Cuando firmamos esta petición nos estamos oponiendo a que nos impongan un nuevo proyecto de ley de semillas, sin ser previamente debatido con los campesinos y agricultores del país. Estas normas tienen como fin la derogación de la ley Nº 20.247 (Ley de semillas y creaciones fitogenéticas de la República Argentina). Creada en 1973 cuando la industria de la alimentación mundial pasó de los lípidos animales, a priorizar los aceites vegetales. Ambas leyes al permitir la privatización de las semillas, ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación y la vida humana. Como ciudadanos es nuestro deber defender nuestros derechos y la soberanía alimentaria argentina, ante el enriquecimiento de grandes empresas multinacionales como lo son Monsanto Argentina S.A.I.C, Syngenta Agro S.A, Bayer S.A, etc. Mientras ellos cuentan sus dólares nosotros contamos dolor y sufrimiento.

Estas transnacionales venden sus paquetes tecnológicos en nuestro país y cuando hablo de paquete, me refiero al combo de las semillas transgénicas (OGM) más los agroquímicos utilizados para la protección de estos cultivos. Uno de los más destacados es el glifosato (Veneno), muy conocido también bajo la marca comercial Roundup perteneciente a Monsanto Company. Dichos simientes son modificados genéticamente con distintos objetivos, como por ejemplo la soja RR (Roundup Ready) para que sea resistente al principio activo glifosato y que al fumigar mate todo menos estas plantas.  Para lograrlo se les introduce al ADN de las plantas los genes de la bacteria del suelo Agrobacterium tumefaciens, cepa cp4. La enzima epsps producida en esta cepa es tolerante, por eso la aplicación del herbicida en las plantas que llevan este gen no afecta la síntesis de aminoácidos aromáticos y por lo tanto tampoco el crecimiento de la planta. El plaguicida usado deja residuos tóxicos en el grano, los cuales generan a largo plazo consecuencias negativas en los consumidores. También se utilizan muchos insecticidas muy pocas veces mencionados pero igual de peligrosos.

Como a estas empresas no les alcanza con tener más de la mitad de la superficie cultivada en argentina, aproximadamente 20 millones de hectáreas sembradas con sus eventos de soja transgénica, ahora Monsanto quiere instalarse físicamente en nuestro país con mayor presencia. Construyendo una planta nueva de acondicionamiento de semillas de maíz (La más grande de América Latina) en la localidad de Malvinas argentinas, provincia de Córdoba  y dos estaciones experimentales una en la misma provincia y la otra en Tucumán. Contando ya con tres plantas en Buenos Aires, dos productoras de semillas híbridas y una química dedicada específicamente a la producción de agroquímicos (1º planta de Monsanto en Sudamérica, fundada en 1956). Más una estación experimental (planta de investigación, desarrollo de semillas y agroquímicos) y sus oficinas centrales todas ubicadas en dicha provincia. Es decir que no nos venden solamente sus productos sino que los producen aquí mismo desde hace años. Con este nuevo proyecto de ley lo único que se busca es darles mayor respaldo legal, creando condiciones propicias para la expansión de las empresas semilleras transnacionales generando un monopolio del mercado, desplazamiento de los pueblos originarios, concentración de las tierras, dejando de lado el desarrollo nacional de variedades vegetales y provocando la pérdida de la biodiversidad. Esto pondría en jaque a nuestra soberanía alimentaria nacional, dado que hoy en día Argentina produce alimento para aproximadamente 400 millones de habitantes y no podemos alimentar totalmente a los 40 millones de argentinos que vivimos en el país.

 Las consecuencias las estamos sufriendo todos desde los pequeños productores, vecinos rurales, hasta los que vivimos en las grandes ciudades. No debemos olvidar que nuestros alimentos provienen del campo. Por lo tanto todo lo que pase allí repercute directamente en nosotros ya sea en la disponibilidad de la mercadería, precio o calidad de la misma. Por ejemplo cuando vamos a los supermercados tenemos al alcance productos que contienen soja (milanesas, leche, galletitas con soja, etc.). Los genes añadidos al ADN de las plantas no son de origen vegetal, han traspasado la barrera de los reinos y la manera de introducirlos no es adecuada para la salud humana, provocando una verdadera epidemia de enfermedades autoinmunes. Sumado a todo esto la soja posee fitoestrógenos (isoflavonas) con lo cual si se acostumbra una dieta con excesos del grano, se pueden producir trastornos hormonales en el organismo de los consumidores.

