Desde marzo 2020, a Puerto Rico llegó el novel virus de SARS-CoV-2 que causa el Covid-19. Desde ese entonces, como pueblo responsable y deseoso de preservar vidas, acatamos órdenes ejecutivas restrictivas que aparentaban tener como fin el salvar la mayor cantidad de vidas. Hicimos cuarentenas, usamos mascarillas, practicamos el lavado y la sanitización de manos constante, usamos distanciamiento físico, nos tomamos la temperatura corporal al entrar a tiendas y oficinas, entre otros. 

Al llegar la vacuna, el gobierno, de forma loable, enfocó sus esfuerzos en vacunar a las personas de 65 años o más y personas con condiciones preexistentes que se beneficiarían de la vacuna. La vacuna parecía ser nuestra puerta a salvar vidas de personas en riesgo de morir por la enfermedad. Sin embargo, luego, el gobierno decidió obligar a los maestros y empleados del sistema de salud a vacunarse y desde ese momento, convirtió en Órden Ejecutiva cualquier recomendación que hicieran los CDC sobre la vacunación contra este virus. Ya la vacunación no estaba enfocada en salvar las vidas de quienes estaban en mayor riesgo, sino en una inmunidad de rebaño que nadie sabe cómo ni cuándo se logrará.

A causa de esto hay segregación, discriminación y violación de derechos civiles y humanos. Entre los más afectados se encuentran personas que han perdido su empleo, educación y oportunidad de recibir servicios médicos. Como no vacunado, también pierdes el derecho de socializar libremente. Si un negocio decidía aceptar personas no vacunadas, se atenía a tener que reducir su cuota. Hoy, ni ese derecho tienen los dueños de negocio.

Como es de conocimiento general, la vacuna comienza a perder efectividad en aproximadamente 2 meses y a los 6 meses la efectividad es muy baja. De todos modos, nuestro gobierno sigue enfocado en obligar a todos a vacunarse y ha comenzado a requerir el refuerzo (booster) como requisito para empleo.

Pedimos al Gobernador Pedro Pierluisi que deje sin efecto toda Orden Ejecutiva que requiera la vacunación compulsoria contra el covid-19 y/o que provoque trato diferenciado a las personas que han decidido no vacunarse o no ponerse el booster. Necesitamos que se garanticen los derechos que nos cobijan como ciudadanos de este archipiélago. De igual forma, si se requieren pruebas, que éstas sean administradas en los lugares de empleo o estudios, que cuentan con un profesional de salud autorizado y que toda prueba sea costeada por planes médicos o que sea gratis para quien no cuente con plan médico.