Rechazamos la Tragedia Ambiental Generada por HidroItuango

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Carta Abierta a la Ciudadanía Colombiana y Pronunciamiento Público de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la Tragedia Ambiental Generada por el Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Medellín, mayo 16 de 2018.

“Una mirada meramente utilitaria sobre la naturaleza que no sea capaz de ver lo que la poesía vio siempre en ella no solo es incapaz de advertir esa interdependencia: tiene la determinación de no advertirla.

Porque una mirada amplia y humana, al oponerse a los esquemas de rentabilidad y rendimiento, al contrariar ese espíritu aparentemente práctico, parece regodearse apenas en la contemplación, y a los ojos de los gerentes de lo útil roza los vértigos de misticismo y de la superstición”. (Ospina, 2016, p.15)

 

La crisis ambiental, sociocultural, institucional y económica generada por el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, la obra más grande de infraestructura en nuestro país, no tiene antecedentes en Colombia. Es fundamental que las entidades del Estado, al igual que las organizaciones sociales, ambientales y políticas pongamos toda nuestra atención en esta grave situación, para evitar daños mayores a los generados hasta hoy, que ya implican pérdidas económicas que superan con creces los cientos de miles de millones de pesos.

El proyecto Hidroituango está claramente motivado por los atractivos beneficios económicos que significa el aprovechamiento para la producción de energía eléctrica de los más de 1.000 m3 por segundo de agua del potente río Cauca, el segundo más caudaloso de la Cordillera de Los Andes en Colombia, pero su construcción ha resultado mucho más compleja de lo previsto por las empresas propietarias del proyecto y sus dificultades técnicas han superado todos sus cálculos y previsiones. Más aún, la crisis actual también deja en evidencia el desequilibrio con el que se ha considerado a las comunidades y a los ecosistemas afectados, los cuales están sufriendo ya graves efectos, que, de no considerarse rápidamente, pueden generar consecuencias desastrosas.

En la mayoría de los casos, estas tragedias se deben atribuir a nuestra ambición, ignorancia e insensibilidad en la toma de decisiones respecto a las comunidades, territorios y ecosistemas, y a la arrogancia de nuestros saberes frente al vasto conocimiento de los habitantes tradicionales de estas tierras que reconocen el ser humano como parte de la naturaleza.

En las actuales circunstancias, nuestro primer llamado es a solidarizarnos con las comunidades, municipios e instituciones afectadas directa, indirecta y potencialmente por la drástica alteración del caudal del río y por la severa modificación de la estructura y la dinámica de la cuenca hidrográfica. Al Grupo EPM, Alcaldía de Medellín, IDEA y Gobernación de Antioquia, les exigimos que brinden a la ciudadanía y a los medios de comunicación, información oportuna, pertinente y veraz sobre las condiciones pasadas y presentes que conllevaron a la actual crisis.

Reclamamos a estas entidades públicas que destinen e inviertan todos los recursos que sean necesarios para resolver prontamente y de manera justa, integral y definitiva los impactos sociales y ambientales que ha generado el proyecto Hidroituango, entre los que se destacan los desastres provocados por el desbordamiento del río Cauca.

Solicitamos a Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía, Policía Nacional y demás entidades del orden nacional y departamental, responsables de garantizar la vida y la dignidad de las colombianas y colombianos, a acompañar y proteger el respeto por la integridad de los derechos humanos de los pobladores actuales y ancestrales de los municipios afectados por el proyecto en las subregiones del Occidente, Norte y Bajo Cauca Antioqueño. De manera especial, reivindicamos el respecto de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, el cumplimiento de su derecho a la protesta pacífica y a la movilización social, rechazando los señalamientos, intimidaciones, amenazas y asesinatos de las personas que protestan contra este y cualquier otro proyecto de desarrollo en Colombia.

Instamos a las empresas responsables y a las instituciones públicas socias del proyecto a que financien una Comisión de Investigación que opere en completa libertad y autonomía respecto a las empresas implicadas y los órganos de control estatal, conformada por representantes de universidades, organizaciones sociales y ambientalistas de la región, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, para que de manera inmediata realice una indagación científica, pública, imparcial e independiente que determine las causas y consecuencias de esta grave crisis, con datos, registros y evidencias documentales y de campo. Esta Comisión deberá dar a conocer a cabalidad lo acontecido con el objetivo de que se reparen los daños generados y que se corrijan los factores que puedan generar riesgos a futuro.

Esta investigación académica debe involucrar a todo el esquema de intervención del proyecto: Estudios previos, permisos, licencias, entrevistas, posturas de externos, internos, auditorías, interventorías, aseguradoras, etc. En su momento y en autonomía, se harán públicos los resultados de las indagaciones sobre las causas, daños y pasivos ambientales de este problema monumental.

