Que los delitos graves cometidos por adolescentes se juzguen como adultos en la CDMX

La causa

El caso de Kevin y Jeremy en la Ciudad de México ha generado indignación y preocupación en todo el país.

El pasado 11 de febrero de 2026, afuera de una secundaria en la alcaldía Tláhuac, se registró una pelea entre dos adolescentes. Durante la riña, uno de ellos sacó un arma blanca y apuñaló en múltiples ocasiones a su compañero.

La víctima, Jeremy, de 15 años, recibió al menos siete puñaladas. Varias de las heridas afectaron órganos vitales, incluyendo pulmón, riñón e intestino. Fue trasladado de emergencia, intubado y permanece en terapia intensiva en estado grave, con pronóstico reservado. Su familia ha declarado que su vida estuvo y sigue estando en riesgo.

El presunto agresor, Kevin, de 14 años, fue detenido y vinculado a proceso bajo el sistema de justicia para adolescentes, inicialmente por lesiones que ponen en peligro la vida. Sin embargo, la familia de la víctima ha solicitado que el delito sea reclasificado como tentativa de homicidio debido a la gravedad del ataque.

Este caso ha abierto nos hace preguntarnos urgentemente: ¿Debe la edad ser un escudo automático cuando se cometen actos de extrema violencia?

Actualmente, el sistema de justicia para adolescentes establece sanciones diferenciadas. No obstante, cuando hablamos de delitos graves como apuñalamientos múltiples con riesgo real de muerte, las consecuencias legales resultan desproporcionadas frente al daño causado.

Un crimen grave es un crimen grave, sin importar la edad de quien lo comete.

No se trata de criminalizar a la juventud ni de desconocer la importancia de la reinserción social. Se trata de reconocer que cuando un menor actúa con un nivel de violencia que pone en riesgo la vida de otra persona, el Estado debe garantizar consecuencias proporcionales.

Por ello, solicitamos:

  1. Que se revise y reforme el marco legal en la CDMX y a nivel federal para que adolescentes que cometan delitos graves puedan ser juzgados bajo criterios equiparables a los de un adulto.
  2. Que en casos de tentativa de homicidio, homicidio y otros delitos de alto impacto, la gravedad del acto tenga un peso determinante en la clasificación del delito y la sanción.
  3. Que se garantice justicia plena para las víctimas y sus familias.

La justicia debe proteger a la sociedad y enviar un mensaje claro: la violencia extrema no puede tener privilegios legales.

Es momento de abrir el debate y actuar.

FIRMA Y COMPARTE.

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La causa

El caso de Kevin y Jeremy en la Ciudad de México ha generado indignación y preocupación en todo el país.

El pasado 11 de febrero de 2026, afuera de una secundaria en la alcaldía Tláhuac, se registró una pelea entre dos adolescentes. Durante la riña, uno de ellos sacó un arma blanca y apuñaló en múltiples ocasiones a su compañero.

La víctima, Jeremy, de 15 años, recibió al menos siete puñaladas. Varias de las heridas afectaron órganos vitales, incluyendo pulmón, riñón e intestino. Fue trasladado de emergencia, intubado y permanece en terapia intensiva en estado grave, con pronóstico reservado. Su familia ha declarado que su vida estuvo y sigue estando en riesgo.

El presunto agresor, Kevin, de 14 años, fue detenido y vinculado a proceso bajo el sistema de justicia para adolescentes, inicialmente por lesiones que ponen en peligro la vida. Sin embargo, la familia de la víctima ha solicitado que el delito sea reclasificado como tentativa de homicidio debido a la gravedad del ataque.

Este caso ha abierto nos hace preguntarnos urgentemente: ¿Debe la edad ser un escudo automático cuando se cometen actos de extrema violencia?

Actualmente, el sistema de justicia para adolescentes establece sanciones diferenciadas. No obstante, cuando hablamos de delitos graves como apuñalamientos múltiples con riesgo real de muerte, las consecuencias legales resultan desproporcionadas frente al daño causado.

Un crimen grave es un crimen grave, sin importar la edad de quien lo comete.

No se trata de criminalizar a la juventud ni de desconocer la importancia de la reinserción social. Se trata de reconocer que cuando un menor actúa con un nivel de violencia que pone en riesgo la vida de otra persona, el Estado debe garantizar consecuencias proporcionales.

Por ello, solicitamos:

  1. Que se revise y reforme el marco legal en la CDMX y a nivel federal para que adolescentes que cometan delitos graves puedan ser juzgados bajo criterios equiparables a los de un adulto.
  2. Que en casos de tentativa de homicidio, homicidio y otros delitos de alto impacto, la gravedad del acto tenga un peso determinante en la clasificación del delito y la sanción.
  3. Que se garantice justicia plena para las víctimas y sus familias.

La justicia debe proteger a la sociedad y enviar un mensaje claro: la violencia extrema no puede tener privilegios legales.

Es momento de abrir el debate y actuar.

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