En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo adulto de cannabis y ordenó al Congreso de la Unión crear un marco legal que garantizara el ejercicio pleno de este derecho. 

Este mandato no fue una sugerencia: fue una obligación constitucional destinada a poner fin a décadas de criminalización e incertidumbre.

Han pasado más de cuatro años, y el Congreso sigue sin cumplir. Esta inacción legislativa mantiene a millones de personas en un limbo legal, fomenta la informalidad y priva al Estado de herramientas efectivas para proteger la salud pública, la seguridad y los derechos de los ciudadanos.

📘 ¿En qué estado está hoy la regulación del cannabis en México?

1. Actualmente, el derecho al autoconsumo adulto existe, pero no cuenta con una regulación que lo garantice plenamente. Aunque la SCJN ordenó a COFEPRIS otorgar autorizaciones para consumo personal (de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J.10/2019 (10a.), derivada del Amparo en Revisión 237/2014), la autoridad continúa negándolas o retrasándolas, dejando a las personas en un limbo jurídico.
   
   
2. También existe un reglamento para el uso medicinal y de investigación (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2021), pero en la práctica no se aplica: los trámites no avanzan, los pacientes no acceden a productos regulados y la industria médica permanece detenida.
   
   
3. Por último, se permite la comercialización de productos derivados del cannabis con menos de 1% de THC (según la Ley General de Salud, artículo 245, fracción V), lo que representa una apertura parcial. Sin embargo, esta disposición se aprobó sin una regulación secundaria clara, lo que ha generado confusión y contradicciones entre las autoridades sanitarias, aduaneras y de seguridad.

Empresas que producen, importan o comercializan productos derivados de cannabis se enfrentan a criterios cambiantes de COFEPRIS y la Secretaría de Hacienda, así como a retenciones arbitrarias en aduanas y decomisos injustificados. En muchos casos, productos legales según la Ley son tratados como si fueran narcóticos.

En este contexto, las autoridades aplican la ley de manera desigual y arbitraria: se han documentado casos de extorsión, decomisos y detenciones ilegales, aprovechando la falta de reglas claras. En lugar de brindar certeza, la regulación parcial ha creado un terreno fértil para la discrecionalidad y la corrupción, afectando tanto a la industria emergente como a los derechos de las personas.

Esta falta de reglas precisas ha paralizado la inversión, fomentado la informalidad y dejado a los consumidores sin garantías sobre la calidad o inocuidad de los productos. Mientras el Congreso retrasa su responsabilidad, el vacío legal sigue siendo aprovechado por la informalidad y el abuso de autoridad.

🚨  Las consecuencias de la falta de regulación

• Se fortalece el mercado negro y se perpetúa la violencia asociada
• Se obstaculiza el desarrollo de una industria legal, médica e industrial del cannabis
• Los consumidores quedan expuestos a productos sin control de calidad
• Se multiplican los actos arbitrarios y el hostigamiento policial, especialmente hacia jóvenes y comunidades vulnerables
• El Estado pierde ingresos fiscales y oportunidades de inversión
   
  
  

✊ Lo que exigimos

El Congreso debe cumplir con el mandato de la Suprema Corte y aprobar una ley integral de cannabis que:

• Regule la producción, distribución y venta para uso adulto de manera segura y responsable
• Brinde certeza jurídica a productores, comerciantes y consumidores
• Promueva la salud pública, la educación y la prevención del consumo problemático
• Genere oportunidades económicas formales y combata la corrupción
• Garantice los derechos humanos y libertades individuales de todas las personas

📢  Únete al llamado
 
Firma esta petición para exigir que el Congreso apruebe ya una regulación justa, clara y moderna del cannabis, que ponga fin a la incertidumbre, detenga los abusos de autoridad y abra paso a una política basada en derechos, salud y justicia.

¡Regulemos con responsabilidad!