Creo que a cualquier órgano de gobierno con un cierto sentido común le interesaría aclarar algo que le piden 7000 personas, avaladas por el Defensor del Pueblo y el Consejo para la Defensa del Contribuyente.

Hasta ahora, Hacienda se ha mantenido en silencio, lo cual significa que continúa la marcha: seguimos buscando apoyos y formas para que nuestro mensaje llegue a oírse con la claridad suficiente.

Más allá de la cuestión puntual, está el hecho de que los millares de personas, que se ven metidas en un proceso judicial para recuperar lo que les corresponde por su trabajo, se vean libres de sobretributaciones abusibas desde el primer euro.

También se trata de que, desde la sociedad, movamos a las instituciones para que cumplan con el marco de convivencia y entren en un diálogo racional y limpio con la ciudadanía.

Nuestros derechos van más allá de un mero formulismo retórico: la legalidad está también para quienes ejercen el poder; que actúen al margen solo significa una actitud incívica, que dificulta gravemente el desarrollo colectivo.