En estos meses, me he puesto en contacto con un buen número de sindicatos, bien por teléfono, bien personalmente o por correo electrónico.

Solamente he conseguido que algunas personas difundiesen esta petición a título personal, pero en ningún caso se han puesto, como organizaciones, a favor de reparar esta anomalía fiscal y jurídica.

Me llama la atención porque cualquier persona asalariada puede sufrir este atropello, y pagar 10.000, 12.000 o 15.000 euros extra, sobre la tributación ordinaria, creo que significa un daño muy grave para la economía de cualquiera.

Mucho más si percibir salarios atrasados significa perder derechos sobre prestaciones sociales, condicionadas a un límite de renta. En este caso, podemos ver a personas o a familias obligadas a devolver sumas enormes, simplemente porque a alguien le ha apetecido retenerles sus salarios arbitrariamente.

Se trata de un castigo ejemplar sobre ciudadanas y ciudadanos, que garantiza un daño para quien cae en desgracia ante los ojos de jefas, jefes, o propietarias y propietarios. Un arma absolutamente contraria a las normas de convivencia que rigen a nuestra sociedad, de uso absolutamente libre, que puede servir para cualquier tipo de acoso, de coacción o de atropello.

Pero los sindicatos, hasta ahora, consideran suficiente su silencio. Y quienes trabajamos tenemos la amenaza encima.