En España, una persona condenada por homicidio o asesinato cumple una pena de prisión, pero durante ese tiempo puede acceder a privilegios penitenciarios como televisión, actividades de ocio, beneficios de grado, permisos y mejoras progresivas que, en muchos casos, se aplican de forma casi automática.

Mientras tanto, las víctimas y sus familias cumplen una condena irreversible y de por vida.

Ellas no tienen permisos.

No tienen reinserción.

No tienen segundas oportunidades.

Esta petición no busca venganza ni castigos inhumanos. Busca algo mucho más básico y justo:

que matar no salga barato y que el sistema penitenciario deje de priorizar el confort del agresor por encima de la dignidad de las víctimas.

Como ciudadana, madre y vecina, me duele ver cómo la violencia extrema destroza familias enteras mientras el sistema continúa funcionando casi de forma automática, como si el daño causado pudiera relativizarse con el paso del tiempo. Esta iniciativa nace de la necesidad de decir basta y de pedir una justicia que no olvide a quienes ya no están ni a quienes cargan con su ausencia para siempre.

Los derechos humanos no pueden utilizarse como una excusa para diluir la gravedad de un asesinato, ni para transmitir el mensaje de que arrebatar una vida tiene consecuencias asumibles.

Actualmente, el sistema penitenciario pone el foco casi exclusivo en la reinserción del delincuente, olvidando que hay delitos que causan un daño irreparable, y que una sociedad justa debe enviar un mensaje claro:

la vida humana tiene un valor que no puede relativizarse.

Por todo ello, solicitamos:

La revisión y limitación de los privilegios penitenciarios (televisión, ocio, actividades recreativas y beneficios de régimen) para personas condenadas por homicidio y asesinato.

Que ningún beneficio penitenciario sea automático en delitos de extrema gravedad, y que esté estrictamente condicionado a:

Reconocimiento explícito del delito

Arrepentimiento real y verificable

Colaboración con la justicia

Reparación efectiva, material y simbólica, a las víctimas

Que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias revise y limite de forma expresa el acceso a estos privilegios durante los primeros años de condena por homicidio y asesinato.

Un endurecimiento real del acceso al tercer grado y a la libertad condicional en casos de homicidio y asesinato.

Que el sistema penitenciario incorpore como eje central la memoria, la dignidad y la reparación de las víctimas, y no únicamente el bienestar del agresor.

Mayor transparencia pública sobre las condiciones reales de cumplimiento de condena en delitos graves, para que la sociedad conozca qué implica realmente una condena por asesinato.

Una sociedad justa no es la que ofrece comodidades a quien mata,

sino la que protege la vida, honra a las víctimas

y deja claro que ciertos actos tienen consecuencias profundas y duraderas.

Esta petición se dirige directamente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano competente en la regulación del régimen penitenciario, así como al Ministerio del Interior y al Congreso de los Diputados (Comisión de Justicia), para que escuchen esta demanda ciudadana y abran un debate serio y urgente sobre el tratamiento penitenciario de los delitos más graves.

Firmar esta petición es decir alto y claro:

la vida vale más que el confort de quien la arrebató.

Destinatarios

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

Ministerio del Interior

Congreso de los Diputados – Comisión de Justicia