El defensor del pueblo, una figura mediática sin capacidad real para defender los derechos constitucionales de los ciudadanos

Seguramente hayas oído hablar del Defensor de Pueblo. Lo hemos visto en las noticias, en casos como el salto de la valla de Melilla, o con los casos de abusos sexuales en la iglesia católica.

¿Qué es esta figura? El Defensor del pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales, encargado de defender los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas.

Suena bien. Si tienes un problema, parece que puedes acudir a esta institución, y si puedes argumentar un perjuicio en tus derechos como ciudadano, te van a ayudar.

Pero, en la práctica, ésto no es así. Como ejemplo, os voy a contar mi caso:

El 15 de enero de 2.020, salió publicada en un diario la respuesta que me dio el Hospital Ramón y Cajal de Madrid en noviembre de 2.019 (antes de que llegase el covid19), en la que argumentaban que me pasaban las revisiones de 6 meses a 15 meses lo siguiente: “Con relación a su escrito, relativo al deseo de que se agilice la cita para una consulta que tiene pendiente, nos informan de que la demora es debida al incremento de pacientes y por el momento no es posible adelantarlo”

A partir de que salió publicada esa carta en la prensa, no tuve más que problemas en el hospital, no con los médicos del servicio (que son muy buenos profesionales), pero sí cuando tenía algún problema de demora de citas o similar, siempre encontraba un no por respuesta en Atención al Paciente o quizá en un nivel más alto de la jerarquía.

Desde entonces, llevo dos reclamaciones abiertas con el Defensor del Pueblo. La última escindida de la primera, ya que el expediente era ya muy voluminoso, y decidieron hacerlo así para que fuera más manejable.

Pues bien, entre las cosas que yo pedía en mi última reclamación, era que incluyesen en mi historia clínica que había tenido una infección respiratoria por una "pseudomona aeruginosa", una bacteria relevante para mi enfermedad así como difícil de eliminar, y que me explicaran por qué me habían anulado una cita telefónica en septiembre de 2.021 y me la habían dado para febrero de 2.022 (cinco meses después de cuando tenía la cita).

La administración madrileña tardó en contestar nueve meses al Defensor del Pueblo, quien tuvo que hacer dos requerimientos, y no hizo un tercero porque se demoró un mes en el último requerimiento.

Mientras esperaba la contestación, siempre que llamaba para interesarme por mi denuncia, en atención telefónica del Defensor del Pueblo me decían que “el Defensor del Pueblo no está sujeto a plazos”, “se rige por una ley orgánica” y “sólo puede hacer recomendaciones”, sin dejarme hablar nunca con el técnico.

Si no está sujeto a plazos, ¿Cómo va a poder defender problemas reales de los ciudadanos? Si sólo puede hacer recomendaciones, ¿Qué supervisión puede hacer, y cómo nos puede ayudar, realmente con nuestros problemas?

La respuesta que recibió el Defensor del Pueblo por parte de la administración madrileña fue la siguiente:

“Como consecuencia de la pandemia provocada por la enfermedad covid-19, durante muchos meses, ha sido necesario cancelar y reprogramar miles de consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas, tanto por la necesidad de disponer de unidades de cuidados intensivos y camas libres, como para limitar la circulación del virus dentro de los hospitales. Lo que ha provocado, según la información recibida, un sensible incremento en las listas y los tiempos de espera.

En su respuesta, la Administración sanitaria señala que, con el final de la quinta ola epidémica de la covid-19, en septiembre de 2021, se pusieron en marcha una serie de medidas para revertir la situación creada. Entre otras, se investigaron los casos con mayores demoras y la prioridad clínica de los pacientes, ya que las consultas en patologías más graves y urgentes deben atenderse con prioridad, con independencia del momento de su inclusión en la lista. Esta razón motivó, según indica la Administración, el aplazamiento de la cita que tenía usted en septiembre de 2021, asignándole una nueva para el 7 de febrero de 2022. La consejería señala que está programada una revisión para el día 19 de septiembre de 2022.”

Cabe resaltar que ya con anterioridad requerí atención sanitaria especializada, habiéndome negado esta, a pesar de que tuvo que intervenir mi médico de atención primaria (sin que llegaran nunca a contestarle), teniendo como consecuencia la infección por pseudomona, que está incluida entre los dos expedientes que tengo con el defensor del pueblo por respiratorio, y que en Atención al Paciente se han negado a cambiar (el jefe de servicio me contestó por escrito que "El informe no se cambia porque está bien escrito"). Podéis verlo en este artículo y este otro.