 Un incidente mucho más grave que el consumo de alimentos con transgenes y agrotóxicos, son las fumigaciones directas sobre la población. Las personas que viven en las zonas rurales se ven en contacto con estos venenos, dado que es aplicado mediante pulverizaciones (Forma de lluvia) con mochila, máquinas mosquito o aviones. El caso más conocido es el juicio por contaminación en barrio Ituzaingó anexo que está situado al Sureste de la ciudad de Córdoba capital y está rodeado al norte, este y sur con zonas agrarias. En el viven aproximadamente 5 mil personas de las cuales más de 300 tienen cáncer. Estudios realizados indican que el 33% de la población muere por tumores y además se demuestra que el 80% de los niños tienen agroquímicos en sangre. ¿Qué más hay que decir para que se les ponga freno a estas multinacionales? ¿Por qué nadie los condena o prohíbe sus productos? Porque ellos siguen corrompiendo gobiernos ocultándonos a nosotros y al estado lo que saben con respecto a estas problemáticas de salud y medio ambiente que ocasionan sus productos. La empresa Monsanto ya fue condenada dos veces por publicidad engañosa en otras partes del mundo, por decir que su herbicida Roundup es biodegradable e inocuo, que no daña a la naturaleza y deja el suelo limpio. Todoesto es mentira dado que es un veneno, partamos de la base que está hecho para matar la vida y si alguien consumiese por algún error de ingesta o inhalación más de la dosis letal seguramente la perdería. Comparemos algo lógico, si una persona agarra un arma y nos mata lo condenan a prisión. Y si una empresa nos expone a pequeñas dosis crónicamente de sus productos químicos, sabiendo del daño que estos ocasionan para nuestra salud, la única diferencia es que tardan más tiempo en matarnos y que todos los funcionarios públicos miran para otro lado... Como también dicen que la compañía mantiene una política activa de calidad, seguridad, higiene y medio ambiente la cual deja mucho que desear con los desastres ecológicos que están ocasionando en nuestro país y el mundo. Vendiendo sus productos bajo el auspicio de una agricultura sustentable sabiendo que es imposible lograr esto, cuando se tiende a producir un monocultivo porque la planta siempre requiere los mismos nutrientes y al pasar los años se terminan agotando. Lo que demanda gran cantidad de fertilizantes inorgánicos inevitablemente para mantener los altos rindes de este modelo de agricultura certificada. Esta creciente carencia de nutrientes sumado a la resistencia que van ofreciendo las distintas malezas hacia los herbicidas, provoca un uso excesivo de agroquímicos matando los microorganismos que viven en el suelo, dejándolo sin fertilidad alguna y contaminados como también las napas de agua, causando un verdadero desastre ambiental. Esto no tiene nada de sustentable al no cuidar los recursos naturales, debería ser juzgado y condenado aquí mismo en Argentina. El despojo de sus tierras a nuestros hermanos aborígenes y campesinos ya mencionado más la deforestación por parte de los grandes pools de siembra en el norte del país, también es un grave problema a tener en cuenta. Ya es hora, de que nuestros representantes políticos y como ellos mismos ciudadanos de la República Argentina, dejen de lado los intereses netamente económicos, para empezar a darle mayor prioridad a nuestros derechos humanos.

