Elevamos nuestra voz de rechazo a la deficiente administración de la Sra. Olga Lucía Alfonso Lannini en la dirección de CORTOLIMA, dado que su administración ha estado en función de los intereses de su jefe político, Óscar Barreto y de las multinacionales extractivas. 

Como veedores, ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, queremos recordarle a la Directora de CORTOLIMA que, según la Ley 99 -Ley General Ambiental de Colombia, debe fortalecer la planificación y gestión ambiental, ejercer control y vigilancia de la normativa ambiental, licencias y permisos otorgados a actividades que puedan afectar al ambiente; así como promover la educación y sensibilización ambiental; la investigación para la conservación e impulsar la participación comunitaria, entre otras. Todas estas funciones deben ser guiadas por una visión de cuidado y garantía de derechos a todas las formas de vida presentes y futuras en nuestro departamento, así como su interrelación, interconexión e interdependencia con otros ecosistemas y territorios. 

La triple crisis planetaria (cambio climático, la contaminación y pérdida de biodiversidad) es una realidad que debe ser atendida de inmediato, no es un discurso retórico como muchas veces arguyen para favorecer los intereses de las empresas extractivas (mineras, petroleras, energéticas, agronegocios, mercados de carbono, principalmente) y grupos económicos corruptos. Los estudios científicos, pero también la perspectiva ética y espiritual de autoridades en el tema, nos convocan a movilizarnos pacíficamente, de manera alegre y propositiva. 

Es indignante la doble moral que maneja la Sra. Olga Lucía Alfonso, quien, por un lado, maneja un discurso de protección de la biodiversidad en el departamento, como sucedió en la COP16 sobre Biodiversidad, y por otro, permite la entrega de nuestro territorio a los intereses y voracidad de las empresas extractivas. No encontramos en la administración de CORTOLIMA la capacidad de proteger la estructura ecológica del departamento, promover un pensamiento crítico en los procesos de educación ambiental, vigilar, controlar y evitar las actividades económicas que ponen en riesgo el derecho al ambiente sano, a la salud, a la vida, al agua, entre otros. 

Por ejemplo, la Ruta Dulima (Política Pública Integral de Gestión de Cambio Climático del Tolima), reconoce como principios de la política la justicia climática y la equidad, la precaución, el diálogo de saberes e integridad en la adopción de decisiones, por resaltar algunos. Es indignante que estos principios sean desconocidos en todas las acciones de gestión ambiental, y en especial en las decisiones sobre el licenciamiento ambiental en nuestro departamento. 

Invitamos a la ciudadanía a recuperar CORTOLIMA, una institución que tiene un rol trascendental para el cuidado, protección, conservación y recuperación de los ecosistemas esenciales para vida digna en el departamento, así como para la buena gestión ambiental. No permitamos que la deficiente administración y los clanes políticos corruptos del Tolima le entregue nuestros ríos, valles y montañas a las empresas mineras y petroleras.

Hacemos un llamado de alerta sobre los siguientes casos y demandas:

1. Las actividades mineras, petroleras y el crecimiento urbanístico que ponen en riesgo el Acuífero de Ibagué y la estructura ecológica principal del municipio. 
2. El incontrolado aumento de los monocultivos de aguacate Hass en Cajamarca y otros municipios.
3. La ineficiencia en el cumplimiento en las sentencias y ordenanzas que declaran a los ríos Combeima, Coello, Cocora, Recio, Lagunilla, Totare, Gualí y Saldaña como sujetos de derechos, al igual que ecosistemas como el Parque Nacional Natural de los Nevados. 
   El aumento de la Titulación para minería a gran escala en el departamento.
4. La permisividad con la titulación minera a favor de la multinacional Suiza HOLCIM en la cuenca del río Saldaña y los municipios de Rovira, San Luis, Guamo, Valle de San Juan e Ibagué.
5. La falta de acompañamiento a las comunidades que rechazan la gran minería en el Norte del Tolima, en especial la del municipio de Falan.
6. La decisión de perpetuar la contaminación por el relleno sanitario en La Miel.
7. La prórroga de la licencia ambiental al operador INTERASEO desconoció los parámetros del Plan Nacional de Desarrollo, tales como, valorización de residuos, economía circular e implementación del programa "Basura Cero".
8. La degradación del bosque seco tropical y el inadecuado manejo de los árboles del parque centenario con el costo de vidas humanas.
9. ¿Qué pasó con la responsabilidad de la entidad en este caso? 
   La falta de una ruta de implementación del Acuerdo de Escazú en el Tolima: derechos de acceso y protección a personas defensoras de derechos en asuntos ambientales. 
10. El no actuar contra el uso de pólvora en el departamento que afecta negativamente nuestra fauna doméstica y silvestre. 
     

Resaltamos algunos datos y cuestionamientos sobre la ineficacia e ineficiencia misional:  

1. Entidad entregada a un grupo político con altos intereses burocráticos.  
2. La reestructuración organizacional en 2021 vinculó más directivos que técnicos y expertos en áreas ambientales (aumento de personal del nivel directivo). A pesar de la reestructuración se continúa con una planta de personal paralela a través de vinculaciones por contratos de prestación de servicios.
3. En lo misional nos preguntamos, ¿Cuántas hectáreas han declarado como áreas de reserva en los últimos 4 años? ¿Cuántas hectáreas han adquirido como áreas de importancia ambiental en los últimos 4 años?
4. ¿Cuáles han sido los avances en la implementación de los Planes de Manejo de los POMCAS que están adoptados?
5. ¿Qué ha pasado con la implementación del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Regional de Galilea? 
6. ¿Qué pasó con los Pagos por Servicios Ambientales-PSA, a las comunidades asentadas en el Parque Natural Regional Anaime-Chili que ordenó el acuerdo 023 de 2017 y el avance a su plan de manejo?
7. La tabla de remuneración de la Corporación privilegia el nivel directivo pero no estimula la permanencia de personal de planta altamente calificado fundamental para fortalecer las capacidades institucionales de acción y generación de conocimiento sobre el patrimonio ambiental regional.
8. El contrato de transporte para funcionarios de CORTOLIMA se entregó a una empresa que tiene a los conductores con salarios precarios y viáticos que no cubre dignamente las necesidades básicas de alimentación. La Corporación en cabeza de su directora debería velar porque los prestadores de servicio brinden condiciones dignas de vinculación a su personal.