Que cualquier persona a la que le retienen indebidamente su salario tenga que pagar bastante más a Hacienda por él, si lo recupera por la vía judicial, parece importarles poco a las organizaciones políticas.

Les he enviado correos electrónicos a todas las personas que integran la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, y también me he dirigido a las organizaciones políticas más representativas para solicitar el cambio de una ley tan abusiva como ajena a los principios constitucionales y del derecho, pero prácticamente no he recibido respuesta.

En este momento, y desde hace ya muchos años, cualquiera que recupere salarios no percibidos -por acoso laboral, arbitrariedad, torpeza o lo que sea- va a ver incrementada su cuota del IRPF, lo que supone una extorsión legal sistemática, en la que las víctimas ven agravada su situación por un atropello de esta envergadura.

Se trata de un castigo irracional, contra el que nos hemos manifestado no solamente las cerca de 7000 personas que hemos suscrito esta petición, sino también instituciones como el Consejo General para la Defensa del Contribuyente y el Defensor del Pueblo, sin que hayan recibido, por parte de Hacienda, ninguna respuesta satisfactoria.

Dado que el Congreso de los Diputados tiene la capacidad para ajustar las leyes a la racionalidad, este silencio hace cómplices a todas las diputadas y a todos los diputados del atropello sistemático que estamos sufriendo, con daños que pueden alcanzar bastantes miles de euros.

No solamente importa la corrupción, sino también el daño que sufrimos o con el que está amenazada una parte muy importante de la ciudadanía: cualquiera que viva de un sueldo puede verse en esta desagradable situación, mientras los partidos políticos se dedican a montar su triste show para justificar su existencia.

Les pido desde aquí que, además de sus disputas -si les divierten-, atiendan también a su compromiso con la sociedad, y tomen la inciativa para superar esta tremenda torpeza legal.