En España, miles de centros educativos concertados son sostenidos con fondos públicos. Sin embargo, muchos de estos centros utilizan su "Carácter Propio" como una barrera legal donde los derechos fundamentales de los alumnos parecen detenerse.

​Bajo la excusa de un ideario religioso, se están normalizando prácticas que contradicen la Ley Orgánica de Educación y la Constitución Española:

​Imposición de ritos y oraciones: Se obliga a menores a participar en actos confesionales sin ofrecer una alternativa laica real, efectiva y no discriminatoria.
​Aislamiento y señalamiento: Alumnos que ejercen su derecho a la libertad de conciencia o a la protección de su imagen son apartados de la dinámica grupal, sufriendo una exclusión institucional que les sitúa en una posición de vulnerabilidad frente a sus iguales.
​Sesgo de género y costes impuestos: Se mantienen códigos de vestimenta (como el uso obligatorio de falda) que perpetúan estereotipos y suponen una carga económica extra para las familias, contradiciendo los planes de igualdad exigidos a cualquier entidad financiada por el Estado.
​Un centro sostenido con fondos públicos no puede operar como un ente independiente de las leyes comunes. La autonomía pedagógica no autoriza a un centro a ignorar la neutralidad religiosa que debe imperar en la gestión de recursos públicos, ni a utilizar su ideario para minimizar problemas de convivencia o seguridad infantil.

​¿Qué pedimos?

​Instamos al Ministerio de Educación y a las Consejerías de Educación (como la de Canarias) a que garanticen que el mantenimiento del concierto económico esté estrictamente condicionado a:

​La creación obligatoria de una alternativa laica y digna para cualquier actividad confesional, asegurando que ningún alumno sea discriminado por su libertad de conciencia.
​La supervisión externa de los protocolos de convivencia, impidiendo que los centros gestionen de forma opaca incidentes de seguridad, acoso o tocamientos bajo criterios ideológicos.
​La eliminación de cualquier imposición de vestimenta por género en cumplimiento de la normativa de igualdad vigente.
​Firma esta petición para exigir que el dinero público financie derechos, no imposiciones. Protejamos la libertad y la integridad de nuestros hijos.