncia hecha en Brasil hace algunos años y publicada por la prensa, de que ya habría alrededor de 18.000 medicamentos en circulación, en circunstancias que tan sólo debería haber alrededor de 364 medicamentos.

-Restringirá aún más el acceso a la salud: los hospitales públicos y privados deberán pagar licencias para efectuar intervenciones médicas “patentadas”.

- Limitará el acceso a internet: se deberá pagar para bajar información, libros, música, películas, documentales, etc...

Peor aún:

-Profundiza el monopolio de los Recursos Naturales del País: el agua, el mar, la tierra, el cobre, el litio, forestales y otros en manos extranjeras. El 28% del cobre que aún está en manos del Estado, deberá privatizarse. En circunstancias que el n° 24 del art. 19 de la Constitución Política del Estado, en su penúltimo inciso queda en los hechos eliminada la facultad del Presidente de la República consignada en ese acápite.

Tal vez el hecho que ya por sí reviste caracteres en extremo graves, consiste en que el TPP se negoció en secreto, fue firmado por el Gobierno de Chile el 8 de marzo de 2018 y el TPP    -alrededor de 6000 páginas- no es susceptible de modificación, es decir, se aprobará o no en bloque. Durante las negociaciones del TPP 11, el ejecutivo chileno mantuvo una actitud cerrada frente a las críticas de la ciudadanía. A diferencia de Nueva Zelanda que negoció excepciones en el Tratado para proteger comunidades de los Pueblos Originarios, en Chile la DIRECON no negoció ninguna consulta indígena, garantizada   -sin embargo- por el Convenio 169 de la OIT. Y, como debe saberse, ya hace más de 2500 años, Platón advertía que la mejor manera de demostrar el daño de una legislación, era precisamente hacerla excesiva.

                           

                                         POR TANTO, de acuerdo con lo expuesto, art. 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 29 de marzo de 1977, y demás normas pertinentes,

RUEGO A US.I.: se sirva tener por presentado Recurso de Protección en contra de MATIAS WALKER PRIETO, JORGE ALESSANDRI VERGARA, GABRIEL BORIC FONT, JUAN ANTONIO COLOMA ALAMOS, LUCIANO CRUZ-COKE CARVALLO, MANUEL DIAZ DIAZ, CAMILA FLORES OPORTO, GONZALO FUENZALIDA FIGUEROA, HUGO GUTIERREZ GALVEZ, TOMAS HIRSCH GOLDSCHMIDT, PAULINA NUÑEZ URRUTIA, JOSE SAFFIRIO ESPINOZA y LEONARDO SOTO FERRADA,  ya individualizados y ordenar en el plazo perentorio que indique que:

1- Informen los Sres. Parlamentarios al tenor del articulado expreso contenido en dicho Tratado si acaso son efectivas las consideraciones expuestas en este Recurso.

2- Informen en base a qué presupuestos decidieron que el tratado se votaría como ley simple y no en base a quorum calificado (4/7 de los diputados en ejercicio)

PRIMER OTROSI: A fin de evitarnos graves perjuicios, rogamos a V.S.I. ordenar que se suspenda, de inmediato, la votación del Tratado TPP 11,  mientras se ve el recurso de protección interpuesto.

SEGUNDO OTROSI: Ruego a V.S.I. ordenar las siguientes medidas de prueba:

- Se oficie al Congreso Nacional a fin de que remitan texto íntegro del referido Tratado internacional (más de 6000 páginas)

- Cualesquiera otras que disponga la Ilustre Corte.