Esta nueva ley y sus normas violan los Derechos de los agricultores del Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), al no dejarlos hacer libremente prácticas agrícolas tradicionales como el simple hecho de guardar el excedente de grano de la cosecha anterior para la próxima siembra. Por esto prohíbe a los agricultores, comunidades campesinas y aborígenes la libre multiplicación, selección, mejoramiento e intercambio de semillas, procesos por los cuales se crearon todas las especies vegetales que hoy en día sustentan a la agricultura. El Tratado protege de la siguiente manera los Derechos de los agricultores: “El Tratado reconoce la contribución enorme que los agricultores y sus comunidades han aportado y siguen aportando a la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos. Esta es la base de los Derechos de los agricultores, que incluyen la protección de los conocimientos tradicionales, y el derecho aparticipar equitativamente en la distribución de losbeneficios y en la adopción dedecisiones nacionales relativas a los recursos fitogenéticos. Otorga a los gobiernos la responsabilidad de aplicar estos derechos.” Por eso también se corrompe El Tratado al facilitar la privatización de los recursos fitogenéticos como la flora nativa de nuestro país y su biodiversidad agrícola, por parte de empresas extranjeras o nacionales. Esto solamente le abre las puertas a más cultivos transgénicos en el mercado, si nos ponemos a observar que para obtener el título de propiedad sobre una variedad vegetal nueva (Evento), no se exige que ésta sea significativamente más productiva ni siquiera tiene que ser inocua, solo hace falta la diferencia de un carácter y que éste sea capaz de transmitirse de manera homogénea en los individuos a través de las generaciones. Con solo añadirles un gen y que este cambie algún rasgo fenotípico de las plantas, podrán ser inscriptas en el registro sin contemplar si es tóxica o no para los consumidores. Todo esto como dijimos genera un monopolio creciente en manos de pocas empresas permitiendo así en pocos años un apoderamiento total sobre las semillas, el primer eslabón en la cadena de producción de los alimentos. Lo que traerá un alza en los precios de ellas y consigo arrastrará una inflación inevitable en el valor de los alimentos, dejando al pueblo muy vulnerable ante esta situación. Ya sufriendo hoy en día las problemáticas económicas de tener el peso argentino tan devaluado, con respecto a la moneda mundial. No somos el primer país del mundo en querer aplicar esta ley de propiedad industrial sobre las plantas, en Chile está pasando lo mismo y ya hay experiencias en otros países como en la República de la India donde se ven las consecuencias negativas de este modelo. Con la introducción del algodón transgénico y malas políticas agrícolas por parte del gobierno, se han expulsado a millones de productores pequeños de sus tierras natales. Hoy en día se estima que más de 250.000 agricultores indios se quitaron la vida a causa de quedar en la ruina. Los rindes de algodón Bt tuvieron un incremento en las primeras cosechas y un posterior decrecimiento, lo cual sumado a la exagerada inflación en los precios de los insumos favoreció aún más la quiebra de los productores. 

En mi humilde posición de ciudadano argentino creo que vivimos en un país en democracia y nuestros representantes políticos tienen la responsabilidad de hacerla cumplir. El debate de éste proyecto de ley se hizo puertas adentro entre el CONASE (Comisión Nacional de Semillas) y las corporaciones beneficiadas, dejando a los agricultores excluidos sin poder opinar sobre el tema. Esto una vez más es una falta grave ante nuestros derechos y se quebranta de nuevo  El Tratado. Por favor les pido funcionarios públicos que empiecen por escuchar al pueblo argentino quien fue que los voto, no se olviden que nosotros los pusimos en el lugar que se encuentran hoy.

Necesitamos un replanteamiento en nuestro modelo de producción agrícola nacional, porque la agricultura certificada no permite la sustentabilidad a lo largo del tiempo, imposibilitando así el abastecimiento adecuado del mercado en un futuro. Para ello debemos replantearnos también para quienes queremos producir, si para llenar los bolsillos de los grandes empresarios o para darle verdaderamente de comer al pueblo. El modelo de agricultura actual centraliza más de la mitad del recurso suelo en dos o tres cultivos, dejando en un espacio cada vez más reducido muchos de los alimentos que consumimos los argentinos. Por ende hay una baja disponibilidad de productos para mercado interno, lo que hace elevar su precio al haber poca oferta. Confío en su poder para comprender todos estos motivos y en su capacidad de razonamiento para discernir lo que es políticamente correcto, de lo incorrecto. Por eso tome estos recursos para llegar a ustedes y pedirles que por favor no apoyen el nuevo proyecto para modificar la ley Nº 20.247, que violenta contra muchos derechos de los ciudadanos argentinos. 

¡Por estas y muchas otras razones decimos NO al avance de las multinacionales en el territorio argentino!

¡NO al nuevo proyecto de ley de semillas y creaciones fitogenéticas y aplicaciones biotecnológicas!

¡Por un proyecto de ley adecuado que respete las prácticas agrícolas tradicionales!

Colaborando con tu firma te estas ayudando a vos mismo y a muchos argentinos.

Muchas gracias.

Iván Andrés Poncetta.