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La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 introduce modificaciones legislativas en el sistema sanitario público que limitan el acceso a los servicios de salud a los inmigrantes en situación irregular, para quienes se restringe la cobertura sanitaria a situaciones de urgencia por enfermedad grave o accidente, maternidad o menores de edad.

Manifiesto públicamente mi rechazo a esta norma que considero injusta, inmoral e ineficiente.

INJUSTA porque la salud es un derecho humano fundamental, indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Limitar el acceso a los servicios sanitarios a los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa viola los artículos 13 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales que obliga a los estados a no discriminar en el acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud a ningún sector de la población, con especial atención a aquellos colectivos más vulnerables y marginados.
Su entrada en vigor destruye uno de los mayores logros de la sociedad española: la creación y consolidación de un sistema nacional de salud de carácter público, con cobertura universal y que otorgaba el derecho a la protección de la salud de todos los españoles y extranjeros residentes en nuestro territorio, sin establecer ninguna exclusión al respecto.

INMORAL porque alimenta un discurso xenófobo, que busca víctimas sobre las que descargar la frustración de muchos ciudadanos afectados por las consecuencias de la crisis económica. Además, socava los valores éticos de solidaridad sobre los que debe cimentarse nuestra sociedad al esgrimir razones económicas para restringir el derecho a la salud de los más desprotegidos.
El Real Decreto sitúa a los profesionales del sistema sanitario ante el dilema ético de obedecer una norma que es contraria a la deontología y que convierte en imperativo legal la denegación de la asistencia sanitaria a un grupo de personas por su estatus migratorio. La Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente afirma que “Toda persona tiene derecho, sin discriminación, a una atención médica apropiada. Cuando la legislación, una medida del gobierno, o cualquier otra administración o institución niega estos derechos al paciente, los médicos (los profesionales sanitarios) deben buscar los medios apropiados para asegurarlos o restablecerlos.

INEFICIENTE porque ofrecer servicios de urgencia es más costoso que ofrecer servicios de salud preventiva y atención primaria. Los pacientes con enfermedades crónicas o degenerativas habrán de esperar hasta que la enfermedad progrese y aparezcan las complicaciones. En el caso de las enfermedades infecciosas negar la asistencia a un grupo específico de personas supone un grave riesgo en términos de salud pública.

Por todo ello pedimos al Gobierno de la Región de Murcia que no aplique de manera efectiva la exclusión de atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y hacemos un llamamiento a ciudadanos y profesionales para que se sumen a esta demanda.

Letter to
Dir. Gral. de Asistencia Sanitaria Dña. Mª Magina Blázquez Pedrero
Consejera de Sanidad y Política Social de la CCAA de Murcia Dña. María Ángeles Palacios Sánchez
Dir. Gral. de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración D. Leopoldo Navarro Quílez
and 1 other
Secretaría General de la Consejería de Sanidad de la CCAA de Murcia D. Martín Quiñonero Sánchez
I just signed the following petition addressed to: Mª Ángeles Palacios Sánchez; Leopoldo Navarro Quílez; José Alarcón González.


La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 introduce modificaciones legislativas en el sistema sanitario público que limitan el acceso a los servicios de salud a los inmigrantes en situación irregular, para quienes se restringe la cobertura sanitaria a situaciones de urgencia por enfermedad grave o accidente, maternidad o menores de edad.

Manifiesto públicamente mi rechazo a esta norma que considero injusta, inmoral e ineficiente.

INJUSTA porque la salud es un derecho humano fundamental, indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Limitar el acceso a los servicios sanitarios a los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales que obliga a los estados a no discriminar en el acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud a ningún sector de la población, con especial atención a aquellos colectivos más vulnerables y marginados. El Real Decreto destruye uno de los mayores logros de la sociedad española: la creación y consolidación de un sistema nacional de salud de carácter público, con cobertura universal y que otorgaba el derecho a la protección de la salud de todos los españoles y extranjeros residentes en nuestro territorio, sin establecer ninguna exclusión al respecto.

INMORAL porque alimenta un discurso xenófobo, que busca víctimas sobre las que descargar la frustración de muchos ciudadanos afectados por las consecuencias de la crisis económica. Además, socava los valores éticos de solidaridad sobre los que debe cimentarse nuestra sociedad al esgrimir razones económicas para restringir el derecho a la salud de los más desprotegidos.
El Real Decreto sitúa a los profesionales del sistema sanitario ante el dilema ético de obedecer una norma que es contraria a la deontología y que convierte en imperativo legal la denegación de la asistencia sanitaria a un grupo de personas por su estatus migratorio.

INEFICIENTE porque ofrecer servicios de urgencia es más costoso que ofrecer servicios de salud preventiva y atención primaria. Los pacientes con enfermedades crónicas o degenerativas habrán de esperar hasta que la enfermedad progrese y aparezcan las complicaciones. En el caso de las enfermedades infecciosas negar la asistencia a un grupo específico de personas supone un grave riesgo en términos de salud pública.

Por todo ello pedimos al Gobierno de la Región de Murcia que no aplique de manera efectiva la exclusión de atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y hacemos un llamamiento a ciudadanos y profesionales para que se sumen a esta demanda.

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Atentamente,