Exigimos que prime la veracidad y que la información detallada sea pública, para que las personas e instituciones comprendan la cadena, los eslabones y las secuencias decisionales que desencadenaron esta crisis. Es necesaria la identificación de los argumentos y personas responsables en la cadena de mando y gerencial, para que asuman las consecuencias de las decisiones que llevaron a este desastre. Máxime que, en las actuales circunstancias, ya hay pérdidas de infraestructura pública, barrios inundados, viviendas destruidas, innumerables animales han muerto, la erosión es muy grave, se alteraron ecosistemas enteros y con ello las economías de subsistencia de cientos de familias.

Lo más grave aún, es que existen altas probabilidades de que ocurra lo peor, si se consideran el contexto vigente de cambio climático global, que hace previsibles temporadas de muy fuertes precipitaciones en una zona donde se han presentado mega deslizamientos, como el del Guácimo, y donde se tienen registros geológicos de fuerte sismicidad.

Urge la definición de una agenda pública que nos lleve a reflexionar en torno a los elementos coyunturales de esta situación: la racionalidad económica del sistema energético, la coherencia al hablar de sostenibilidad ambiental, social y económica de estos proyectos; y, en definitiva, a preguntar: ¿para qué y para quiénes es el desarrollo que promueven estos proyectos?

Lo acontecido obliga a reconsiderar la viabilidad ambiental y social de este tipo de proyectos hidroeléctricos; a reevaluar la normatividad en cuanto al licenciamiento ambiental para que, por lo menos, se respeten los derechos y solicitudes de las comunidades; a que se haga pública toda la información que se genere en las diferentes etapas de los proyectos; así como a garantizar una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones para el aprovechamiento sostenible de los bienes de la naturaleza necesarios para su buen vivir.

De manera especial, lo acontecido exige el cambio en las relaciones entre las empresas y las comunidades, de modo tal que para éstas se proyecten mayores beneficios, tanto directos como en la mitigación de los impactos y en el manejo de los pasivos ambientales que dejan estos proyectos, así mismo es imprescindible minimizar los impactos culturales sobre ellas.

Se requiere incrementar el porcentaje de las transferencias del sector eléctrico que establece la Ley 99 de 1993, para que pase del 6 al 8%, y garantizando que estos dos puntos adicionales sean exclusivamente para las comunidades, que habitan la cuenca donde se realiza el aprovechamiento hidroeléctrico.

Igualmente, hay que revisar la política nacional de la matriz energética y el impulso a las hidroenergias; y reorientar nuestro desarrollo hacia fuentes de energía, en verdad, amigables con las comunidades locales, con los ecosistemas y con la Vida en su conjunto.

En nuestro país no opera la disyuntiva entre progreso económico y sostenibilidad ambiental, no se cuestiona la posibilidad de un crecimiento económico sostenido, ni la noción de progreso, y se limita a reorientar las inversiones y la innovación tecnológica hacia la “modernización ecológica”.

La sostenibilidad del desarrollo exige aceptar que la crisis ambiental y el fenómeno del cambio climático son el resultado de un problema energético derivado del uso excesivo de ciertas formas de energía, de la depredación y sobrexplotación de ciertos recursos finitos y de su desigual reparto en nuestra sociedad y en el mundo entero.

En todos los casos, nuestra solidaridad con las comunidades e instituciones afectadas directamente por este desastre y nuestro apoyo en lo que sea menester para que no se repitan estas tragedias ni se persiga, estigmatice ni asesine a las personas que lideran las organizaciones sociales que se han opuesto al desarrollo del proyecto y han representado a sus comunidades frente al mismo.

Datos de contacto:

comunicaciones@fconvida.org

 ceam@corpoceam.org

Suscriben:

Fundación Con Vida                                                             

Corporación CEAM                                               

Corporación Conciudadanía

Confluencia

Corporación Pro Romeral                                    

Corporación Antioquia Viva

ASEMAR EPSA                                                                      

Corporación COAS Colombia

Mesa Ecuménica por la Paz                                                 

Periódico El Informativo Ambiental Belén                          

Corporación Área Artística y Cultural de Medellín

Veeduría Ciudadana Microcuenca Quebrada La Picacha                                                   

Corporación Cultural para el Desarrollo Arlequín y los Juglares        

Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –COMOSOC-

Corporación para el Liderazgo Social y Organizacional

Corporación Escuela de Cultura Política para la Participación

Veeduría en Salud para Medellín y Antioquia

Red Departamental de Mesas Ambientales

Mesa Ambiental Regional Metropolitana



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