En breve arribarán a Salta 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en el marco del Operativo Roca, de los cuales 1.300 se quedarán en forma permanente en las ciudades de la frontera norte de Salta, Jujuy, Formosa, Misiones y Corrientes. 

Este operativo es la extensión del Plan Güemes y con la justificación de una acción conjunta con las fuerzas locales para operar contra el narcotráfico internacional, el gobierno de Milei, en acuerdo con los gobernadores de estas provincias, autoriza a las FFAA, a través del Decreto 1112/24, a proceder a la aprehensión de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia. 

Esto ya lo vivimos en el 2001 con la militarización de Tartagal y Mosconi a través de la Gendarmería, con la que reprimieron al pueblo del Departamento San Martin, encarcelando docentes, trabajadores de YPF y asesinando a 5 trabajadores del movimiento piquetero, que luchaban contra las privatizaciones del menemismo.
Recientemente, ya tuvimos dos ejemplos de la impunidad que le otorga Bullrich a las FF.AA, con el asesinato de 2 jóvenes trabajadores bagayeros: Fernando Gómez de Salta e Ivo Torres de Jujuy a manos de la Gendarmería.

La justificación de lucha contra el narcotráfico y las redes de trata es una estafa al pueblo porque el nivel de entrelazamiento del narcotráfico y las redes de trata con policías, jueces, gendarmes e intendentes es abrumador. Este mismo estado implementó un blanqueo que permitió a las redes de narcotráfico legalizar su dinero espurio; o en el caso de Sáenz, que le viene garantizando la impunidad a su funcionario Benjamín Cruz, ex Secretario de Seguridad, conocido por sus vínculos con sicarios y jefes de los carteles de Orán.  

Los gobiernos de las últimas décadas han reforzado de distintas formas la presencia de las fuerzas represivas en los barrios y otros rincones del país y sin embargo, el narcotráfico y la trata no han cesado de crecer. La instalación de las FFAA por Pullaro y Bullrich en Rosario se demostró como un fiasco, ya que la droga acopiada sale a través de los puertos que están privatizados y los bancos, que se han transformado en grandes plataformas de lavado de dinero.

Denunciamos que el decreto presidencial 1112/24, que pone en marcha este plan, es totalmente ilegal porque viola leyes taxativas como la ley de Defensa, la Ley de Inteligencia y  la Ley de Seguridad Interior que sólo habilita la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos internos en caso de conmoción interior y con el dictado de un decreto de Estado de Sitio autorizado por el Congreso. Y que esta norma es violatoria del Dto. 727/2006 que limita expresamente su accionar a agresiones externas perpetradas por otros estados.

Denunciamos que, bajo el pretexto de guerra al narcotráfico, lo que se pretende es profundizar la represión y el control social en el marco de un brutal ajuste contra el pueblo, como lo demuestra el hecho de que se habilita la militarización de cualquier “objetivo de valor estratégico”, lo que incluye protestas, manifestaciones y conflictos sociales en empresas o establecimientos públicos.

Denunciamos que con un decreto ilegal, se abre la puerta para la utilización de las Fuerzas Armadas en la represión interna en la Argentina cuando el pueblo argentino va a una prueba de fuerza contra Milei.

Denunciamos la complicidad de todos los gobernadores de las provincias norteñas, que son las más pobres de la Argentina, y a la llamada oposición, que no ha hecho lo necesario para cuestionarlo en el Congreso.

Llamamos a todo el arco político a movilizarse y repudiar esta avanzada represiva que constituye una peligrosa amenaza contra las libertades democráticas.

Exigimos la inmediata anulación de este Decreto ilegal y del Operativo Roca y el Plan Güemes. Rechazamos la criminalización de quienes luchan por vivir y trabajar dignamente. 
Abajo el plan represivo y antiobrero de Milei-Bullrich y los gobernadores. No al plan de ajuste al servicio de los capitalistas y el FMI.