La respuesta del Defensor del Pueblo ante esta explicación fue la siguiente:

“Con relación a lo expuesto, por parte de esta institución cabe señalar que durante el periodo en el que permaneció a la espera de la reprogramación de la atención que había sido cancelada, la sexta ola, causada por la variante omicron del SARS-CoV-2, llegó a multiplicar la incidencia, por lo que hubieron de aplicarse medidas con la finalidad de evitar nuevos contagios, impactando esta situación en el funcionamiento normal de los centros. 

Teniendo en cuenta el carácter puntual de las razones que motivaron el aplazamiento de la consulta, se procede a dar por finalizada la actuación iniciada al efecto.”  Y cerraron el expediente.

No tuvieron en cuenta que, ya anteriormente, la administración les había mentido diciendo que estaban realizando un seguimiento de mi enfermedad en atención primaria y, de nuevo, tuve que pedir mi historia clínica en Atención Primaria donde pudieron ver que decían que habían intentado comunicarse con el servicio de neumología sin contestación y que ellos, al no ser un paciente con EPOC, no tenían dentro de los protocolos a los que puede hacer seguimiento desde Atención Primaria mi patología, que requiere de pruebas más especializadas como análisis de esputo.

En aquella ocasión también me la cerraron.

Dieron más validez a la institución que al denunciante. ¿Hay derecho a esto? ¿Quién denuncia, la administración o yo?

No os podéis imaginar la frustración que tuve, teniendo que llegar en todo este proceso a recibir asistencia psicológica.

Desde que me cerraron por última vez la reclamación, les he enviado un PDF con las esperas medias para consultas externas de neumología del período en la que se han cancelado la cita para ese hospital y servicio, indicando que no llega nunca a un mes, y un video con una intervención de la Asamblea de Madrid, en la que un responsable de Atención Sanitaria de la Comunidad de Madrid, al ser preguntado el 3 de Octubre por una diputada del PSOE en la comisión de sanidad por mi caso, dijo que no hay problemas con las listas de espera y que eso son casos puntuales entre millones de madrileños.

Con estas nuevas pruebas esperaba que el Defensor del Pueblo hiciera algo.

Pero tuve que esperar una semana para que registraran mi escrito en el sistema (tenían mucha demora en el registro, me dijeron), y otras tres, para que me contestaran que ellos no tienen competencia en materia sanitaria.

Con esperas de quince días para que te vea el médico de cabecera, de meses o años para que te vea un especialista y habiéndose despedido en abril de 2.022 a 6.000 sanitarios en Madrid, como ciudadano esperaría que el Defensor del Pueblo defendiera los derechos de millones de madrileños, que nos da la Constitución a nivel nacional, y nos quitan a nivel autonómico.

Si hubiera un Defensor del Pueblo real, evidentemente, estas situaciones habrían dejado de producirse. Situaciones que están produciendo desprotección, angustia a las familias, empeoramiento de enfermedades crónicas e incluso la muerte.

¿Dónde está el Defensor del Pueblo ante este ataque masivo al artículo 43, de la Constitución Española, que nos concede el derecho a la salud a nivel nacional, y luego a nivel autonómico se comercia con nuestra salud para hacer negocio con la Sanidad Privada?

Es evidente que algo no está funcionando, no todo es atribuible ni justificable con el covid19.

Concluyo diciendo que el Defensor del Pueblo, actualmente, es una figura que da una falsa sensación de seguridad al ciudadano, ya que realmente no tiene atribuciones para actuar contra la administración cuando hay una vulneración real de derechos (sólo recomendar y poco más), y que no profundiza demasiado a la hora de investigar una denuncia recibida.

Por lo que os pido vuestra firma, para entregarla en el Congreso de los Diputados y pedir que esta institución, que seguramente no sea nada barata, se reforme para que deje de ser algo de cartón piedra y defienda los derechos de todos.

Una reforma que implicaría darle atribuciones para actuar de manera transversal ante vulneraciones de los derechos constitucionales (no sólo recomendar, que no vale para nada), hacer que sus integrantes no hayan pertenecido ni pertenezcan a ninguna organización política (hasta ahora no es así) para garantizar la imparcialidad y una dotación suficiente para acometer este trabajo, estando sujetos a plazos y objetivos que puedan ser medibles y ser auditados de manera pública. 

Para que no sigamos perdiendo derechos. Para que alguien, de una vez, nos quiera y pueda defender de verdad.

Gracias por vuestro apoyo.