La justicia es el ideal ético en el que está cimentada la democracia y nuestras instituciones modernas, este ideal ha sido encomendado por un pacto social al Poder Judicial. En los últimos años la corrupción e impunidad en nuestro Estado y País ha sido cada vez más rampante, la posibilidad de  impunidad frente a estos actos de corrupción fueron una de las razones por las cuales partidos de oposición con sus promesas accedieron al Gobierno el 2016 en Chihuahua, y en 2018 a nivel federal.

Actualmente las personas de Chihuahua seguimos a la espera de que el Poder Judicial de Estados Unidos ejecute la sentencia de extradición del exgobernador César Duarte y a nivel local hemos seguido el proceso judicial que enfrentaron varios actores involucrados al ex gobernador, tanto particulares como ex funcionarios públicos, involucrados en graves actos de corrupción e impunidad ocurridos en el sexenio anterior. Uno de los procesos más preocupantes es el que enfrenta la Alcaldesa con licencia del Municipio de Chihuahua.

Independientemente de la pugna mediática y partidista, en estos tiempos electorales y con la clara exigencia de una debida impartición de justicia, nos pronunciamos bajo la exigencia de que el proceso penal de la Alcaldesa con licencia sea llevado a cabo por el juez y/o autoridades involucradas bajo total imparcialidad, transparencia, claridad y contundencia en los términos legales correspondientes. Nos pronunciamos así después de tres intentos fallidos de una audiencia inicial que han sido aplazadas por sus abogados mediante amparos y suspensiones provisionales.

Como Chihuahuenses buscamos dar un seguimiento claro a las acciones de quienes participan en este proceso judicial, confiando en que se actúe de forma justa e impere la verdad.

La opacidad solo favorece la impunidad y la aplicación selectiva de la ley, es por eso que exigimos al Poder Judicial Estatal, al Consejo de la Judicatura Estatal y en particular a Pablo Héctor González Villalobos, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, que las audiencias de este caso así como los siguientes sean públicas debido al interés general por conocer lo que ahí se debate.

Así mismo dada la actual situación de pandemia que nos impide acudir físicamente a los tribunales exigimos que sean transmitidas por redes virtuales, donde las personas de todo el Estado de Chihuahua podamos acceder, esto daría más legitimidad a las decisiones de los jueces, así como credibilidad al Ministerio Público, siendo esta  la base para ejecutar el principio de máxima publicidad, fortaleciendo así la democracia y el estado de Derecho.

Consideramos oportuno también, la inclusión a dichas audiencias de al menos una persona del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Confiando en que cumpliendo su deber impere la justicia y la verdad, y así se ejerza el Estado de Derecho. Chihuahua les observa.