Aquí tenéis el texto de la nueva solicitud que acabo de hacerle a la secretaria de Estado de Hacienda. Evidentemente, no podrá contestar de inmediato, dado que solamente lleva unos días en el cargo, pero me parece necesario que conozca los temas que nos afectan a las personas, para que en algún momento pueda atenderlos. Sra. secretaria de Estado de Hacienda: Desde hace 10 años vengo solicitándole a la Administración tributaria que modifique la Ley del IRPF, porque entiendo que se desvía gravemente de los principios constitucionales que rigen la convivencia en nuestra sociedad. Esta ley exige declarar los ingresos del trabajo recuperados por vía judicial en el año en que se hacen efectivos, con lo que se suman a los ordinarios del ejercicio (art. 14.2 de la Ley del IRPF). Esto ha supuesto, en mi caso, una sobretributación de 7445€, la pérdida de unas desgravaciones que calculo en 3000€ y una sanción que, sumada a los intereses de demora, asciende a otros 2300, por el simple hecho de no haberme percatado de que existía una discriminación arbitraria respecto de los restantes ingresos percibidos extemporáneamente. La situación deriva de un expediente disciplinario anulado judicialmente, que, pese a carecer en teoría de efectos, me provocó unos daños que rondan los 100.000€, entre los que figura el haber perdido la vivienda que habitaba, por carecer de recursos para afrontar los pagos de la hipoteca con que estaba gravada. En noviembre pasado inicié una campaña para rectificar la norma, que actualmente se acerca a las 6000 firmas. Le facilito el enlace, donde podrá encontrar los argumentos más en detalle, así como una descripción más extensa de cómo me vi en semejante situación: https://www.change.org/p/racionalidad-en-la-legislaci%C3%B3n-tributaria El Defensor del Pueblo y el Consejo General para la Defensa del Contribuyente se han pronunciado en contra del criterio que sostiene la Administración tributaria, sin que esto haya servido no ya para cambiar de postura, sino siquiera para ofrecer una explicación lógica de cómo su contenido resulta compatible con la norma básica de nuestra sociedad. Creo que las personas que se han ocupado de mi reclamación en la Secretaría de Estado de Hacienda y en la Agencia Tributaria han incumplido su compromiso de defender y respetar la Constitución, dado que esta responsabilidad, más allá del plano teórico y del voluntarismo declarado, necesita un reflejo práctico, que nos permita a las ciudadanas y a los ciudadanos conservar nuestros derechos económicos cuando nuestro comportamiento se mantengan dentro de los parámetros cívicos determinados por las leyes. Con la esperanza de que comprenda la gravedad de lo sucedido para nuestra sociedad, le envío un saludo cordial.